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miércoles, 31 de enero de 2018

Hospital Posadas: gran caravana al Ministerio de Salud contra los despidos

30 de enero de 2018 | Por Tomás Eps (@tomaseps)

Por un paro nacional por el triunfo de todas las luchas.
Con una caravana de Morón al centro porteño, los trabajadores del Hospital Posadas volvieron a dar muestras de la tenacidad de las luchas contra los despidos en el Estado y de la enorme solidaridad con las mismas –algo que ya había quedado expuesto la gran jornada de lucha de los estatales de Fanazul, la UEP y el Senasa el 17 pasado.

Acompañados por trabajadores y organizaciones solidarias, los profesionales de la salud fueron del Posadas a la cartera de Salud, donde realizaron un acto contra las cesantías, que superan el centenar. Una vez allí, ingresó una delegación a entrevistarse con los funcionarios. Luego, la caravana continuaba su camino hacia el Ministerio de Modernización, cabeza del ataque contra los estatales.

La convocatoria contó con la presencia de numerosas luchas contra despidos: allí estuvieron los estatales del Senasa, del Inti y de diferentes ministerios nacionales, trabajadores de la autopartista Stockl y de Cresta Roja –con una nutrida columna de 300 obreros, luego de haber resuelto en asamblea participar de la caravana. El Partido Obrero participó junto con otras organizaciones políticas. A la presencia de ATE nacional, conquistada por una intensa campaña de afiliados del gremio, se sumó la de otras gremiales, como las seccionales combativas de Suteba.

Los testimonios de los despedidos en el acto pintaron vívidamente la naturaleza de esta avanzada: profesionales con años de trabajo ad honorem y cerca de 15 años trabajando bajo contrato que denuncian su expulsión luego de haber “dejado parte de nuestra vida en el hospital”. Los despidos suponen el vaciamiento de áreas clave del principal hospital público bonaerense –la punta de lanza del macrismo para avanzar con el desguace y privatización de la salud pública (“Cobertura Universal de Salud”) en todo el país.

En diálogo con Prensa Obrera, Gisela Guillén, enfermera de la terapia intensiva de adultos del Hospital Posadas, a quien no le renovaron el contrato, marcó que hace 6 meses que no cobra su sueldo, y denunció la participación en este ataque de la burocracia sindical (días atrás, se filtró un audio en el que un dirigente de la seccional ATE Morón reconocía haber acordado con la patronal la lista de despidos).

Desde el palco, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas expresó su solidaridad con la causa, mientras que la Federación Sindical de Profesionales de Salud anunció la jornada nacional de lucha que se desenvolvía hoy en los hospitales en apoyo al Posadas.

Los diputados del Partido Obrero-Frente de Izquierda Guillermo Kane (diputado bonaerense) y Gabriel Solano (legislador porteño) se hicieron presentes en la caravana. Kane denunció el gran cuadro de precarización en el Posadas, con 3.200 de los 5.000 trabajadores bajo contrato y el intento de imponer turnos de 12 horas para enfermeras, mientras que Solano destacó que el fin de estos ajustes en el Estado es “ahorrar un puñado del presupuesto para pagar la deuda pública y subsidiar empresas”. Llamaron a la inmediata convocatoria de un paro nacional y un plan de lucha, así como a la realización de un plenario de delegados de base de todos los lugares en conflicto. Esta demanda, dirigida tanto a ATE como a las centrales sindicales, fue también expresada por varios oradores en el acto.


Fuente : http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/sindicales/hospital-posadas-gran-caravana-al-ministerio-de-salud-contra-los-despidos

martes, 30 de enero de 2018

El infierno de Esteban Rossano, preso de la marcha del 14D

29 de enero de 2018 | Por Tomás Eps (@tomaseps)


Tiene 19 años. Los gendarmes lo detuvieron ´al voleo´ y estuvo preso 42 días. Bonadio lo procesó.


El testimonio de Esteban Rossano publicado ayer por Página/12 es revelador del accionar arbitrario y con fines de amedrentamiento de la Justicia y las fuerzas represivas en relación con las manifestaciones de la reforma previsional.

Estuvo preso 42 días. Le pegaron en todas las partes del cuerpo y en múltiples locaciones. Primero, “en [la calle] Perón asomó un grupo de gendarmes y uno de ellos me señaló y gritó: ‘Ese estaba tirando botellas de vidrio’. Me quedé paralizado. Me dispararon una bala de goma en el brazo, me tiraron al piso y me empezaron a pegar”. Después lo golpearon los del Servicio Penitenciario que acompañaron su traslado al penal de Marcos Paz (previo paso por el Edificio Centinela, Comodoro Py y el Centro de Detención Judicial), así como en el ingreso al mismo: “me dieron para que guarde y reparta frente al director de la unidad y los doctores en la requisa. Me pegaban piñas en las costillas, en el estómago, en la espalda. Me decían: ‘¿Así que vos sos el piquetero que tira piedras para lastimar a mis compañeros?’. Me preguntaban si tenía causas y se burlaban de que nunca pisé una comisaría. ‘Ah, ahora vas a conocer lo que es esto’, me decían” En el pabellón E, a la vista de los encargados, otros presos le pegaron exigiéndole dinero; y los golpes siguieron cuando pasó al Pabellón H.

Pruebas plantadas

El joven de 19 años, oriundo de Morón, planeaba pasear por el centro porteño y se encontró con la movilización del día 14, donde fue detenido al voleo por la Gendarmería (una cuadra antes, le había exigido a efectivos de esa fuerza que dejasen de golpear a una señora mayor). Como fue profusamente denunciado por las organizaciones populares, los agentes que lo detuvieron colocaron en su mochila “dos cascotes y cuatro o cinco panfletos políticos todos pisoteados de grupos anarquistas y de Cristina, como si los hubieran agarrado del piso”, según detalla Rossano, quien añade: “Yo les dije que eso no era mío y el gendarme me corrió con que lo estaba acusando”.

Rossano quedó preso durante un mes y medio por determinación del juez Claudio Bonadio, quien fabricó para ello un “peligro de fuga”. A Rossano, quien tenía como plan recorrer el centro con un amigo y luego ir a comer al Mc Donald’s del Obelisco, Bonadio lo procesó por los delitos de intimidación pública, atentado a la autoridad y daño.

"Actitud antisocial"

En el reciente fallo por el que fue liberado Rossano y se extendió la prisión a otros cinco detenidos, al tiempo que se dictaba su procesamiento y el de más de una treintena de manifestantes y transeúntes, Bonadio debió reconocer la falta de pruebas para esta persecución: “con la distancia y calidad de las imágenes oficialmente aportadas no puede individualizarse con claridad (…) no resulta expectable -ni razonable- pretender contar con imágenes claras y pormenorizadas que identifiquen tales hechos y a los individuos que los perpetraran”. En ese mismo fallo, el juez decide que sus pruebas fuertes son… las declaraciones de los represores: “cobra particular relevancia la labor de las fuerzas de seguridad que, en el caótico escenario dispusieron en el marco de su labor su intervención individualizando primero, y deteniendo después a los sujetos que eran observados in fraganti. (…) Por ello las declaraciones de los preventores, que en cumplimiento de las instrucciones que la Superioridad les impartiera, llevaran a cabo las detenciones, revestirán a los fines de arribar a una decisión, de eficacia y entidad probatoria” (Tiempo Argentino, 26/1). En verdad, las 107 páginas del fallo están plagadas de tales especulaciones, desde que “quien concurre a una marcha para manifestarse pacíficamente no lleva consigo ropas de recambio (como si fuera a un gimnasio o a una ocasión social posteriormente)” hasta que una joven que estaba filmando debe ser procesada porque “si bien se la observa filmando coincidente en ello con su descargo, también es vista en una actitud antisocial, propinando insultos y tomando algo del suelo que se le cae”.

Un monumento a la arbitrariedad.

El curso de esta causa, como el de la que lleva el juez Sergio Torres por el 18D, revela toda una operación de Estado: a sesiones legislativas garantizadas por un estado de sitio contra las manifestaciones populares le siguen los maltratos policiales, las acusaciones y procesamientos sin pruebas y las tortuosas detenciones arbitrarias. Todo ello acompañado por las campañas de difamación del gobierno y los medios oficialistas contra los luchadores. Tal es la saña del macrismo contra los centenares de miles que enfrentaron en las calles la confiscación a los jubilados.

Fuente:http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/libertades-democraticas/el-infierno-de-esteban-rossano-preso-de-la-marcha-del-14d

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Por el desprocesamiento de César Arakaki y Dimas Ponce

“En el penal decían: vos no tenés que estar acá, vos estabas luchando por los viejos”

 

Luis Inácio Lula da Silva ha sido víctima de su propia política

24 de enero de 2018 | Por Jorge Altamira

Luego de haber comandado un gobierno al servicio de las constructoras de obras públicas, como Oderbrecht, y del ruralismo sojero y los grandes bancos, no solamente en Brasil, un tribunal de apelación ha ratificado hoy una condena de primera instancia que involucra al expresidente Lula en la operación Lava Jato, la red de coimas organizada precisamente por Odebrecht, y dictado una prisión a doce años, que también lo priva de sus derechos políticos.

La ley que prohíbe a un procesado con condena el ejercicio de sus derechos políticos, “ficha limpia”, es del propio Lula y del PT. 
 

La velocidad del proceso judicial seguido contra Lula, en contraste con las dilaciones y ‘leniencias’ que benefician al personal político de la coalición actual de gobierno, incluido el presidente ‘de facto’, Michel Temer, denuncian una intencionalidad política. El objetivo es apartarlo de la contienda electoral prevista para octubre de este año. A la misma finalidad responde la despreocupación de los jueces por la debilidad de las pruebas presentadas. Es una sentencia dictada por la ‘convicción’ más que por la evidencia.
La burguesía que arropó a Lula a lo largo ocho años en la presidencia del país, lo impugna para la etapa actual. Una absolución de Lula, por otra parte, habría puesto en crisis todo el andamiaje de la operación judicial Lava Jato. Esta operación fue impulsada e incluso promovida por el Departamento de Justicia de EEUU con propósito de quebrar la hegemonía de los llamados ‘campeones nacionales’ de la burguesía brasileña. Entre estos ‘campeones’ figuraban, precisamente, las constructoras brasileñas y el monopolio de sus negocios con las empresas del estado, en especial Petrobras. La primera medida del Congreso, luego de la destitución de Dilma Rousseff, fue terminar con el monopolio de exploración Petrobras y su entorno de empresas.

El Poder Judicial de Brasil se apresura en incluir a Lula en el sistema de corrupción del Lava Jato para nivelar el campo judicial con los numerosos acusados del sistema político brasileño - algunos en prisión provisoria y otros condenados (aunque con prisión domiciliaria). El propósito de este enjuague judicial es habilitar una operación de amnistía general, que ya se encuentra corporizada en varios proyectos de leyes en el Congreso.

Mientras reivindica su inocencia penal, Lula y el PT se empeñan, al mismo tiempo, en inmovilizar a los trabajadores contra las reformas previsional y laboral, para obtener, como contrapartida, una amnistía política. Es lo que el PT negocia en el ámbito del Congreso.

Asistimos a una mascarada judicial, que el ‘medio pelo’ internacional saluda como un ‘mani pulite’, cuando se trata de dar vía libre a un sistema político irreversiblemente corrupto y un viso de legalidad al próximo fraude electoral. La operación Lava Jato es la expresión de una disputa entre los capitales más importantes para apoderarse del mercado energético brasileño – y de ningún modo un propósito de otorgar transparencia y honestidad a la gestión pública. La proscripción política de Lula demuestra la incapacidad de los partidos patronales de Brasil para ofrecer una salida política popular y democrática. La proscripción judicial de Lula acentuará la crisis política de conjunto del Estado brasileño.

La impugnación jurídica y política de esta sentencia contra Lula, que ha sido, repetimos, agente de comercio presidencial de Odebrecht, implica su derecho a participar del proceso electoral a igual título que el conjunto de los candidatos y partidos corruptos de la burguesía brasileña, que estuvieron asociados a su gobierno e incluso de quienes fingían jugar a la oposición.

En oposición a todos ellos y a la política anti-obrera que han aplicado y siguen aplicando, es necesario construir un partido revolucionario de la clase obrera, que luche por un gobierno de trabajadores.

Igual Lula que se joda por boludo

Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/internacionales/luis-inacio-lula-da-silva-ha-sido-victima-de-su-propia-politica

lunes, 29 de enero de 2018

Macri se hunde en Londres

19 de enero de 2018 | Por Jorge Altamira

“Arranca un plan de obras por u$s26 mil millones”, es el titular eufórico que eligió La Nación (17/1) para comunicar un anuncio oficial que inauguraría el sistema de Participación Público Privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura y otras. El subsecretario de PPP advierte, en el reportaje, que “el sector privado financiará las obras a través del mercado o de préstamos de organismos multilaterales (….). El riesgo del financiamiento es de los privados”.

El otro entrevistado, Luis Caputo, secretario de Finanzas, advierte que “hay empresas extranjeras interesadas” y añade que “el repago de esa inversión quedará atado a diferentes fuentes de fondeo”, entre los que menciona los “fideicomisos de infraestructura”. Días antes, un mega DNU estableció que el Fondo de Sustentabilidad de la Anses quedaba facultado para integrar esa clase de fondos financieros, o sea que el ‘repago’ pondrá “en riesgo’ la caja de u$s65 mil millones de los jubilados. Para sostener su planteo, Caputo dice que “tomaron las experiencias de otros países”, entre los que cita al “Reino Unido”.

Los diarios, 'please'

¿Es posible que las altas temperaturas del verano hayan forzado a los funcionarios macristas a dejar de leer los diarios? Si hubiera mantenido el hábito, Caputo se habría enterado que “La compañía que maneja a Gran Bretaña se encuentra cerca del colapso”. El inglés The Guardian (12.1) se refiere, de esta manera, a la bancarrota del pulpo Carillion, “que construye escuelas, autopistas, hospitales – y está a cargo de una gran parte del sistema ferroviario HS2”. La lista es corta, porque además es responsable del mantenimiento de los cuarteles de las Fuerzas Armadas, lo cual incluye una parte del armamento, y hasta los sistemas digitales de seguridad.

El derrumbe entraña deudas impagas por cerca de 3 mil millones de libras esterlinas (unos $80 mil millones), la mitad de las cuales afectan al Royal Bank of Scotland, Barclays, HSBC, Lloyds y Santander. En el paquete se encuentran compromisos previsionales de la empresa con sus trabajadores por cerca de mil millones de dólares – entre pagos corrientes y obligaciones futuras. “Carillion”, sin embargo, apenas “tenía 29 millones de libras en efectivo cuando la golpeó el desastre” – informa el Financial Times (17/1) sin anestesia. Entre las deudas que enumera el diario se encuentran descuentos bancarios para el pago a sus miles de sub-contratistas, que Carillion cancela con enorme demora, para financiarse a expensas de ellos. O sea que los “inversores” que conmueven a Caputo, en especial los extranjeros, tercerizan sus trabajos y ponen en la línea de ‘riesgo’ a otras empresas con sus correspondientes trabajadores.

Culpas ajenas

Carillion ocupa, sub-contratación mediante, a 40 mil asalariados – la mitad de ellos en Gran Bretaña. Ante la catástrofe, el Financial Times se cura en salud: en un editorial (16/1), luego de atribuir las responsabilidades a la “incompetencia contractual del gobierno”, declara que “incluso en tal caso, esto no encaja en la narrativa de que la privatización es cargada al pueblo británico mientras los contratistas hacen grandes beneficios (“make a killing”) a expensas del gobierno”. Ocurre que incluso en las propias páginas de ese diario, numerosos columnistas financieros han planteado la necesidad de nacionalizar el servicio eléctrico y otros “monopolios naturales”, como el ferroviario, cuyas tarifas son escandalosamente caras. Gran Bretaña asiste al riesgo de una quiebra como la que hundió a la ‘eléctrica’ Enron, en los comienzos del siglo, que se había convertido en una cueva de dinero.

“La responsabilidad contractual del gobierno” es real, pero no exculpa a la PPP, ni al capital. Después de todo, si el capital financiero chupa de la teta del mismo Tesoro, es obvio que algún día se retrasará en los pagos. Para atenuar este riesgo, Caputo-Macri sacan la carta de los fideicomisos, o sea la Anses, que vendría a hacerse cargo del quebranto que en GB afecta a los siete bancos mencionados. El sistema de repago a plazos, como se promueve a la PPP, no es, de ningún modo, gratuito, porque comporta el pago de intereses elevados. A esto se agrega la suba de costos por ‘demoras’. La “construcción” se convierte, de esta forma, en una operación “financiera”. Los capitalistas licitan obras a precios inferiores a los costos ('Dumping') para derrotar a la competencia, con la confianza de ‘superar’ este problema una vez que han quedado a cargo del emprendimiento. Es lo que hizo repetidamente Carillion, que se quejaba de su escaso margen operativo de ganancia, que trasladaba a los contratistas, y estos a los trabajadores.

La crisis fiscal que atraviesa a todos los estados, luego del rescate de bancos y pulpos con dinero público, golpea el negocio de infraestructura, pues el endeudamiento estatal se encuentra en un nivel de quiebra.
La demora indefinida del plan de infraestructura prometido por Trump –tres billones en una década-, se explica por el nivel de la deuda pública yanqui, que supera al PBI, y el déficit fiscal creciente. Un nivel que ahuyenta a cualquier 'inversor' PP.

Quién rescata a quién


Ahora viene lo mejor: ¿el gobierno del Brexit saldrá al rescate de los acreedores de Carillion – incluso de sus accionistas? Si no lo hiciera, ¿quién sigue con la PPP de obras públicas? Y si lo hiciera, ¿cómo pagaría la continuidad de las obras? Por otro lado, si no protege el Fondo de Pensiones, Gran Bretaña podría experimentar una ‘primavera árabe’. El costo fiscal del Brexit está calculado en cerca de cien mil millones de dólares. Por otra parte, el estado atraviesa una gigantesca crisis con el sistema de salud, el NHS, que cubre a millones de personas.

La cadena financiera de la quiebra de Carillion va más lejos que sus deudas, pues involucra al conjunto de sub-contratistas. No solamente esto: como le gusta a Caputo, en el baile está asociado el capital extranjero – por ejemplo el mercado de crédito de Alemania, conocido como Schuldschhein, donde han comprado bonos empresas incluso de Taiwán. Si no son resarcidas, Madam May va a experimentar con los fondos buitres. En medio del Brexit, Su Majestad evitará comprarse una crisis con el capital financiero de Alemania.

El gobierno ha sido forzado a hacerse cargo de la continuidad de los emprendimientos de Carillion – como pago de salarios y cuentas de contratistas. A la PPP se le cayó la última P. La cancelación del contrato con la compañía East Coast, hace poco tiempo, por un fracaso similar, costó al Tesoro 2.8 mil millones de libras. La nacionalización de la obra pública significaría, por un lado, que el Estado debe asumir la organización de todo el proceso industrial de ella, no reemplazar a Carillion ante bancos y contratistas. Implicaría, asimismo, la nacionalización de la banca, pues la infraestructura requiere la utilización del dinero acumulado en las financieras, no alcanza la recaudación del Tesoro. En una palabra, la nacionalización parcial del emprendimiento representa un enorme costo financiero y no resuelve la crisis de la obra pública británica y del Estado en su conjunto.

Macri y Caputo, aunque cultivan un estilo lampiño, deberían poner las barbas en remojo, si bien todavía no empezaron con la depredación económica que anuncian sus DNU. El movimiento obrero debe tomar conciencia de todo el alcance social que tiene la bancarrota capitalista, y del agotamiento histórico del capital.

INTI: cuarto día de permanencia contra 258 despidos

29 de enero de 2018 | Por Redacción

Daniel Luna, delegado de ATE Inti-Lista Naranja: "Es necesario un paro de ATE en todo el país contra este ataque"

Cerca de dos centenares de trabajadores permanecen en la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el Parque Tecnológico Miguelete, desde el viernes a la tarde, cuando la patronal confirmó el tendal de despidos que había preanunciado informalmente la semana anterior. Desde esta madrugada, organizaciones políticas y de derechos humanos –el Partido Obrero, la FUBA, Nora Cortiñas, entre otros– se movilizaron al predio ubicado en el partido de San Martín para acompañar a los trabajadores, quienes decidieron ingresar al instituto a pesar de un "asueto" trucho, declarado discrecionalmente por las autoridades con el objetivo de desarmar la resistencia a los despidos. También se hizo presente un fuerte operativo policial. Al mediodía una asamblea resolvió una nueva concentración para este martes, a las 10.

La semana pasada, en una comunicación informal del gerente de Recursos Humanos informó a los representantes gremiales que las autoridades tenían previsto el despido de 258 trabajadores: 38 en el interior y los restantes en Miguelete. Golpean a todos los organismos de investigación, y abarcan a un amplio conjunto de profesionales y técnicos, desde ingenieros en agroalimentos hasta especialistas en media tensión.

La denuncia de los trabajadores de que apuntan contra la organización sindical está más que fundada: el listado (también comunicado informalmente) incluye a más de 50 de los 76 delegados, entre los cuales se hallan la totalidad de los que integran la combativa Lista Naranja de ATE, así como varios de los de la oficialista Lista Verde. Son todos aquellos no reconocidos por el Ministerio de Modernización, que encabeza la avanzada contra los estatales. Los trabajadores han denunciado que buscan amedrentar la lucha, para preparar un camino de desguace del instituto y tercerización y privatización de sus sectores, con la consecuencia de más despidos.

Los delegados señalan que en el INTI no solo no sobran trabajadors, sinoe que hay un fuerte déficit de personal: 3.100 empleados (2.000 en Miguelete, y 1.100 en el resto del país) atienden a toda la industria nacional
. Cumplen un amplio abanico de tareas de relevancia social, desde certificar que el litro de nafta medido por los surtidores sea efectivamente un litro hasta garantizar la seguridad en los juguetes infantiles plásticos y las mamaderas y controlar los alimentos de los celíacos. Mientras se efectúan el ajuste sobre los estatales, el gobierno teje nuevos negocios desde el organismo con consultoras y constructoras afines.

Daniel Luna, delegado de la Lista Naranja, habló con Prensa Obrera desde la permanencia en Migueletes:

¿Cómo se está desarrollando el conflicto?

Estamos en permanencia pacifica desde el viernes, luego de una movilización en General Paz y una asamblea masiva. Esperando en primer lugar que se abra un canal de información. Supuestamente hoy sale una primera tanda de telegramas de 208, y mañana una de 50. El operativo policial es enorme desde ayer; hoy se intensificó un poco más. Como la patronal dictó asueto por 48 horas, quieren impedir el acceso de compañeros al organismo, que vienen a sumarse a la lucha junto con los despedidos. Sí pudieron entrar representantes de organizaciones, como Romina Del Plá [diputada nacional por el PO-FIT] y Gabriel Solano [legislador porteño por el PO-FIT], Nora Cortiñas y dirigentes sindicales, trayendo la solidaridad.

¿Y a nivel nacional?

Hay paros y movilizaciones del INTI en Rosario, Córdoba, Entre Ríos. En los centros del interior se están organizando los compañeros con las juntas provinciales de ATE. La lucha se está dando en todo el país.

¿Cuál es el planteo de la Lista Naranja?

En primer lugar, que es necesario un paro de ATE en todo el país contra este ataque. Y planteamos también la realización de un congreso de delegados de base, acá en INTI, para desenvolver las luchas que se están dando contra los despidos en el Estado en todo el país, como los de los mineros de Río Turbio, los de la UEP [Unidad Ejecutora Provincial] y los fabriqueros de Fanazul [Fabricaciones Militares]. Llamamos también a la solidaridad de todos los trabajadores, que vengan acá a sostener el conflicto, que todo indica que va a ser extendido.
 

domingo, 28 de enero de 2018

Por el desprocesamiento de César Arakaki y Dimas Ponce

26 de enero de 2018 | Por Marcelo Ramal

El fallo represivo del juez Torres.


Aunque el auto de procesamiento del juez Torres abunda en invocaciones a los derechos humanos y al ejercicio del “derecho de protesta”, su texto, de un modo sibilino, apunta a un claro objetivo: cómo penalizar y sancionar la decisión de 300.000 personas de movilizarse contra el saqueo jubilatorio, y, luego, de defender ese derecho en el marco de una brutal represión policial.

El texto pretende guardar una supuesta equidistancia entre “el derecho a punición del Estado” y “el reclamo”. Es claro, sin embargo, que atribuye “al reclamo” las situaciones violentas planteadas en la plaza, mientras que la policía sólo habría adoptado “distintas conductas en el marco del operativo estatal para frenar estos eventos”.

El texto, invocando a Naciones Unidas y otros, presenta al derecho de protesta “como un ejercicio individual, y no colectivo”. El juez, que se lamenta por la desnaturalización de este derecho, lo desnaturaliza en su concepto mismo, ya que quienes se movilizaron lo hicieron justamente, en un cuadro colectivo, como parte de una clase social, de sus organizaciones sindicales, de sus partidos. La protesta como “derecho individual” sustrae a todo el escenario de la gran marcha de la lucha de clases –el juez quiere laudar en una reyerta de individuos. Pero la Plaza de los Dos Congresos fue apenas la expresión del gigantesco conflicto entre el capital, su Estado, su parlamento y sus fuerzas de seguridad, de un lado, y la clase trabajadora y sus organizaciones, del otro. Lo que dirimía es el despojo de al menos 100.000 millones de pesos en un año, despóticamente sustraídos del bolsillo de los trabajadores jubilados a las arcas del capital. Para lograrlo, el Estado, el gobierno y sus seudopositores pusieron en marcha un enorme dispositivo, del cual la represión fue sólo su último eslabón. Antes de ello, tuvimos la maquinaria de engaño del proceso electoral, donde el oficialismo aseguró que “no habría reforma alguna del sistema jubilatorio”.

El juez, en varias partes del texto, inscribe la acción popular en el objetivo de “perturbar el normal ejercicio de las facultades del Congreso”. No dice, naturalmente, que la principal de esas “facultades” es la de confiscar la voluntad popular, de la cual sin embargo, emana su representación política. Las manifestaciones frente al Congreso, para incidir sobre sus debates y votaciones, son una expresión de ello, aunque terminen poniendo de manifiesto el choque entre las aspiraciones populares y los partidos del régimen. Pero a la hora de este choque, los garantistas optan por la defensa de estos últimos, demostrando que lo que buscan “garantizar”, en última instancia, es el orden de cosas que liquida salarios, jubilaciones y otros derechos sociales. En el texto de procesamiento, se presenta como natural al férreo vallado que rodeó al Congreso en la sesión del 18D (“una suerte de cerrojo hermético alrededor del Palacio Legislativo que se extendió por varias manzanas (…) que cerraba la zona tanto al tránsito vehicular como al peatonal”). Los demócratas, en última instancia, podrían defender que los “representantes del pueblo” sesionaran en secreto (para defenderse del pueblo). Es lo que ocurrió, por caso, en México en 1992, para votar el paquete legal de reforzamiento del estado policial.

Efectivamente: el derecho a la protesta fue ejercido colectivamente en aquella enorme Plaza. Pero como el Código Penal no puede encarcelar clases sociales, decide emprenderla contra algunos militantes que pudieron se individualizados en el marco de la feroz represión, con la pretensión de aleccionar a quienes se movilizan contra el ajuste. Pero en este plano, en el estrictamente penal, también han fracasado: no hay un sólo elemento que pueda asociar a Ponce y Arakaki con las heridas del policía Escobar, las cuales fueron producidas por una piedra –no por las cañas que ellos portaban, y con las cuales improvisaron su defensa frente a la acción policial. De cara a ese fracaso, el “auto de procesamiento”, que empezaba invocando responsabilidades individuales, alude ahora a “acciones colectivas”. Es decir que Ponce y Arakaki serían culpables, en tanto partícipes de la movilización. La arbitrariedad no puede ser mayor. Para justificar este aserto, se adjudica a los militantes el ser parte de una acción “coordinada” y “planificada”, para promover “disturbios”. De este punto, a la criminalización de los partidos o sindicatos que participaron del 18D, hay sólo un paso.

“Plan coordinado”

Pero es muy clara la lógica inversa aplicada por el juez en la conducta de los manifestantes y la de la policía. Mientras que los manifestantes habrían ejercido su autodefensa como parte de un “plan coordinado”, los policías sólo habrían cometido “excesos” individuales, lo cual deja libre de culpa y cargo al Estado y a su orientación represiva.

En este punto, es necesario señalar que el escrito de Torres omite deliberadamente el antecedente de la fallida sesión del 14, la cual colapsó bajo el peso de una crisis política, al punto que el gobierno tuvo que comprometer la presencia física de los gobernadores que suscribieron el “pacto fiscal” para garantizar el voto de los diputados de sus provincias.

El 14 de diciembre el gobierno no pudo reunir el quórum necesario para sesionar debido al repudio al robo que se aprestaba a consumar, mientras los alrededores del Congreso se convertían en una verdadera zona liberada para la represión de Gendarmería, que cometió todo tipo de atropellos, al punto que fue denunciada por Carrió y luego reemplazada por la Policía de la Ciudad para la sesión del 18. (Es significativo, también, que Torres mencione la existencia de una causa conexa por “espionaje y violación de secretos del operativo de seguridad”, iniciada por el propio secretario de seguridad de CABA, dando cuenta de una feroz interna en el propio aparato de represión.)

Cualquier hipótesis en torno a un supuesto plan para “desvirtuar” la movilización debería empezar por indagar en el dispositivo represivo –oficial y paraoficial– dispuesto para el día 18, cuya finalidad era evitar que la sesión –la cual se prolongaría por 17 horas– se desarrollara con el Congreso rodeado por un millón de trabajadores, como ya se avizoraba. La infiltración y la provocación, un elemento crucial de la violencia estatal, están fuera del horizonte de miras de este fallo.

Los hechos

El texto pretende ser riguroso, pero es superficial y falso incluso en su secuencia cronológica. Ubica el inicio de los incidentes a las 14 horas hasta que, sin solución de continuidad, la agresión al policía Escobar se produce a las 16. En realidad, las columnas de la izquierda retrocedieron ordenadamente frente a los incidentes de las 14, como aparece en el testimonio del Defensor del Pueblo, Alejandro Amor. Ponce y Arakaki formaban parte de ellas. Pero apoyados en esos incidentes, la policía desató una verdadera cacería e incluso impuso un cerco sobre el conjunto de la Plaza, pasadas las 15 horas. En su declaración indagatoria, nuestro compañero Dimas lo explicó claramente:

“El 18 de diciembre de 2017 nos movilizamos desde las 11 hs, desde ese horario hasta las 16 hs, la columna del Partido Obrero y la de otros partidos de izquierda, limitamos nuestra actividad a manifestarnos con nuestras banderas en alto. Cuando ciertos episodios de provocación y represión se sucedieron, nuestras columnas retrocedieron y evitaron involucrarse en ellos. A pesar de ello, soportamos gases y recibimos impactos de balas de goma. En mi caso particular, recibí 14 impactos en mi cuerpo. Como lo ha expresado el Defensor del Pueblo, nuestro dirigente Marcelo Ramal estuvo varias horas tratando de evitar que la acción violenta de un grupo de dudosa pertenencia se generalizara. Alrededor de las 16hs, en un momento que intentamos retroceder, ello se volvía cada vez más difícil porque detrás de nuestras columnas había más gente y columnas que no retrocedían. Luego, me enteré que estaban imposibilitadas de hacerlo porque por las calles aledañas atacaban motos con balas anti tumulto, y efectuaban detenciones a quienes se alejaban. Cuando ya nos era posible retroceder, la policía avanzó buscando un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, incluso utilizando las piedras que había en el suelo en contra nuestra y causando lesiones a diversos manifestantes”.

Entonces, centenares y miles de manifestantes ejercieron, como pudieron, su autodefensa y el derecho a continuar manifestando en la Plaza. Entre los testimonios que cita Torres, un policía grafica ese momento del siguiente modo: “se nos venía toda la multitud”. Falsificando los hechos, sin embargo, el texto del juez es una completa justificación de la represión policial.

Finalmente, se recomienda una “regulación del derecho de protesta”, el cual quedaría en manos del propio Estado que confisca jubilaciones, conspira en el Congreso, y organiza la represión y el espionaje contra el movimiento popular. El juez, incluso, señala que ese protocolo debería buscar “disminuir el tiempo de protestas” (sic), pero no el alcance de los atropellos a los explotados.

El fallo fraudulento que procesa a nuestros compañeros debe ser derrotado definitivamente con la movilización popular.

FOTO: Federico Imas


sábado, 27 de enero de 2018

“En el penal decían: vos no tenés que estar acá, vos estabas luchando por los viejos”

25 de enero de 2018 | Por Tomás Eps (@tomaseps)

Entrevista con César Arakaki y Dimas Ponce.

“Estos cigarrillos de cárcel”, protesta Dimas mientras esperamos fumando que vuelva el Chino. No hace 24 horas que están libres. El juez Sergio Torres los tuvo presos por varias semanas, acusándolos de causar “lesiones gravísimas” a un policía durante la manifestación del 18 de diciembre contra la reforma previsional. Luego de una gran campaña popular contra la arbitrariedad de la causa, que la denunció como un ataque a los cientos de miles que marcharon, el juez tuvo que dejarlos en libertad, aunque mantiene el procesamiento.

Se dieron su primer gran abrazo cuando el Chino, después de 26 días de estar en el penal de Marcos Paz, fue a buscar a Dimas a la cárcel de Ezeiza, donde había estado durante 15 días. Todavía les impacta ver los colectivos, escuchar los ruidos de la calle, ver el mundo “sin rejas en el medio”.

¿Cómo fueron los primeros días de la detención?

César “Chino” Arakaki: Las primeras 48 horas no tuve comunicación con nadie. Me mandaron a los “buzones”, que son celdas de castigo con una cama, un inodoro todo inundado, los caños rotos; ves las ratas desde la ventana. Casi no ves la luz del día, está todo oscuro. Estaba 23 horas encerrado y tenía una para bañarme y hablar por teléfono. Y la incertidumbre: yo estaba en una causa por supuestas lesiones graves a un policía, y apenas llego uno del sistema penitenciario me dice “¿vos sabés que somos federales? Vos heriste a un compañero nuestro que es federal también”.

Ahí pensaba que me la iban a dar los policías, o pagarle a un preso que me mate por dos pesos.

Dimas Ponce: Yo estuve en “buzones” dos días también. Una situación deplorable. Ahí perdés la noción del tiempo. Los encargados van a verte cuando ellos quieren; se escuchan gritos, llantos, no podés dormir, tenés una luz en tu cara todo el tiempo.

C: Ya el penal en sí es de castigo, para cualquiera. El sistema está hecho para castigar a uno y a los familiares. Y están las requisas, que son lo peor que hay: una vez por mes entran al pabellón con escudos, formados, así como un ejército, con los palos, las armas, los cascos. Después abren tu celda, te hacen poner en bolas y entran a dar vuelta toda tu celda. No les ves la cara: si te golpean no los podés denunciar. Son monos con navaja.

A los pocos días los pasan a un pabellón destinado a los presos con buena conducta… ¿Cómo vivieron todo ese tiempo hasta su liberación? 

C: Yo le decía a mi mujer: todo el tiempo tenés que medir todo. Todo. Desde que das un pan a que pedís algo. La ropa que te ponés. Las cosas que hablás.

D: Estamos hablando de una cárcel, el peligro siempre está latente ahí, tenés que estar en un estado de alerta. Pero yo siempre tuve presente: “estoy acá como preso político”. Por suerte, mis compañeros lo entendieron, supieron mi situación y tuve adherencia. Había gente que leía la Prensa Obrera, que yo se las pasaba, y me decían “vos no tenés que estar acá: vos estabas luchando por los viejos”.

C: Yo siempre decía "no me voy a acostumbrar a esto, me voy a adaptar porque en este momento estoy viviendo acá". Pero no me voy a acostumbrar, porque de ahí salís peor. Y te vas adaptando. Pero los nervios siguen, porque nosotros éramos presos políticos rehenes, no sabíamos cuándo íbamos a salir. Yo pensaba en un montón de gente: en Agustín Santillán, más de seis meses preso. En Jones Huala. En los petroleros de Las Heras, condenados a perepetua sin saber cuándo van a caer detenidos de verdad. Pensaba en Santiago Maldonado, en lo que habían hecho con Rafa [Nahuel], que el gobierno es capaz de cualquier cosa, de inventarte cualquier cosa. Pero desde el primer día, nosotros estábamos con la conciencia de nuestra convicción, de nuestra lucha, de que nosotros estábamos por algo ahí, por una lucha que habíamos iniciado. Y que si se volvía a repetir, nosotros íbamos a volver a estar en la plaza. Porque nosotros somos del Partido Obrero, antes que todo.

¿Llegó a la cárcel la campaña que se estaba haciendo por su libertad?

C: Sí, a los presos yo les compartía la Prensa Obrera, miraban Clarín, lo poco que pasaban en los noticieros. Aparte, el Servicio Penitenciario se entera de todo, son chusmas: “así que marcharon 20 mil personas por Arakaki?” Y yo no dejaba de recibir visitas del Partido, adhesiones.

¿Cómo vivieron ese 18 de diciembre?

C: Yo estuve el 14, un quiilombo también, gases lacrimógenos por todos los rincones, fue terrible la represión. El 18 estábamos frente al Congreso, un grupo derriba las vallas y se va, y ahí empieza la represión. Con la columna del Partido Obrero retrocedemos hasta que no pudimos hacerlo más: habían tirado gases lacrimógenos, se había producido una batalla campal sobre Hipólito Yrigoyen, a nuestra mano izquierda. Era todo un caos, no se podía ir más para atrás, porque había más gente, en las calles laterales había motos. La policía empezó a tirar balas de goma y tuvimos que defendernos. Agarré dos cañas de pancartas para que no se vengan encima, porque tiraban a la cara: yo tengo doce balas de goma, todas de la panza para arriba.

D: Yo tengo catorce en el torso. La policía tiraba piedras a la multitud, no sólo a las primeras líneas, sino donde había familias. Yo veía gente salir toda rota y llena de sangre de las columnas, por las mismas piedras de la policía.

C: Lo que yo nunca puedo perdonar es lo que hicieron con Celia, que por ser mi pareja, la quisieron involucrar. Decían: “la peruana, hay que deportarla…”, cuando Celia no es peruana (y si lo fuera, con orgullo defendemos a los hermanos peruanos), agrediéndola gratis, pasando fotos conmigo. Hasta el día de hoy le están dando. Muy cruel lo que hicieron.

D: Y muy arbitrario. Yo estuve esperando seis días, antes de mi orden de detención, en el domicilio que notificamos. Cuando surgió la orden, me presenté voluntariamente en el juzgado. Y los medios también, mortificándome: “se entregó el abogado prófugo” ¡Nunca estuve prófugo!

C: Yo me puse a derecho desde el primer día; porque no herí al policía ni quise pegarle. Y me enteraba desde adentro [del penal] que había partidos de pseudo izquierda que decían "el Partido Obrero los entregó". Yo me presento a la justicia por mi propia decisión. Además, tampoco quería que vayan a allanar la casa de mi mujer, donde estaban los chicos.

Como abogado, Dimas, ¿qué impresión te da la causa?

D: La causa es un mamarracho político. Desde el primer momento, nosotros estuvimos a derecho y nos detienen. Es una aberración. Yo hice mucho énfasis en mi indagatoria en que no había un nexo causal entre nuestro accionar y las lesiones del policía, es algo obvio. Yo basé en esa cuestión mi indagatoria, pero nunca valoraron ningún tipo de prueba. Con la detención de César y la mía, se evidenció una persecución política. Como pasó acá, como les está pasando a muchos del 14 también.

La regla general empieza a ser la prisión preventiva y después investigar.

César, sos actor y fuiste candidato a la Asociación Argentina de Actores de la lista Multicolor, ¿cómo viste la solidaridad de los actores, del mundo artístico?

C: Nosotros en la Asociación competimos con la lista que es la conducción, la Celeste, que tiene una línea kirchnerista, y al principio no se quisieron pronunciar; otra parte salió a defendernos. A través de la Multicolor, que me conocen, me vieron durante la campaña y saben que yo no soy ningún violento, se logró una gran solidaridad: han salido a apoyarme Cecilia Roth, Soledad Villamil, Pompeyo Audivert, toda gente de teatro, así que fue muy buena la recepción. Incluso la Asociación Internacional de Actores. También los músicos, a partir de la campaña de Músicos Organizados.

¿Y ahora cómo siguen?

C: Seguimos ahí, dándole para adelante, pero estamos limitados en esto: a cualquier marcha que vayamos, nos encajan una piedra al lado y vamos de vuelta al penal. Pero tenemos la convicción de lo que es nuestra lucha, lo que nos apoyó nuestro partido, nuestra familia.

D: Más que nunca, no bajar los brazos, luchar contra esta persecución evidente y contra el paquete de ajuste de Macri. Vienen con la reforma laboral, con la reforma del Código Penal, hay muchas cosas muy sensibles para los trabajadores, y hay que seguir la lucha.

LEER MÁS:

Tras su liberación, César Arakaki y Dimas Ponce participaron de la ronda de las Madres

 

Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/libertades-democraticas/en-el-penal-decian-vos-no-tenes-que-estar-aca-vos-estabas-luchando-por-los-viejos

viernes, 26 de enero de 2018

Merkel, contra las cuerdas

7 de enero de 2018 | #Prensa Obrera 1489 | Por Pablo Heller
 
ALEMANIA

Un acuerdo de apuro, luego de 111 días sin gobierno

La canciller alemana, Angela Merkel, junto con el líder socialdemócrata Martin Schulz, lograron -tras una maratónica negociación de 24 horas- alumbrar un principio de acuerdo para formar gobierno, después de 111 días sin poder concretarlo luego de los comicios. Este acuerdo agónico provocó una sensación de alivio en los principales círculos de poder mundial. Pero el tema no está cerrado. Apenas dos días después de sellado el compromiso, han empezado a asomar las primeras grietas. “Las poderosas juventudes del SPD han puesto en marcha una campaña para derribar el embrión de alianza, mientras otros dirigentes han pedido mejoras en el pacto y las direcciones del partido de dos estados federados han votado en contra” (El País, 16/1). Las fisuras, en caso de que se extiendan podrían desembocar en un naufragio si el congreso extraordinario convocado por el SPD para abordar el punto rechaza la propuesta.
Crisis política de fondo

Aunque se superara esta instancia y se formalizara el acuerdo, es indisimulable la severa crisis política que atraviesa la nación germana. Alemania no ha podido escapar a las tendencias disolventes de la Unión Europea en el marco de la actual crisis mundial en desarrollo. Más aún, en su carácter de potencia líder, este proceso ha terminado por estallar dentro de sus propias fronteras. Bajo el mandato de Merkel, el país absorbió un millón de refugiados desde 2015, lo cual se ha terminado convirtiendo en una bola de nieve explosiva. Europa, en esta etapa reciente, ha sido sacudida por el Brexit y el auge del separatismo en los diferentes países que integran la Unión Europea y al interior de los mismos, como ocurre con el emblemático caso catalán.

Este escenario ha sido el caldo de cultivo para el florecimiento de las tendencias xenófobas y nacionalistas en el país germano. Este hecho se ha expresado en las elecciones con el ascenso electoral de la ultraderecha, casi el 13% de los votos y ha ingresado, por primera vez, en el Parlamento después de la segunda guerra mientras declinan los partidos tradicionales. La ultraderecha plantea prohibir el ingreso de los inmigrantes e, inclusive, su expulsión; y en el plano económico llama a priorizar los intereses de Alemania. El país, según su punto de vista, debería dejar de distraer recursos en la Unión Europea y concentrar su atención en las necesidades locales. Una suerte de “Alemania primero”, en una especie de réplica de la consigna que viene enarbolando Trump en Estados Unidos.

Reacción nacionalista
Esta reacción nacionalista se extiende a la propia coalición que venía gobernando el país. Dos de los partidos aliados -liberales y verdes- no han sido inmunes a este escenario, al punto de resolver no renovar su alianza con la Unión Cristiana Democrática (UDC), el partido liderado por la jefa de gobierno. Esta presión también está presente en sus propias filas partidarias. Las tendencias nacionalistas han comenzado a abrirse paso y ganar terreno en las filas de la burguesía en forma proporcional al fracaso de la globalización. Esto se ha intensificado con la asunción de Trump en la Casa Blanca, quien ha salido con los tapones de punta contra Alemania, agravando las tensiones y choques comerciales con la Unión Europea. Esto ha llevado a decir a The Spiegel Online (semanario más reconocido del país) que Alemania atraviesa su propio “momento brexit”, refiriéndose al voto por la salida británica de la Unión Europea y su propio “momento Trump”.

El acuerdo alcanzado entre conservadores y socialdemócratas traduce estas presiones. Plantea un endurecimiento de la política inmigratoria -admitiendo el ingreso de un máximo de entre 180.000 y 200.000 refugiados al año. Las nuevas reglas limitarán, asimismo, a 1.000 al mes los familiares de refugiados ya radicados en el país que pueden entrar en Alemania.  

Sobre la integración europea, el pacto plantea abogar por el resurgimiento de la Unión Europea. Las dos agrupaciones convergen en que Alemania debe trabajar codo a codo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para reformar la Unión Europea. Pero mientras el SPD quiere un presupuesto en la zona euro para inversiones comunes, los conservadores se muestran reacios a darle luz verde por temor a mutualizar la deuda de los distintos países. Es decir, cuando se escarba más allá de las fórmulas generales, saltan las divergencias.

Un ítem clave para los socialdemócratas, que durante la campaña invocaron e insistieron en la “justicia social”, es aumentar el gasto en servicios como educación, vivienda, infraestructura y salud. Para financiarlo plantean aumentar los impuestos a los más favorecidos y que los sectores medios y bajos sean exentos del llamado “impuesto solidario”, destinado a sostener la ex Alemania Oriental. Los conservadores sugieren, en cambio, aumentar el presupuesto de defensa -que el SPD rechaza-, reducir los impuestos en líneas generales, en especial para los más ricos.

Los socialdemócratas han salido con las manos vacías respecto de sus demandas en materia tributaria. Y se han debido contentar con un magro aumento de las partidas sociales, destinadas, en particular, para educación.

En lo que sí avanza el acuerdo es en la necesidad de aumentar la presión impositiva sobre las corporaciones extranjeras. El texto exige “una fiscalidad justa para las grandes empresas, especialmente, para las empresas de Internet como Google, Apple, Facebook o Amazon”. Esta exigencia se da en momentos en que el Congreso de Estados Unidos acaba de sancionar una reforma impositiva que castiga y discrimina a las empresas extranjeras radicadas en territorio norteamericano e inclusive a las filiales de empresas estadounidenses que operan en Europa. Asistimos, ahora, a una represalia desde el lado europeo. La guerra impositiva se inscribe dentro de la rivalidad y guerra comercial que se viene acentuando.
Otra cuestión no menor son las negociaciones en torno del Brexit. Alemania quiere aprovechar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea para transformarse en el centro financiero de Europa, que históricamente tenía su asiento en Londres. Este liderazgo le permitiría afianzar su tutela económica en Europa y avanzar en el copamiento de la banca de los países miembros de la Unión Europea que se encuentra en terapia intensiva, aunque, en simultáneo, debe lidiar con la crisis de sus propios bancos. La situación financiera del Deutsche y Commerz Bank está seriamente comprometida hasta el punto que el Estado alemán ha debido salir a socorrerlos para evitar una corrida que podría haber estallado como resultado del derrumbe accionario que afectó ambas instituciones.

Final

Estamos ante una crisis de fondo del régimen político que hunde sus raíces en la bancarrota capitalista, que ha entrado en su undécimo año con sus premisas agravadas, acentuando los desequilibrios y al dislocamiento de la economía europea y mundial. Esto no se va a resolver con un acuerdo improvisado, atado con alambres. Las contradicciones económicas y políticas exceden holgadamente la capacidad de remontarla por parte de los protagonistas de esta nueva coalición, que ya vienen de otras cuatro tentativas similares bastante frustrantes, en los últimos doce años. La crisis de régimen ha horadado los partidos tradicionales. Esto vale para los conservadores, pero en especial para la socialdemocracia, que ha hecho su peor elección de las últimas décadas. Los socialdemócratas han pagado muy caro su maridaje con la derecha y su política antiobrera. No hay que olvidar que el SPD, bajo su mandato, ha sido el artífice de la reforma laboral que está en vigencia, promoviendo y generalizando la precarización laboral en el país.

La crisis política contagia a todas las clases sociales y también se extiende a los trabajadores. Hay un clima creciente de insatisfacción y malestar en la clase obrera que viene siendo afectada por un retroceso de sus salarios y de sus condiciones de vida. En este cuadro, acaba de estallar la huelga de los metalúrgicos que ha paralizado las principales empresa del sector, en primer lugar, las automotrices. Ingresamos en una etapa más convulsiva de la lucha de clases, que plantea con más fuerza la necesidad de resolver la crisis de dirección de la clase obrera y poner en pie un partido revolucionario. 

jueves, 25 de enero de 2018

Patria contratista y discriminación contra los inmigrantes: dos aspectos del decretazo macrista

17 de enero de 2018 | #Prensa Obrera 1489 | Por Pablo Heller

En el decreto ómnibus del gobierno macrista han pasado en gran medida inadvertidos dos artículos.

Por un lado, aquel que reduce a cinco la cantidad de días para publicar en el Boletín Oficial el anuncio antes de lanzar una licitación. Es una vía, en la práctica, para achicar los oferentes “donde la discrecionalidad favorece a los amigos del poder” y “la información previa vale muchísimo”. Después de hacer tanta alharaca sobre la transparencia, se reiteran los manejos turbios que el macrismo criticaba al kirchnerismo. Por más diferencias que se puedan señalar entre uno y otro, tanto el gobierno actual como su antecesor son tributarios de la misma clase social, que se vale de sus vínculos con el Estado para armar y desarrollar sus negocios. Los Lázaro Báez y los Calcaterra son la norma, no la excepción.

Por otro lado, el mega-DNU endurece sensiblemente las condiciones migratorias. Dicha normativa fue rechazada por organismos de derechos humanos que lo consideran “una política regresiva”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que la modificación por decreto de la ley de Migraciones instaura como paradigma el “estado de sospecha
”. “Con el DNU todos los migrantes son sospechosos”, afirmó el organismo, que advirtió que la medida tendrá como efecto “el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica”. 



Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1489/politicas/patria-contratista-y-discriminacion-contra-los-inmigrantes



 

miércoles, 24 de enero de 2018

Decretazo: un ataque estratégico contra los trabajadores

17 de enero de 2018 | #Prensa Obrera 1489 | Por Pablo Heller
 
Decretazo


Apenas pocos días después de haber derogado la emergencia económica, el gobierno ha lanzado un decretazo que introduce cambios enormes de la legislación vigente, eludiendo una deliberación previa del Congreso. Importa señalar que estas modificaciones entrañan un gran ataque a los trabajadores. Estamos ante un paquete que avanza en la reforma jubilatoria, en el ajuste que ya está en curso anticipa la reforma laboral que el macrismo tienen en carpeta. El decretazo incluye otras medidas en el llamado “Plan de desburocratización y reforma del Estado”.

El paquetazo le otorga al Poder Ejecutivo facultades muy amplias y márgenes discrecionales de acción, para operar en áreas sensibles de la vida económica y social del país. Aunque haya dejado de regir la emergencia económica, el Poder Ejecutivo queda investido de superpoderes -o sea, una emergencia sin emergencia. El macrismo ha apelado para ello a un mega-DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia). Esto pone en evidencia, por un lado, la tendencia a crear estados de excepción en el marco del régimen social vigente y, por el otro, que ese estado se encuentra inscripto en la Constitución en términos potenciales y efectivos.

La Constitución provee a la democracia argentina de instrumentos legales para enfrentar una crisis de dominación a partir de la lucha de los trabajadores. La legalidad no consiste en otra cosa que en el perfeccionamiento de la extorsión, la coacción y la represión contra las clases explotadas. La concentración de poder en manos del Ejecutivo y la sujeción de los otros poderes (Judicial y Legislativo) al primero, están contemplados en la Constitución, empezando por el estado de sitio, o sea la suspensión de derechos y garantías ciudadanas, y las intervenciones federales. Por supuesto, cuando esto no es suficiente, la burguesía no vacila en violar la Constitución o algunas de sus normas, para someter a los trabajadores.

Importa señalar que este nuevo decretazo no podría haber prosperado sin el concurso de la oposición. Todo indica que “el gobierno se quedaría con el control total de la comisión que avala o rechaza los decretos” (Télam, 10/11).

Cambiemos busca asegurarse el control total de los DNU, dominando la comisión bicameral de trámite legislativo encargada de avalar o rechazar los decretos del Poder Ejecutivo. “La presidencia de la comisión y al menos la mitad de los integrantes quedarían en manos del oficialismo en los próximos días” (ídem). La oposición, de acuerdo a los trascendidos, le habría concedido la estratégica presidencia durante el primer año, con lo cual el macrismo se aseguraría la mayoría. De todas maneras, en el oficialismo del Senado confían también en que “el integrante del interbloque Parlamentario Federal sea un legislador de perfil dialoguista, para tenerlo como eventual aliado” (ídem). Mientras se pone el grito en el cielo contra la tentativa del gobierno de esquivar al Parlamento, se le despeja el terreno para que el decretazo pueda pasar. Es cierto que el paquetazo deberá pasar tarde o temprano por el Parlamento, pero no es indiferente que sea más tarde que temprano pues, en muchos puntos, la puesta en práctica de los cambios que contiene el DNU serían irreversibles, sin posibilidades de vuelta atrás.

Anticipo de la reforma laboral

El decretazo reduce las sanciones a las empresas por infracciones cometidas en el ámbito laboral. Las multas establecidas en la actualidad disminuyen y lo mismo ocurre con el tiempo en que las empresas figuran en el registro de infractores que se circunscribirá a un máximo de 30 días. La figuración en el registro representaba un impedimento para poder acceder a contratos del Estado, subsidios y ventajas impositivas.

Esto significa piedra libre para los capitalistas, ya que con sanciones irrisorias tienen un incentivo para seguir practicando los abusos laborales como viene ocurriendo hasta el momento.

Esta medida empalma con la del “blanqueo” planteado por el gobierno para las empresas que tienen personal en negro. Si alguna de ellas decide blanquear a los trabajadores que estén contratados de manera irregular, no deberán afrontar ninguna sanción por la falta cometida y se extinguirán los juicios que pudiera haber en marcha.

Además, el DNU facilita la posibilidad de embargar las cuentas sueldo. Es una disposición a medida de los bancos y acreedores. El Banco Central planteó que esta iniciativa ayuda a mejorar la calidad crediticia de los individuos, al poder dejar sus depósitos en garantía. Esto es simplemente la excusa; la realidad es que le facilita las cosas a las entidades financieras para cobrarse sus deudas. Ahora que se viene extendiendo la entrega de créditos hipotecarios, los bancos y operadores que entren en esa operatoria buscan curarse en salud por adelantado y tener un blindaje adicional en caso de que el sistema se desmadre y haya dificultades para cobrar las cuotas.

Ajuste y despido

Una de las cuestiones que ha quedada relegada a un segundo plano, quizá porque viene en un cuerpo separado del decretazo principal, es el llamado “Plan de desburocratización y reforma del Estado”.

La administración nacional dispuso congelar la contratación de personal en las dependencias del Poder Ejecutivo. El recorte de cargos jerárquicos es utilizado como pantalla de humo para proceder a una amplia racionalización del personal, empezando por los contratados.
Se contempla la instrumentación de un plan de mejoras salariales que estarán atadas a la productividad. Para la evaluación, en primer lugar, se tomará en consideración el presentismo de los empleados públicos. El objetivo es instalar una especie de lo que en el gobierno definen como “meritocracia”, con premios y castigos para los trabajadores estatales.

Obviamente, en este punto, la nueva disposición empalma con la reforma laboral que está en marcha. El salario podría determinarse a fin de cada mes en función del cumplimiento de metas. “Esto será un pago adicional y si se cumplen los objetivos, el plus salarial podrá alcanzar, a fin de año, entre uno y dos salarios más”.

Extensión de la reforma jubilatoria

Uno de los puntos centrales -sino el central- del decretazo es que echa mano de los fondos de la Anses. El Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) pasa ser un botín de los bancos y de la especulación. La normativa habilita al FGS a crear fideicomisos y “a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias” (ídem). Las nuevas atribuciones potencian la capacidad del Fondo para ofrecer parte de su cartera para garantizar deuda. Eso implica, por ejemplo, que el organismo podrá ofrecer títulos o acciones como garantía de los proyectos de inversión realizados bajo el esquema de Participación Público Privada o, más preocupante aún, para otro tipo de ingeniería financiera de carácter especulativo. La decisión, en definitiva, incrementará los riesgos que puede asumir el fondo y, por lo tanto, el peligro de un vaciamiento. Estamos en presencia de una desnaturalización total de los fondos de la Anses, cuya función es garantizar los haberes de los jubilados y como tal, deberían invertirse en colocaciones seguras. Si algo faltaba para convertir a la Anses en una gran AFJP, el decretazo avanza en la tarea de completar la obra. Bajo la nueva normativa, hay que olvidarse de que los fondos del organismo previsional sean aplicados a una mejora y recomposición de los haberes. Esto empalma con la tentativa de restablecer la jubilación privada que va de la mano con el desfinanciamiento del organismo. Si se pretende acceder a una jubilación superior a la mínima habría que aportar -de acuerdo a los proyectos oficiales en preparación- una suma adicional, administrada por una entidad privada.

Abajo el decretazo y el paquetazo antiobrero. No a esta reforma laboral y reforma jubilatoria encubierta. Ningún despido. Estamos en presencia de un ataque estratégico, lo que pone al rojo vivo la necesidad de una repuesta colectiva de la clase obrera a la altura de la situación que enfrentamos.

martes, 23 de enero de 2018

Triunfo: liberaron a Arakaki y Ponce. Reclamamos el desprocesamiento y el cierre de la causa

23 de enero de 2018 
 
LIBERTAD A CESAR ARAKAKI Y A DIMAS PONCE

Declaración del Partido Obrero

1) El juez Torres dictó la liberación de los militantes del Partido Obrero Cesar Arakaki y Dimas Ponce. Su liberación, en el cuadro de una amplia campaña popular por la misma que había sido denegada en cinco instancias anteriores, es una innegable conquista popular, pero su procesamiento y los términos en los que el Juez se refiere a la movilización del 18 de diciembre implican un grave ataque a la movilización popular y al derecho a la protesta social, que avanza en una línea de criminalización promovida desde el gobierno.

2) En la resolución, el juez Torres reconoce lo que explicamos desde un primer momento públicamente y en los escritos judiciales presentados ante el Juzgado Federal n°12, la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal: la completa ausencia de pruebas que justificaran que Arakaki y Ponce sean imputados y encerrados por las acusaciones de la causa. Ello, luego de que Cesar Arakaki pasara injustamente 26 días en prisión y Dimas Ponce, 15.

3) De manera incongruente con esta conclusión que es finalmente demostrada y aceptada en la resolución, Torres decidió procesar a ambos militantes. El procesamiento de Arakaki y Dimas es una arbitrariedad completa: aclarado que no puede demostrar las acusaciones en curso contra ellos, los procesa por solamente haber participado de la movilización. De ella, Torres desarrolla una evaluación subjetiva de la cual saca conclusiones inspiradas en las declaraciones de los funcionarios del gobierno. Así, acredita hechos y, aún más, da por probadas serias acusaciones con su apreciación personal, criminalizante, de la movilización del 18 de diciembre. De una manera muy peligrosa, el Juez lanza una condena general la movilización como tal y, en consecuencia, a las organizaciones políticas, sociales y sindicatos que participaron en ella. La acción colectiva y coordinada a la que se refiere Torres no es otra cosa que el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, partidos políticos, centros de estudiantes, etc.

4) Llamamos la atención que, contradictoriamente con la evaluación criminal que Torres hace de una movilización de 300.000 personas, no sostiene lo mismo respecto del accionar de los policías procesados. Torres no considera la existencia de ningún plan represivo, cuando efectivamente son las fuerzas de seguridad las que aplican la violencia organizada, bajo los lineamientos y las órdenes de las máximas autoridades y del poder político. El Juez absuelve al Estado y al aparato de represión y solo procesa a dos policías por supuestos “excesos”. A los compañeros, en cambio, los procesa por ser parte de una supuesta acción coordinada, que no fue otra que la de manifestar y defender el derecho de permanecer manifestando a pesar de la brutal represión.

5) Finalmente, Torres llama al gobierno nacional a valerse de un protocolo represivo para que desde el Estado se norme la protesta social. Con ello, cercena el derecho más importante de la democracia política: el derecho a reclamar ante el Estado, responsable último de las necesidades sociales más sentidas y de las imposición de políticas negativas y contra la voluntad del pueblo, como la reforma previsional. Darle al Estado mayores herramientas para reglar las protestas que a él se dirigen es anular el propio y democrático derecho a la protesta. Torres refuerza la orientación de responder con el aparato represivo a los reclamos sociales, a la que con este llamado desde el mismo Poder Judicial le otorga amparo jurídico explícitamente.

6) El alcance del procesamiento y las conclusiones del juez Torres resultan alarmantes para el conjunto del movimiento popular. Reclamamos el desprocesamiento inmediato de Cesar Arakaki y Dimas Ponce, el cierre de la causa, la investigación del accionar de todos los policías y de la fuerza policial, y las órdenes impartidas por el poder político, la libertad de los manifestantes del 14 de diciembre y el fin de la criminalización de la protesta social. 



 



Fuente:http://www.po.org.ar/comunicados/politicas/triunfo-liberaron-a-arakaki-y-ponce-reclamamos-el-desprocesamiento-y-el-cierre-de-la-causa

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Politica Obrera