A pesar de los improperios, la maratónica audiencia del Congreso que
interrogó al ministro de Energía, Juan Aranguren, fue en lo esencial un
acto de encubrimiento en favor de los gestores del tarifazo. Al
realizar esta audiencia, los partidos de la oposición evitaron tratar
cualquier resolución que anulara los aumentos. Esto fue lo que el bloque
de Massa le “consiguió” al gobierno en la última sesión plenaria; a
saber, que la intervención parlamentaria contra las tarifas no pasara de
una andanada de discursos -como ocurrió, precisamente, en las ocho
largas horas del martes 16.
De todos modos, la audiencia desnudó el verdadero carácter del
tarifazo, y la complicidad de los actuales “opositores” en la
confiscación a los usuarios y en el vaciamiento energético. A poco de
andar, el debate se concentró en la cuestión crucial: que los
“liberales” y partidarios “del mercado” le están reconociendo a los
pulpos un valor de extracción del petróleo superior en un 50% al precio
internacional, y que el precio del gas en boca de pozo duplica o
triplica, según el caso, al del mercado americano.
Los subsidios
-presentados por opositores y oficialistas como si tuvieran un destino
“social”- sostienen, en realidad, al puñado de monopolios petroleros que
han apelado al rescate estatal para zafar del derrumbe de los precios
internacionales de los hidrocarburos. En su exposición, Néstor Pitrola
citó una información aportada por un director de YPF a sus accionistas
extranjeros, dando cuenta de un costo de extracción del petróleo de 12
dólares el barril -¡menos del 20% de lo que reciben hoy los pulpos!
Naturalmente, Aranguren se negó a responder sobre la cuestión crucial de
cuáles son los reales costos de producción del petróleo y el gas. En la
audiencia se filtraron las evidencias de un gigantesco rescate al
capital, que han pagado trabajadores y consumidores.
Kirchnerismo
Aranguren fue certero, sin embargo, cuando explicó que los sobreprecios
que cobran los monopolios petroleros “no los pusimos nosotros, sino el
ministro (Axel) Kicillof”. En efecto, el tarifazo nació bajo el gobierno
“nacional y popular”. Después de consentir el vaciamiento de las
reservas energéticas en beneficio de Repsol y de empresarios “amigos”
(Ezkenazi), el kirchnerismo reestatizó parcialmente YPF para trazar otra
asociación estratégica con el capital internacional, esta vez, de la
mano de Chevron y otras petroleras. Los K financiaron esta nueva alianza
a costa de tarifazos en las naftas, por un lado, y premiaron con
sobreprecios a la extracción de gas y petróleo, por el otro. En la larga
audiencia, Aranguren reivindicó esta política de los K, y Kicillof se
encargó de explicarla: “Lo hicimos para recuperar la producción de
hidrocarburos”. Pero ¿no es ése el argumento de Aranguren-Macri? Los
grupos petroleros extorsionan al país con el vaciamiento energético que
ellos mismos provocaron. Nuestra intervención puso de relieve también el
encubrimiento macrista de los subsidios kirchneristas: Aranguren dijo
“no dispongo de esas cifras”, ante el requerimiento del destino de los
30 mil millones de dólares de subsidios que recibieron las operadoras
de la energía en los últimos 15 años. El tarifazo a libro cerrado es
política de Estado, sea más o menos gradual. Abrir sus libros es la
política de la clase obrera.
Coalición del tarifazo
La ausencia de De Vido en la interpelación del martes fue sólo el
síntoma de una deserción más amplia. Mientras los “opositores” se
desgañitaban contra Aranguren, sus gobernadores -sean del PJ, del FpV o
del massismo- hacían cola ante el gobierno para refrendar el tarifazo.
En el caso de las provincias petroleras, los Sapag y otros temen que un
freno a los aumentos reduzca las regalías petroleras y mine los ingresos
de sus tesoros en quiebra. En vez de sacar a la luz los negociados de
la patria contratista (¡López tenía socios en todos lados!), prefieren
transferirle la bancarrota a trabajadores y usuarios. Entre estos
distritos, está la kirchnerista Santa Cruz. En el caso de las provincias
no petroleras, el apoyo al tarifazo corre a cuenta de la devolución de
los fondos coparticipables, que el gobierno saca de la caja de los
jubilados. No sorprende, en este cuadro, la brutal presión política y
mediática sobre la Corte Suprema, para que el fallo de este jueves
convalide el tarifazo. Los defensores de la “independencia de poderes” y
el “republicanismo” no han vacilado, en los últimos días, en exigir
prescindencia a los máximos jueces. La neutralización del Congreso y de
la Corte, en esta cuestión, es una prueba de fuerza que se proyecta de
cara a toda la agenda antiobrera y entreguista que se viene.
La lucha contra el tarifazo tuvo otra gran borrada: la de la burocracia
sindical, que no ha abierto la boca en toda esta crisis. Una parte de
los burócratas de los sindicatos de energía y de servicios públicos-
aspiran a salvar sus paritarias con los aumentos de tarifas. Los
tarifazos, sin embargo, no han impedido las paritarias a la baja, ni
tampoco las suspensiones y despidos. Aranguren justificó los aumentos en
nombre de “los puestos de trabajo” en la industria petrolera. Pero los
despidos en los yacimientos no cesan -y provocaron una oleada de
ocupaciones de pozos entre los petroleros del sur. En verdad, los
tarifazos no han “salvado el empleo”, sino que financiaron
transferencias y reconversiones empresarias a costa de los trabajadores y
sus conquistas.
El tarifazo ha puesto de manifiesto la completa caducidad del régimen
de privatizaciones que armó el menemismo en los ’90. Este régimen debutó
con la dolarización de tarifas y un masivo endeudamiento público y
privado; luego fue rescatado por el kirchnerismo, cuando subsidió a los
privatizadores y toleró la más completa desinversión, y ahora pretende
revivirlo el macrismo a costa de tarifazos y de un nuevo hipotecamiento
nacional.
El más elemental interés nacional plantea el pasaje al control público
de toda la industria petrolera, y destinar los recursos estatales, no al
rescate de los parásitos, sino de la recuperación del patrimonio
energético. Este es el programa que defendieron nuestros diputados y
sostuvimos en las calles. La lucha por la anulación del tarifazo y por
la reapertura de las paritarias son las cuestiones centrales que
motorizan el reclamo por un paro nacional y un plan de lucha, que el
clasismo levantó en la gran jornada del pasado 9 de agosto.
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