Por Romina Del Plá
El primer mes de debate en el Congreso sobre el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ha mostrado diversos aspectos de esta lucha que lleva tantos años por parte del movimiento de mujeres.
Mientras en todo el país se multiplican los pañuelazos, movilizaciones, charlas y debates, que ganan terreno en escuelas, universidades, lugares de trabajo y sindicatos, y a la luz de esta etapa que cuenta con la irrupción de la juventud a la vanguardia de la lucha por este derecho, y por una educación sexual laica y científica, en el Congreso se suceden los expositores en favor y en contra.
Todos los expositores a favor han sido muy sólidos en fundamentar sus argumentos desde todos los ángulos: la salud pública, lo político, lo económico, lo social, lo jurídico.
Ha quedado muy claro por qué es necesaria una ley de legalización del aborto, superando los límites de la mera despenalización y los abortos no punibles. Quedó demostrado que no se cumplen los protocolos de aborto no punible ni las leyes de Educación Sexual Integral, ni las políticas en relación con la anticoncepción y la salud reproductiva. Estas normas están siendo obturadas por los mismos sectores gubernamentales y clericales que dominan las prácticas profesionales imponiendo criterios oscurantistas y contrarios a los derechos de las mujeres. Se ha visto claro en el caso de Ana María Acevedo, y en las denuncias de expositoras de Jujuy y La Rioja, por ejemplo, sobre la falta de información a la juventud sobre la salud y el desarrollo de la sexualidad y la anticoncepción en distintas provincias.
Del lado de los que se oponen hemos escuchado atrocidades contra los derechos de la mujer y aberraciones de interpretación jurídica. Han cambiado cifras y datos, y planteado que hay que retroceder, no avanzar (por ejemplo, anulando los abortos no punibles y haciendo eje en que los embarazos frutos de violaciones deben ser llevados a término como una medida de “sanación” hacia la mujer violada ¡!).
Alertamos sobre una manipulación: la idea de que haya mitad y mitad de los y las oradores está expresando una distorsión. No es la realidad social. Están sobrerepresentados los sectores que están en contra del aborto: la mayoría de los oradores vienen financiados por la Universidad Católica Argentina y la Universidad Austral. Se intenta generar una impresión de paridad de opiniones completamente ajena a la realidad. Y sobre esa falsa impresión es que se recuesta el macrismo para presionar en la degradación del contenido del proyecto a tratar finalmente en el recinto.
Operativo degradación del proyecto
En este punto es fundamental el tratamiento del dictamen, sobre el cual no se ha avanzado. El proyecto de la Campaña Nacional es el que debe respetarse. Los otros nueve proyectos que se presentaron por diputados que firman también el de la Campaña tienen, en algunos casos, aspectos complementarios o ampliatorios y, en otros, aspectos seriamente limitantes del acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
Los puntos centrales de esas limitaciones -y que rechazamos que se incorporen en el dictamen- son tres. Primero, la obligatoriedad de que equipos interdisciplinarios se entrevisten y acompañen a la persona que solicita la interrupción del embarazo. Además del obstáculo que puede significar la orientación de ese equipo y la dilación de los “días de reflexión” que se imponen a la mujer hasta que se lleva adelante la práctica (de uno a cinco días según el proyecto y al estilo de la ley uruguaya), se presenta la dificultad de existencia de esos equipos en los centros de salud alejados de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Esta advertencia fue remarcada por expositoras del interior al afirmar que, de incorporarse tal requisito, podía convertir en abstracto e inaccesible el derecho al aborto.
El segundo punto es el referido al “privilegio” de objeción de conciencia por parte de los médicos y profesionales de la salud. El reconocimiento de este privilegio, aún prohibiendo la objeción institucional y exigiendo declararse objetor con anticipación, genera una presión de la Iglesia y la corporación que domina la práctica de la medicina sobre todos los profesionales, que dejaría a muchos centros de salud sin profesionales para garantizar el acceso a la práctica solicitada y a la mujer en un laberinto de derivaciones que puede implicar la negativa al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es lo que ya ocurre en muchas provincias y centros de salud en relación con los abortos no punibles.
Por último, hay críticas a que las adolescentes de entre 13 y 16 años puedan solicitar el acceso a la práctica sin autorización de alguno de sus padres o tutores. Quieren someter a la juventud a una tutela que impida y limite el acceso a la información, anticoncepción y también al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esto implica desconocer la trágica extensión de los abusos intrafamiliares que sufren muchas menores (a quienes se les solicitaría autorización del padre abusador, por ejemplo) y una violación de la autonomía progresiva de niñas y adolescentes, que es su derecho a ser escuchadas y tomar decisiones de acuerdo con su madurez y sus capacidades.
Entramos en el tramo final. Las exposiciones continúan hasta el 31 de mayo. Luego de una o dos reuniones del plenario para dictaminar, se proyecta llegar al recinto el 13 de junio.
Es el momento de reforzar la movilización popular que se viene expresando en todos los rincones del país, los martes verdes y los pañuelazos. Una de las fechas fundamentales va a ser el Ni Una Menos, donde el aborto indudablemente tiene que tener un rol protagónico.
Es fundamental para que no haya alteración de la voluntad popular que está clamando por dar una resolución a los abortos clandestinos y a la falta de derechos de la mujer.
Como expresó nuestra joven compañera Manu, en su brillante intervención, “es necesario avanzar con la separación definitiva de la Iglesia del Estado”.
Fuente:http://www.prensaobrera.com/prensaObrera/1502/mujer/aborto-legal-el-tramo-final
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