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martes, 12 de mayo de 2015

Política y prostitución

| Edición Impresa #1362 | Por Vanina Biasi - @vaninabiasi

El hijo de Uribarri, gobernador de Entre Ríos y EX candidato a presidente por el FpV, está acusado de formar parte de una red de prostitución de niñas y mujeres. Por el caso que incrimina también al senador Cresto, se encuentra detenido un locutor de Concordia, Carlos Alfonso, con quien encontraron a la niña rescatada, que había sido violada y drogada (ver nota Carla Deiana). Las redes de trata que denuncia Marta Pelloni hicieron desaparecer hace once años a Fernanda Aguirre. La falta de investigación del caso abrió las puertas a la proliferación de este negocio durante la era kirchnerista.
 
En Viedma, jueces y funcionarios llevaban adelante la explotación sexual de menores que estaban institucionalizadas en el Centro de Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia (Caina), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El caso, denunciado hace un año, recién salta a la luz hoy como resultado de la interna entre Wereltinek y Pichetto, aliados políticos hasta hace un tiempo (www.cor.to/poviedma).
 
En 2012, Macri salía fotografiado con el número dos de la ex Side, Raúl Martins, en México. Hace pocos días atrás, la Justicia le cerró uno de los boliches en los que el funcionario se dedicaba a explotar la prostitución, deporte que practicó siempre estando en el servicio de inteligencia del Estado sin que sus mandantes, el gobierno nacional, hiciera nada para evitarlo. Los servicios participan activamente de este negocio sin que jamás desde el poder político se diga nada.
 
 
En 2012, Tati Piñeiro fue asesinada en Misiones en una fiesta organizada por el sobrino del intendente de Puerto Esperanza, hijo del diputado Gruber, todos parte del espacio político del gobernador kirchnerista Maurice Closs. La familia denunció que en dichas fiestas prostituían a chicas del pueblo y circulaba droga para "ablandarlas".
 
 
En septiembre de 2014 renunció el coordinador del gabinete municipal de Rosario, José Trigueros, de la intendencia socialista de Mónica Fein. El hijo del funcionario regenteaba un espacio de internet en el que se ofrecía a mujeres para su explotación sexual. Si bien la explotación sexual está penada hace casi un siglo en Argentina, la intendenta socialista practicó la curiosa defensa de que esa actividad, la de los ofrecimientos por internet, recién había sido penada en 2012.
 
 
En Salta, los intendentes de Salvador Mazza y de El Bordo fueron encontrados "in fraganti" abusando de menores, a la vez que saltaban las denuncias de desfalcos contra el Estado y explotación laboral.
 
 
Este muestreo incluye apenas una ínfima porción del vínculo entre el Estado y la explotación sexual. El gobierno ha usado la consigna de "Sin clientes no hay prostitución" como una manera de desviar culpas sobre su propia responsabilidad al respecto de esta barbarie. Nunca pasó de enarbolar una consigna distraccionista.
 
 
Algunas de las denuncias sobre este tema son realizadas por la Fundación La Alameda, dirigida por Gustavo Vera, quien ingresó a la Legislatura gracias a su integración dentro del Unen y que fue en internas con el burócrata sindical de Apops, Luis Fabré. Por un lado, se realizan fuertes denuncias que hacen a la esencia del régimen político, por el otro se desarrollan espacios políticos totalmente vinculados con estas prácticas, burócratas sindicales como la CGT moyanista u otros sectores políticos como los radicales, que acumulan en su haber decenas de intendencias promotoras del proxenetismo en todo el país.
 
 
La década kirchnerista concluye con no menos de 1.500 mujeres por año sometidas a la trata de personas y con la consolidación de la desaparición de mujeres como Marita, Fernanda Aguirre y tantas otras. Este negocio alimenta las cajas negras de la política y de la policía y es la fuente de liquidez económica de grandes inversiones capitalistas que lavan su dinero a través del turismo, el deporte, el juego privado y la banca. La tarea incluye la claridad a la hora de plantear las metas reivindicativas y políticas.
 
 
El enemigo número uno y culpable de estos crímenes es el Estado y sus gobiernos. La construcción de una alternativa política anticapitalista y socialista resulta fundamental para encarar la tarea de liberar a las mujeres y a los niños del yugo de esta barbarie.
 

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