Por
Marcelo Ramal
El paquete de medidas anunciadas por Dujovne-Macri para ofrendarle al FMI conlleva nuevas y graves agresiones a los trabajadores. Entre ellas, la “compactación de ministerios”, que abre la puerta de despidos -en primer lugar, de los miles de contratados y precarios que llenan las planillas del Estado. La decisión de transferir el sistema de subsidios a las provincias, por otra parte, será la antesala de mayores tarifazos en el transporte.
El gobierno ha publicitado el nuevo régimen de retenciones fijas a los exportadores agrarios e industriales como un tributo a “los que más tienen”. Lo cierto es que estas retenciones -que equivalen hoy al 10% del valor exportado- son una parte menor de los beneficios arrancados con la devaluación de la moneda, que supera el 100% desde que comenzó la corrida cambiaria. El impuesto “fijo”, además, se licúa con la devaluación y la inflación. O sea que actuará como un incentivo para que los exportadores retengan la cosecha o la liquidación de sus divisas para empujar al dólar a nuevas subas. Para vehiculizar esa extorsión al interior del gobierno -“pelearla desde adentro”, el sojero Etchevehere ha decidido quedarse en el gabinete.
Desconfianza
Pero la respuesta de los especuladores -e incluso de los aliados mediáticos del gobierno- al plan de “déficit cero” ha sido brutalmente negativa. Mientras el dólar continuó subiendo, las reservas cayeron en casi 1.000 millones de dólares en dos días. Al remate de divisas para frenar la corrida, se suma ahora el retiro de depósitos de los bancos, de casi 500 millones de dólares desde que comenzó el mes. El pretendido déficit cero ha servido para refrendar el carácter antiobrero del gobierno, pero no le abre ninguna perspectiva a su derrumbe económico y político. El déficit corriente que el gobierno pretende conjugar es apenas la quinta parte de los actuales pagos por intereses de deuda -déficit financiero-, los cuales continuarán creciendo como resultado de la propia devaluación, que ha llevado la carga de la deuda pública al 85% del PBI. Ese “ratio” de deuda puede escalar todavía más hacia fin de año, dada la recesión y caída del PBI y la tendencia alcista del dólar.
El pago o renovación de la deuda usuraria es, precisamente, lo que se encuentra en cuestión. Para 2019, y descontando los fondos del FMI, el gobierno tiene “todavía una necesidad de obtener 34.100 millones de dólares en el mercado, de los cuales 8.400 millones implican nuevo financiamiento y el resto son renovaciones” (Cronista, 5/9). Pero son las renovaciones las que están en cuestión, aunque el gobierno lo niegue. El Financial Times informa de las pérdidas cuantiosas de los fondos de inversión que sostuvieron o retornaron fondos a Argentina cuando se firmó el acuerdo con el FMI -entre ellos, Templeton, Pimco, BlackRock y Fidelity. Todos ellos compraron valores ‘locales’, a la espera de una estabilización de la moneda. Pero desde el acuerdo con el FMI hasta hoy, el dólar pasó de 24 a 40 pesos. Por eso, los analistas prevén que “nadie regresa en el corto plazo a financiar a Macri” (3/9).
A la luz de este escenario, las contradicciones del “nuevo” acuerdo que Macri-Dujovne han ido a buscar a Washington están a la vista. Además de pedir un adelanto de los fondos previstos, el gobierno quiere la venia del Fondo para utilizar esos recursos en la contención de la corrida cambiaria. ¡Pero es lo que el gobierno ha venido haciendo hasta ahora sin ningún resultado! Desde junio hasta hoy, Dujovne-Caputo rifaron el 70% de los recursos aportados por el Fondo, mientras que el riesgo país crecía de 400 a 800 puntos. El ministro argentino insistirá, por lo tanto, en una línea que ya ha fracasado, y los funcionarios del FMI lo saben. Según informan algunos, Caputo se bajó del avión a sabiendas de que el Fondo insistirá en que el valor del dólar se vaya “tan alto como lo indique el mercado” -o sea, un escenario de nuevas devaluaciones. A esta perspectiva desintegradora, el FMI le agregaría las exigencias de un remate definitivo del Fondo de Garantía de la Anses y la sanción de la reforma laboral. Algunas versiones dan cuenta de un plan de canje de títulos de deuda argentina por derechos de explotación de los yacimientos de Vaca Muerta.
Crisis política
Pero nadie ignora que la mayor objeción de los especuladores -y de buena parte de los capitalistas locales- es “política”. O sea, sobre la capacidad del golpeado gobierno Cambiemos para gestionar el descalabro de su propia política. A la desconfianza del capital financiero se suman ahora los reclamos del ‘complejo automotriz’ -que deberá aportar 500 millones de dólares anuales por retenciones- y los del capital petrolero y gasífero, para el cual la megadevaluación ha tornado inviable el régimen oficial de tarifazos. El gobierno del “gabinete chico” debe introducir medidas de arbitraje e intervención estatal sin contar con los recursos políticos para ello. Aunque ha logrado la complicidad del pejota para el Presupuesto ajustador de 2019, la magnitud de la crisis exige un compromiso más amplio -un sector de la burguesía clama ya por un “gabinete de unidad nacional”, para pilotear una conmoción social y popular en ascenso (ver editorial). La seudo-oposición mide sus pasos, pero está comprometida a fondo en el “hay 2019” -o sea, en asegurar la gobernabilidad de los ajustadores, aunque ello pudiera representar un retroceso social sin precedentes. Para poner a salvo las reivindicaciones y derechos más elementales, es necesario ponerle fin a un régimen social y político confiscatorio que ha tocado fondo.
El gobierno ha publicitado el nuevo régimen de retenciones fijas a los exportadores agrarios e industriales como un tributo a “los que más tienen”. Lo cierto es que estas retenciones -que equivalen hoy al 10% del valor exportado- son una parte menor de los beneficios arrancados con la devaluación de la moneda, que supera el 100% desde que comenzó la corrida cambiaria. El impuesto “fijo”, además, se licúa con la devaluación y la inflación. O sea que actuará como un incentivo para que los exportadores retengan la cosecha o la liquidación de sus divisas para empujar al dólar a nuevas subas. Para vehiculizar esa extorsión al interior del gobierno -“pelearla desde adentro”, el sojero Etchevehere ha decidido quedarse en el gabinete.
Desconfianza
Pero la respuesta de los especuladores -e incluso de los aliados mediáticos del gobierno- al plan de “déficit cero” ha sido brutalmente negativa. Mientras el dólar continuó subiendo, las reservas cayeron en casi 1.000 millones de dólares en dos días. Al remate de divisas para frenar la corrida, se suma ahora el retiro de depósitos de los bancos, de casi 500 millones de dólares desde que comenzó el mes. El pretendido déficit cero ha servido para refrendar el carácter antiobrero del gobierno, pero no le abre ninguna perspectiva a su derrumbe económico y político. El déficit corriente que el gobierno pretende conjugar es apenas la quinta parte de los actuales pagos por intereses de deuda -déficit financiero-, los cuales continuarán creciendo como resultado de la propia devaluación, que ha llevado la carga de la deuda pública al 85% del PBI. Ese “ratio” de deuda puede escalar todavía más hacia fin de año, dada la recesión y caída del PBI y la tendencia alcista del dólar.
El pago o renovación de la deuda usuraria es, precisamente, lo que se encuentra en cuestión. Para 2019, y descontando los fondos del FMI, el gobierno tiene “todavía una necesidad de obtener 34.100 millones de dólares en el mercado, de los cuales 8.400 millones implican nuevo financiamiento y el resto son renovaciones” (Cronista, 5/9). Pero son las renovaciones las que están en cuestión, aunque el gobierno lo niegue. El Financial Times informa de las pérdidas cuantiosas de los fondos de inversión que sostuvieron o retornaron fondos a Argentina cuando se firmó el acuerdo con el FMI -entre ellos, Templeton, Pimco, BlackRock y Fidelity. Todos ellos compraron valores ‘locales’, a la espera de una estabilización de la moneda. Pero desde el acuerdo con el FMI hasta hoy, el dólar pasó de 24 a 40 pesos. Por eso, los analistas prevén que “nadie regresa en el corto plazo a financiar a Macri” (3/9).
A la luz de este escenario, las contradicciones del “nuevo” acuerdo que Macri-Dujovne han ido a buscar a Washington están a la vista. Además de pedir un adelanto de los fondos previstos, el gobierno quiere la venia del Fondo para utilizar esos recursos en la contención de la corrida cambiaria. ¡Pero es lo que el gobierno ha venido haciendo hasta ahora sin ningún resultado! Desde junio hasta hoy, Dujovne-Caputo rifaron el 70% de los recursos aportados por el Fondo, mientras que el riesgo país crecía de 400 a 800 puntos. El ministro argentino insistirá, por lo tanto, en una línea que ya ha fracasado, y los funcionarios del FMI lo saben. Según informan algunos, Caputo se bajó del avión a sabiendas de que el Fondo insistirá en que el valor del dólar se vaya “tan alto como lo indique el mercado” -o sea, un escenario de nuevas devaluaciones. A esta perspectiva desintegradora, el FMI le agregaría las exigencias de un remate definitivo del Fondo de Garantía de la Anses y la sanción de la reforma laboral. Algunas versiones dan cuenta de un plan de canje de títulos de deuda argentina por derechos de explotación de los yacimientos de Vaca Muerta.
Crisis política
Pero nadie ignora que la mayor objeción de los especuladores -y de buena parte de los capitalistas locales- es “política”. O sea, sobre la capacidad del golpeado gobierno Cambiemos para gestionar el descalabro de su propia política. A la desconfianza del capital financiero se suman ahora los reclamos del ‘complejo automotriz’ -que deberá aportar 500 millones de dólares anuales por retenciones- y los del capital petrolero y gasífero, para el cual la megadevaluación ha tornado inviable el régimen oficial de tarifazos. El gobierno del “gabinete chico” debe introducir medidas de arbitraje e intervención estatal sin contar con los recursos políticos para ello. Aunque ha logrado la complicidad del pejota para el Presupuesto ajustador de 2019, la magnitud de la crisis exige un compromiso más amplio -un sector de la burguesía clama ya por un “gabinete de unidad nacional”, para pilotear una conmoción social y popular en ascenso (ver editorial). La seudo-oposición mide sus pasos, pero está comprometida a fondo en el “hay 2019” -o sea, en asegurar la gobernabilidad de los ajustadores, aunque ello pudiera representar un retroceso social sin precedentes. Para poner a salvo las reivindicaciones y derechos más elementales, es necesario ponerle fin a un régimen social y político confiscatorio que ha tocado fondo.
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