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viernes, 13 de enero de 2017

Abajo la represión policial contra los manteros

2 de enero de 2017 | #Prensa Obrera 1444 | Por Carla Deiana


Con un operativo policial descomunal, el gobierno porteño desalojó a los manteros de la zona de Once. Los trabajadores resistieron la medida y tras la represión se reagruparon en un piquete que aún continúa en la intersección de Rivadavia y Pueyrredón. Como resultado de la represión quedaron cuatro vendedores detenidos.
Entre 1.500 y 3.000 personas son las que por día trabajan en esa zona y fueron desplazadas. Su futuro es incierto, dado que no está clara la relocalización de los puestos. Los destinos que en su momento barajó Horacio Rodríguez Larreta (Parque de la Estación, Plaza Fumarola) fueron rechazados por los vecinos.

Los manteros advierten que sus pares desalojados de la Avenida Avellaneda y del barrio de Caballito (unos 5.000) en general no fueron relocalizados, y que los pocos trasladados terminaron en algún galpón inaccesible y, por lo tanto, no apto para la venta al público. Según manifestó uno de los voceros del conflicto, el gobierno habría ofrecido ubicarlos en lugares apartados de la circulación y por ello inadecuados para la actividad de venta callejera.
“Se actúa contra las organizaciones delictivas que se apropian del espacio público, lucran con la pobreza, evaden impuestos, lavan dinero, se aprovechan del trabajo esclavo y perjudican al comercio legal establecido”, declaró el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco (Clarín, 10/1) para justificar la represión sobre hombres, mujeres y niños, de familias pobres de la Ciudad.

La realidad es que el Estado apuntó sus cañones exclusivamente contra los desocupados, cuyo único y precario sustento es la venta ambulante de ropa, juguetes, baratijas y comidas típicas. El intento del gobierno de presentar esta acción como un enfrentamiento contra las mafias es una impostura, como lo demuestran los talleres clandestinos, redes de tratas o mafias delictivas que proliferan en Balvanera a ojos vistas de la población y que operan gracias a la zona liberada por la Policía Federal del barrio. Ninguno de ellos fue vulnerado por los operativos policiales de hoy.

Si se propusiera terminar con el delito organizado, el gobierno debería desmantelar el aparato represivo, sin cuya participación es imposible que aquél exista.

Por otra parte, el propio fiscal señaló que “los manteros nunca tuvieron autorización para vender sus productos allí (...) la única manera de estar allí era coimeando a la policía”. Los grandes articuladores del negocio de la venta ilegal -o sea, los dueños de los talleres clandestinos y sus mayoristas- actúan con la complicidad cotidiana de la policía y del propio Estado, que han hecho de barrios enteros verdaderas zonas liberadas para que puedan actuar.

Para aparentar cierta sensibilidad social, la subsecretaria de Espacio Público de la Ciudad dijo que existirá “un censo donde los vendedores de buena fe pueden registrarse, dando su domicilio privado y DNI para crear un monotributo social y así poder trabajar de forma legal”, una medida improcedente con un fuerte contenido discriminatorio contra la población migrante, mano de obra barata de los esclavistas y las mafias que actúan bajo el amparo estatal. Queda demostrado una vez más que el monotributo social (promovido por las organizaciones sociales cercanas al Papa, que pactaron una tregua con el gobierno de Cambiemos), es el salvoconducto para eternizar la precarización laboral en oposición al trabajo genuino.

Respecto del problema impositivo -uno de los ejes del debate respecto de la venta callejera que opone a los manteros a los comerciantes que cuentan con un local-, el desalojo de los manteros revela la doble vara con la que los partidos del régimen y el gobierno miden los deberes y derechos de trabajadores y capitalistas. Como señaló Marcelo Ramal, los partidos del régimen vienen de beneficiar ampliamente a quienes fugaron capitales del país con el blanqueo.

El legislador porteño declaró también: “la crisis abierta en la Ciudad en torno de la formación de la policía unificada tiene por eje la defensa de los negocios de los comisarios, entre los que se cuenta el manejo y la extorsión sobre la venta callejera. En este sentido, la represión de hoy es una cortina de humo sobre esa crisis y esa complicidad. Repudiamos la represión y defendemos el derecho al trabajo para los desalojados y reprimidos por la policía”.

En un país con el 9% de desocupación -según los datos oficiales y en el que hubo 250.000 despidos-, esta medida del gobierno refuerza la ofensiva general contra los trabajadores y la clase obrera. Y refuerza también la necesidad de que ocupados y desocupados unifiquen la lucha por trabajo genuino.

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Politica Obrera

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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