Por Manuel Facundo Correa y Luciano Gabriel Uzal*.
Entre quienes asistimos al foro de Justicia Legítima no había solo abogados, jueces, fiscales, defensores y funcionarios públicos del Poder Judicial. Circulamos también quienes venimos de otras disciplinas y nos preguntamos en qué consistiría un aporte desde la antropología al movimiento que viene encarando la Justicia.
"Justicia Legítima" es una primera denuncia: rompe la correspondencia espontánea que realizamos entre justicia y legitimidad. ¿Cómo puede existir una justicia no legitima? El término justicia se desdobla como valor formal abstracto y como institución histórico-política. Así, la convocatoria es un primer diagnóstico. Parte de que la Justicia como institución fomenta y aumenta las desigualdades protegiendo el lucro de corporaciones, empresarios y funcionarios corruptos. Una justicia que procesa, enjuicia y encierra pobres por delitos menores pero que no llama a declarar a quienes vacían bancos y fugan capitales. Ahora tenemos un fallo de la Cámara de Casación Penal que condenó a Menem y a otros 11 imputados. Es la primera vez en la historia en que un ex presidente es condenado por corrupción, innegable avance. Sin embargo, tal como lo expresa el CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) el Poder Judicial carece de mecanismos para decomisar los activos ilícitos, para reparar los daños de estos crímenes. La construcción de legitimidad implicará no sólo modificar nuestras instituciones y producir nuevas herramientas sino llevar a cabo un profundo debate sobre qué entendemos por justo.
"Justicia Legítima" es una primera denuncia: rompe la correspondencia espontánea que realizamos entre justicia y legitimidad. ¿Cómo puede existir una justicia no legitima? El término justicia se desdobla como valor formal abstracto y como institución histórico-política. Así, la convocatoria es un primer diagnóstico. Parte de que la Justicia como institución fomenta y aumenta las desigualdades protegiendo el lucro de corporaciones, empresarios y funcionarios corruptos. Una justicia que procesa, enjuicia y encierra pobres por delitos menores pero que no llama a declarar a quienes vacían bancos y fugan capitales. Ahora tenemos un fallo de la Cámara de Casación Penal que condenó a Menem y a otros 11 imputados. Es la primera vez en la historia en que un ex presidente es condenado por corrupción, innegable avance. Sin embargo, tal como lo expresa el CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) el Poder Judicial carece de mecanismos para decomisar los activos ilícitos, para reparar los daños de estos crímenes. La construcción de legitimidad implicará no sólo modificar nuestras instituciones y producir nuevas herramientas sino llevar a cabo un profundo debate sobre qué entendemos por justo.
Ahora falta el desafuero para que vaya preso por el contrabando agravado de armas , se lo darán desde el FPV ?
Con frecuencia pensamos que la Justicia es efectiva en tanto es distante. Por ello la inclusión de lo popular dentro del sistema judicial fue la estrategia mayormente referida por los oradores. Decimos “popular” y sus sentidos posibles rebalsan las siete letras. Debemos pugnar porque lo plural esté en el centro de sus significados y no sea un ente homogeneizador. Debe llenarse de acciones concretas y saturarse por nuevas voces y viejos gritos silenciados. Hablamos de popular, hablamos de democracia, independencia y horizontalidad. Todas estas ideas convergen a una de las preguntas que convocó uno de los talleres: ¿Cómo ampliar la participación ciudadana en los procesos de justicia? Si la participación requiere una distribución de oportunidades de voz y crítica, el estado actual de las instituciones judiciales es desalentador. Pero este mismo panorama da lugar a resistencias que nutren de autenticidad a un proceso de reforma democrática: Allí estaban sentados Fernando Carrera y Guadalupe Maidana, víctimas directas de la injusticia. Son las víctimas de la “Justicia ilegítima” las que aportarán las claves para que el cambio sea auténtico e independiente y no una coerción revestida de consenso. Es Susana Trimarco quien tiene que enseñarnos qué significa la independencia del sistema judicial.
Se mencionó la deuda que tiene el Poder Judicial con movimientos sociales que presentan formas alternativas de gestión de justicia. Sin embargo, en los debates dentro del taller de participación ciudadana no hubo referencias a plebiscitos populares como medio de expresión y denuncia. Los logros recientes conseguidos por medio de consultas populares, como fue el caso de Loncopué (Neuquén) en el 2012 en el que se aprobó la prohibición de la megaminería, amplían formas de participación y estimulan nuevas maneras de pensar el discurso del derecho. El medioambiente es otro de los damnificados cuyas vejaciones nos afectan a todos y todas, así como a las generaciones futuras. Las Madres de Ituizangó Anexo (Córdoba) muestran la urgencia con la que necesitamos formas de participación ampliada que juzguen a los sectores productivos que buscan el lucro a costa de la salud y el ambiente. El 7 de marzo el colectivo Entre Ríos Libre de Fracking y organizaciones sociales presentaron una acción de amparo para que se suspenda la exploración y posible explotación mediante la fractura hidráulica. Teniendo en cuenta este cuadro repreguntemos: ¿Cómo ampliar la participación ciudadana? En la pregunta está implícita la necesidad de ampliar, también, la capacidad de escucha y reconocimiento por parte de nuestras instituciones. Es urgente condenar la criminalización de la protesta social para que la pregunta por la ampliación sea menos contradictoria.
Las cuestiones procedimentales que harían del Poder Judicial un sistema efectivamente democrático estarían vacías sin transformaciones que incorporen las perspectivas de colectivos y personas diferentes a los que lo integran actualmente. Durante el encuentro hubo un reconocimiento generalizado de que las tareas de los funcionarios judiciales son inherentemente políticas. Ni neutras ni imparciales. El sector judicial realizó una reflexión crítica y puso en cuestión los propios lugares de enunciación, esas formaciones discursivas que arrogan ser impermeables. Si se quiere buscar una Justicia Legítima debe comenzarse por el reconocimiento del carácter histórico del discurso institucional. Aceptándolo como perspectivo y local podrá enriquecerse de otras formas de pensar y relacionarse. Viéndose a sí misma como de este mundo -y no un principio que lo rige- podrá enriquecerse de la diferencia para trabajar en la construcción del Buen Vivir. Para que sea un espacio social de transformación, es imperativo que estén dispuestos a dejarse transformar por quienes son distintos a ustedes. De otra manera, cualquier aspiración a un diálogo se transforma en un modo de ampliar y reproducir violencias.
Ojalá hubiera interés desde el gobieno en aumentar el acceso a la justicia de los sectores populares , lo que mas se ve por el momento es el intento de evitar que la justicia ponga limites al poder ejecutivo y sus decisiones mediante la figura de las cautelares , pero de como se promueve el acceso a la justicia de los sectores que no acceden a la justicia todavia estamos lejos en los hechos concretos
*Licenciados en Antropología Social. FFyL-UBA.
Se mencionó la deuda que tiene el Poder Judicial con movimientos sociales que presentan formas alternativas de gestión de justicia. Sin embargo, en los debates dentro del taller de participación ciudadana no hubo referencias a plebiscitos populares como medio de expresión y denuncia. Los logros recientes conseguidos por medio de consultas populares, como fue el caso de Loncopué (Neuquén) en el 2012 en el que se aprobó la prohibición de la megaminería, amplían formas de participación y estimulan nuevas maneras de pensar el discurso del derecho. El medioambiente es otro de los damnificados cuyas vejaciones nos afectan a todos y todas, así como a las generaciones futuras. Las Madres de Ituizangó Anexo (Córdoba) muestran la urgencia con la que necesitamos formas de participación ampliada que juzguen a los sectores productivos que buscan el lucro a costa de la salud y el ambiente. El 7 de marzo el colectivo Entre Ríos Libre de Fracking y organizaciones sociales presentaron una acción de amparo para que se suspenda la exploración y posible explotación mediante la fractura hidráulica. Teniendo en cuenta este cuadro repreguntemos: ¿Cómo ampliar la participación ciudadana? En la pregunta está implícita la necesidad de ampliar, también, la capacidad de escucha y reconocimiento por parte de nuestras instituciones. Es urgente condenar la criminalización de la protesta social para que la pregunta por la ampliación sea menos contradictoria.
Las cuestiones procedimentales que harían del Poder Judicial un sistema efectivamente democrático estarían vacías sin transformaciones que incorporen las perspectivas de colectivos y personas diferentes a los que lo integran actualmente. Durante el encuentro hubo un reconocimiento generalizado de que las tareas de los funcionarios judiciales son inherentemente políticas. Ni neutras ni imparciales. El sector judicial realizó una reflexión crítica y puso en cuestión los propios lugares de enunciación, esas formaciones discursivas que arrogan ser impermeables. Si se quiere buscar una Justicia Legítima debe comenzarse por el reconocimiento del carácter histórico del discurso institucional. Aceptándolo como perspectivo y local podrá enriquecerse de otras formas de pensar y relacionarse. Viéndose a sí misma como de este mundo -y no un principio que lo rige- podrá enriquecerse de la diferencia para trabajar en la construcción del Buen Vivir. Para que sea un espacio social de transformación, es imperativo que estén dispuestos a dejarse transformar por quienes son distintos a ustedes. De otra manera, cualquier aspiración a un diálogo se transforma en un modo de ampliar y reproducir violencias.
Ojalá hubiera interés desde el gobieno en aumentar el acceso a la justicia de los sectores populares , lo que mas se ve por el momento es el intento de evitar que la justicia ponga limites al poder ejecutivo y sus decisiones mediante la figura de las cautelares , pero de como se promueve el acceso a la justicia de los sectores que no acceden a la justicia todavia estamos lejos en los hechos concretos
*Licenciados en Antropología Social. FFyL-UBA.
Fuente Marcha
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario