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martes, 27 de agosto de 2013

El Gobierno argentino no aplica la Ley de Medios hasta que la Corte Suprema decida sobre su constitucionalidad

Martín Becerra.Por Javier M. González | @jgonzalezok

A casi cuatro años de su aprobación, hay una decisión política de no avanzar hasta conocer el fallo de la Corte.

Foto : Martín Becerra.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, comúnmente conocida como Ley de Medios, fue aprobada por el Congreso argentino hace ya casi cuatro años, el 10 de octubre de 2009. Fue una iniciativa del gobierno de Cristina Fernández para desarticular al Grupo Clarín, que un año antes había apoyado la rebelión del campo contra el gobierno, que pretendía imponer al sector unos impuestos extraordinarios a la exportación de sus productos. Desde entonces, la madre de todas las batallas para el kirchnerismo ha sido acabar con el poder económico de Clarín, que llevaría a la pérdida de su influencia social.

Pero cuatro artículos de la ley están momentáneamente suspendidos por la acción del Grupo Clarín, que pretende que sean declarados anticonstitucionales. La Corte Suprema ha convocado para este 28 de agosto una audiencia pública donde escuchará a diversas ONG, a favor y en contra, como paso previo a su dictamen. Para calentar motores, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, acusó al grupo Clarín de pretender gobernar el país: “ellos son los verdaderos condicionantes o extorsionadores de la política argentina”, señaló, afirmando que lo intentaron con los ex presidentes Alfonsín, Menem, De la Rúa, y lo estarían intentando con Néstor y Cristina Kirchner. Esta, en evidente alusión a los medios opositores, pero fundamentalmente a Clarín, dijo que sueña “con una Argentina que esté lo suficientemente bien informada para que no le metan el perro”, es decir, que no pueda ser engañada.   

Para situar en qué fase se encuentra la cuestión, entrevistamos en Buenos Aires a Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y uno de los más respetados especialistas en medios de la Argentina.


¿Está vigente, realmente, la Ley de Medios?
Está vigente, excepto 4 artículos, que son los que tiene que dirimir la Corte Suprema de Justicia. El resto de la ley no tiene impedimentos legales para ser concretada, el único impedimento es político porque ha sido muy poco materializada en hechos. Y esto se debe más a una cuestión política, de las políticas que implementa el gobierno nacional, que a una cuestión legal. No está vinculado con la ley ni con el poder judicial, sino con una disposición política de no avanzar con el resto de la normativa hasta que la Corte Suprema de Justicia no resuelva estos cuatro artículos para el caso del Grupo Clarín.
Esto da pie a pensar, muchos lo hacen, que lo que el gobierno quiere es actuar contra Clarín.

Mi análisis es que el gobierno es muy torpe en su política de comunicación. En segundo lugar, sí, sus acciones estuvieron enfocadas prioritariamente a intentar limar la capacidad patrimonial del Grupo Clarín, sus múltiples licencias. El fondo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: la democratización del espectro radioeléctrico, para permitir el ingreso de nuevos actores sociales, la pluralidad que la ley exige a los medios de gestión estatal, etc, todo eso nunca contó con el compromiso de la conducción máxima del gobierno sino de sus cuadros intermedios, que fueron los que gestionaron y escribieron la ley. Pero a la conducción máxima del gobierno lo único que les interesa es Clarín. Si bien reconozco que hay numerosos cuadros intermedios comprometidos con el ideal que tiene la ley, en la práctica eso no sucede, porque todas esas iniciativas son supeditadas a lo que resuelva la conducción máxima del gobierno que es muy intemperante y que, como te digo, tiene una comprensión muy limitada de lo que significa la mediación cultural y la mediación comunicacional.
La ley reserva buena parte del espectro a los medios comunitarios. Pero, ¿son económicamente sustentables sin la asistencia del Estado? ¿Y qué pasa cuando cambie el gobierno?

En Argentina ningún medio, ni comercial, ni comunitario ni estatal, es sustentable sin la asistencia del Estado. También los medios privados comerciales son asistidos por el Estado, igual que en España. El Estado asiste a los medios privados comerciales a través de medidas impositivas, a través de la extensión de los plazos de explotación de las licencias, mediante beneficios para la concentración de estas licencias. Es también lo que ha ocurrido en España con la Televisión Digital Terrestre, con los operadores privados, implica una asistencia pública para permitir la concentración de grandes actores. Esa es una asistencia estatal, porque se trata de una discrecional arquitectura estatal a favor de unos pocos. Lo mismo ocurre en Argentina con los medios comerciales privados. Hago esta introducción para decirte que, sí, efectivamente, los medios comunitarios también necesitan de la asistencia estatal, pero no son los únicos. Hay que partir de la base de que en un país como Argentina todo el sistema de medios, tal vez con la excepción del líder de rating, uno o dos, el resto necesita de la asistencia estatal. Por tanto lo que se necesita es transparentar, blanquear esa asistencia estatal y establecer reglas de juego que sean ecuánimes, democráticas, para que esa asistencia, en vez de estar supeditada a la capacidad de lobby de cada uno de los actores, sea realizada con arreglo a un principio de ley pareja.

¿Por qué Clarín estaría violando las leyes antimonopolio?


Esta pregunta tiene dos posibles respuestas. Por un lado Clarín se resiste a la aplicación de reglas que no son antimonopolio, sino anticoncentración. Es decir, se resiste a la aplicación de las reglas. Yo no afirmaría que las viola, porque para decirlo necesitaríamos que la Corte Suprema de Justicia se expida acerca de la constitucionalidad de dichas reglas y que Clarín no las cumpla. Pero Clarín hasta ahora lo que tiene ha sido prolijo, porque fue a la justicia para decir, oiga, estas reglas anticoncentración dispuestas por la ley audiovisual no son adecuadas, son anticonstitucionales. Si la Corte Suprema dice que son constitucionales y Clarín no las cumple, ahí podría decir que las viola. Hoy por hoy no las viola, porque tiene una causa judicial en su favor. Lo que sí ha hecho Clarín en el pasado, es que en los mercados donde opera, ha hecho abuso de posición dominante, ha alterado las reglas del mercado, abusando de precios predatorios para eliminar competencia. Por ejemplo, en la televisión por cable. O subsidios cruzados entre la única proveedora de papel prensa, donde tiene mayoría accionaria y donde también es socio del Estado: subsidia el precio del papel para Clarín y cobra más caro a sus competidores. Lo que ha hecho Clarín es lo que hacen grandes grupos de medios en muchos lugares del mundo, que es abusar de su posición dominante. Yo no afirmaría que viola reglas anticoncentración hoy.

La fragmentación que puede provocar la ley de medios, ¿no los debilita frente al gobierno de turno?

Eso por ahora es una hipótesis. En la historia de Argentina y del resto de América Latina lo que hemos tenido son medios concentrados, no medios fragmentados. Y tu pregunta descansa en la suposición de que los medios concentrados no ceden a las presiones de ningún gobierno. Este es el discurso que tiene el propio Clarín, necesitamos estar muy concentrados, porque evita que los gobiernos influyan en nuestra línea editorial. Pues no, la historia latinoamericana demuestra que los grandes grupos concentrados han sido altamente permeados por la línea política de los gobiernos, en un sistema que podríamos calificar como hipercomercial, hiperconcentrado y políticamente muy dócil. Estos grandes grupos de medios fueron muy dóciles durante décadas con los gobiernos. No es que por ser concentrados pudieron defender la libertad de expresión. La hipótesis de un sistema hiperfragmentado tampoco es correcta en el caso argentino porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, si se cumpliera, y repito que el gobierno no la cumple, establece límites a la concentración que, lejos de atomizar el mercado, tolera límites moderados. Un mismo operador puede tener 10 licencias de televisión abierta y 24 licencias de televisión por cable, no estamos hablando de la atomización del mercado. Clarín, en el caso de cumplir con la ley, no tiene que atomizarse, debería vender alguna licencia de televisión por cable, pero conservaría ese mercado en las plazas más importantes del país, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, no tendría tantas dificultades.

Pero Clarín tendría que desprenderse de Canal 13, el único canal de aire opositor, o de la señal de TN, la única señal no alineada con el gobierno entre los canales de noticias por cable…

A diferencia de otros países, en Argentina todas las licencias son locales, no hay una licencia nacional que abarque todo el país. Entonces, canales de aire hay muchos, hay más de 45 ó 50. Lo que sucede es que en la ciudad de Buenos Aires hay cinco, uno de ellos es de Clarín, que efectivamente es el único que hoy por hoy es opositor al gobierno, el resto de los canales de aire son oficialistas. Junto con Telefé, el canal de Telefónica, es uno de los de mayor audiencia. Y ese canal de televisión de aire se ve en todo el interior del país porque los sistemas de cable compran esa señal, muchos de ellos controlados por el propio Grupo Clarín. Ahora, Clarín lo que no quiere es resignar en la plaza más importante en términos económicos, que es la ciudad de Buenos Aires y alrededores, quedarse con Canal 13, que es canal de aire, o con Cablevisión, que es el sistema de cable, porque resignaría un activo muy importante en términos económicos.

¿Por qué los medios públicos en Argentina no cumplen el objetivo que se quiere que cumplan los medios comunitarios? Por ejemplo, por qué Radio Nacional en Neuquén, no les da una hora diaria de emisión a los indígenas mapuches.
En parte porque la tradición de los medios públicos es una tradición muy gubernamentalizada, con muy poco diálogo con los sectores sociales que no son el propio aparato de gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional. Esto no quiere decir que no haya señales públicas, que las hay, que cumplen esta función. Por ejemplo hay una señal cultural, que se lanzó en 2005, llamada Encuentro, en cuya programación aparecen temáticas de pueblos originarios, sectores vulnerables de la población que habitualmente no están en las pantallas más importantes. Ciertamente este canal, que maneja el Estado no es de las más importantes, pero algo de la programación del estado permite que esos sectores aparezcan de vez en cuando.

Hacer información es caro, y buena información más aún, sobre todo en televisión ¿Como influirá la Ley de Medios en este sentido?
Lo que pasa es que la ley no se cumple, pero si se cumpliera mejoraría que el ecosistema de medios, tendría voces que hasta ahora no tiene. Seguramente van a ser voces que van a tener dificultades económicas como las tienen los medios que ya existen. En Argentina hay medios de comunicación comunitarios que existen desde hace 30 años, no es algo que la ley pretende crear de la nada. Por ejemplo, hace pocos meses, hubo en el gran Buenos Aires un accidente de tren en el que murieron más de 50 personas. Y toda la información que transmitieron los medios nacionales, privados y públicos, fue provista, en buena medida, por cronistas de medios comunitarios de la localidad de Castelar, que lo hicieron muy bien. La idea de que uno tiene que ser The York Times o la nada misma, yo creo que es una idea que no se corresponde con las condiciones materiales concretas con las que en un país como la Argentina se hace información y comunicación. Por otra parte, suponer que muchos medios y algunos de ellos comunitarios, van a tener dificultades para hacer información de calidad descansa en la suposición de que los grandes medios comerciales hacen información de calidad y no es así. Y no solo aquí, yo he vivido en España. El diario El País publicó una foto vendiendo la operación del ex presidente de Venezuela y resultó ser un engaño. Faltaron en ese caso concreto todos los mecanismos de mediación de calidad periodística que uno debería exigir mínimamente a un emprendimiento informativo. Y estamos hablando de uno los principales medios de comunicación de Iberoamérica, aunque esté de capa caída. Y te podría dar innumerables ejemplos de grandes medios comerciales privados de aquí, de la Argentina. Yo no suscribo la hipótesis de que esos medios, porque tienen una gran escala económica, hacen productos de gran calidad. No hay para mí una relación mecánica entre su volumen económico y la calidad de su información.

Sería imaginable en Argentina un sistema de medios públicos del tipo europeo, con un control parlamentario independiente.

La ley establece claramente que los medios públicos deben ser no gubernamentales, plurales y diversos. No a los niveles de la BBC, por supuesto, porque en ningún país de Iberoamérica hay ningún medio público similar. Tampoco lo hay en España, Portugal o Italia. Ahora, dicho esto, reconocido que no forma parte de la tradición latina en general, sí hay en América Latina experiencias en donde la autonomía funcional de medios públicos con respecto al gobierno es mayor a la que existe en Argentina. Aquí, el mensaje político que emiten los medios públicos es un mensaje de artillería comunicacional. Lejos de tener un perfil de medio público plural y diverso, son medios intemperantes con toda perspectiva que no coincida exactamente con el propio gobierno.

¿Cuál es tu diagnóstico sobe la libertad de expresión en Argentina?

Es un diagnóstico muy difícil. Para mí los estándares más lógicos para hacer un análisis en este sentido son los de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que son tratados que la Argentina ha suscrito y que son muy respetuosos de la mejor tradición de la libertad de expresión. Si tomo en cuenta esos tratados diría: en la Argentina no hay censura directa; la hubo durante una parte del siglo XX, donde también hubo asesinatos de periodistas, cierre de periódicos, persecución a periodistas, etc. Eso no hay. Ahora, hay lo que la CIDH denomina mecanismos indirectos de amenaza a la libertad de expresión, como puede ser la concentración de la propiedad en grandes medios privados, la manipulación de la información por parte del Estado, la utilización de la publicidad oficial, toda la inversión publicitaria que en la Argentina es enorme y creciente, que el gobierno nacional utiliza para promocionarse a sí mismo y para denostar a la oposición. Todos esos mecanismos, algunos de tipo económico, otros de tipo político, son utilizados en Argentina. No es el único país latinoamericano donde se utilizan, tampoco es este gobierno el único que lo ha utilizado en el país, pero es cierto que este gobierno los utiliza intensivamente. Muchos tenemos motivos para preocuparnos por la libertad de expresión en el país, pero si uno lo mira en términos históricos, Argentina no tiene lo que tiene hoy Colombia o México, que es la eliminación física de personas que se dedican a la función periodística, o lo que tiene Brasil, donde hay penalización de radialistas comunitarios. Todo eso no existe en Argentina, aunque hay mecanismos más sutiles, más indirectos, que efectivamente constituyen alguna amenaza a la libertad de expresión. 
 

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