Las torturas son aplicadas en forma sistemática

El video de Salta es sólo una muestra de lo que sucede en otras provincias, tanto en comisarías como en cárceles.

Por: Rodolfo Yanzón

Cuando un detenido es torturado por agentes estatales en una sede policial –o militar–, a la gravedad del delito –que no admite ninguna justificación– se agrega la dificultad de que el sistema judicial –tanto provincial como nacional– sea receptivo a investigarlo con la sola declaración de la víctima, a quien generalmente no se le cree por ser acusada de un delito por los mismos que la torturan, y porque se sostiene que las denuncias por torturas se realizan para mejorar su propia situación en la investigación.

La aparición de un video que muestra a dos detenidos torturados por policías en una comisaría de Salta, es la prueba cabal de la afirmación inicial. En la filmación se ve a los dos –uno de ellos menor de edad–, desnudos, maniatados y con sus ojos vendados, a plena merced de sus captores, que actúan sin ningún riesgo, en banda y con el amparo de la institución. Un ejemplo de lo que el Comité contra la Tortura de la ONU describe como tal y de cómo la víctima padece la peor de las violencias en total estado de sometimiento. La desnudez y el no saber de quién ni de dónde llegará la agresión, ni con qué intensidad se aplicará, envuelve a la víctima en un estado de terror de impredecibles consecuencias, que la marcará para el resto de sus días.
Ante la aparición del video, por instrucciones del gobernador de Salta, su ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, formuló denuncia penal contra quienes aparecían como sospechosos y aclaró que la presentación se dirigía contra “criminales vestidos de policías” y no contra la institución. Sylvester calificó los hechos como “apremios ilegales” en lugar de torturas, una categoría menor en el menú normativo.
El video sacó a la luz un accionar cotidiano de la policía salteña, que sistemáticamente se ensaña contra mozalbetes de sectores carenciados, escogidos como destinatarios de sus tropelías y usuarios de sus alojamientos enrejados. El video muestra que las torturas fueron cometidas en un patio de la comisaría y a la vista de sus integrantes. Sólo un ingenuo o un cómplice podría asegurar que se trató de un hecho aislado y de un crimen cometido por unos pocos.
Ante las imágenes terribles y la inevitabilidad de su difusión, la denuncia hecha por el gobierno provincial tuvo como objetivo erradicar la palabra “tortura”, que en parte consiguió. Por ejemplo, el centro de información de la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó en el titular de la noticia que se trataba de un caso de apremios ilegales y que quien se suponía era el autor de la filmación negó serlo. Un modo más de diluir las torturas y de poner como prioritaria la existencia del video y no la del crimen mismo.
Otro de los objetivos fue encapsular el hecho filmado, separarlo del accionar cotidiano de la policía y presentarlo como la obra de unos “delincuentes” que se cortaron por la libre (algo de razón tiene: se cortaron solos al filmar). Dicho de otro modo, se buscó proteger a la institución de las consecuencias legales y políticas que el video desencadenaría, evitando debatir sobre las verdaderas causas de la aplicación de la tortura, que es la institución misma y el grado de encubrimiento estatal que la tortura como método necesita. Si hay video habrá denuncia, pero sólo para los filmados. Y si no hay video, ninguna víctima de tortura será oída, ningún funcionario dará crédito a sus manifestaciones y ningún fiscal ni juez tomará el caso.
El video de Salta es sólo una muestra de lo que sucede en otros lados, otras provincias, tanto en comisarías como en cárceles. Que la enseñanza no sea que para investigar torturas sus perpetradores sean aficionados al arte de los hermanos Lumière. Quienes impusieron la tortura como método en los campos de exterminio de la dictadura estarían más que contentos con el fruto de sus enseñanzas.

(*) Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Fuente: Tiempo Argentino