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lunes, 21 de julio de 2014

Crisis terminal y transición histórica

Jorge Altamira

MIRADAS DE LOS PRESIDENCIABLES



Foto de Ignacio Smith


Argentina no asiste solamente al final de ciclo de un gobierno, sino del conjunto de un régimen político. Desde 1983, la gestión del Estado de todas las fuerzas tradicionales ha concluido en una bancarrota económica e institucional. La manifestación más visible de esta crisis de sistema es, en la actualidad, la desintegración de todas esas fuerzas; o sea, tanto del oficialismo como en la oposición. Los llamados partidos políticos se reducen a fracciones o camarillas, lo cual obviamente las priva de cualquier capacidad de gobierno.


El régimen federal se encuentra en cenizas, y no solamente por el hipercentralismo del Estado: las provincias son gobernadas por sus propias camarillas, las cuales han producido sus propias bancarrotas financieras y desarrollado un nivel de descomposición sin precedentes, como queda demostrado por el entrelazamiento de sus administraciones con el delito organizado.


Hipoteca impagable


La corrupción oficial ha llevado al procesamiento del vicepresidente de la Nación y del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y la impunidad ha creado una situación de emergencia en derechos humanos en Tucumán. Argentina, por otro lado, vuelve a enfrentar una cesación de pagos; esto con independencia del resultado que tenga la negociación con los “fondos buitre”, porque un acuerdo con ellos simplemente aumentará una deuda pública fenomenal, que ya supera los 250.000 millones de dólares, un 75 por ciento de ella en divisas extranjeras.


A esta hipoteca impagable se añade la bancarrota del Banco Central, que registra en su activo créditos al Estado nacional por 70.000 millones de dólares. El defol, en este caso, ya se ha consumado, porque el Tesoro nacional no tiene recursos para saldar esa deuda. La inflación no es más que el emergente de esta quiebra financiera.


Este final de régimen tiene raíces de alcance histórico. En primer lugar, emerge del riñón de la dictadura militar, al aceptar la totalidad de su legado legislativo, la totalidad de su aparato burocrático y de seguridad, y la totalidad de la carga financiera internacional. Aún hoy, la legislación vigente es, en un 50 por ciento, oriunda del gobierno militar; y ni hablar de la deuda externa, ilegítima en su origen y procedimiento, que sigue siendo objeto de negociación, casi 40 años más tarde.


El juicio histórico


La democracia retorna, entonces, sin cimientos propios. Los partidos tradicionales, incluso los que se declaran hoy “ultrarepublicanos”, aceptan esta hipoteca política e institucional, en nombre de la llamada “continuidad jurídica del Estado”, que simplemente disfraza la preservación de los intereses de la burguesía del país y de los aparatos públicos. De ella arrancan la inseguridad pública y la impunidad, y la perspectiva de una nueva cesación de pagos.


El juicio histórico es implacable, y de él no tienen retorno ni la clase capitalista ni los partidos implicados. Por otro lado, estas mismas fuerzas han ensayado todos los métodos y alternativas posibles de gobierno: desde la regulación económica de Alfonsín y la privatización furiosa de Menem y De la Rúa hasta el estatismo seudopopular del kirchnerismo.


Estos ensayos no fueron otra cosa que adaptaciones al ciclo de remate de activos nacionales y bancarrota determinados por la deuda externa. Estas vicisitudes demuestran la completa incapacidad de la burguesía nacional; o sea, la clase dominante, y de los partidos que tributan a ella para desenvolver la democracia política, la autonomía nacional y el progreso material y moral de la población de Argentina.


La situación de los trabajadores ha empeorado en forma visible -en términos de poder adquisitivo y de condiciones laborales, educativas, sanitarias, habitacionales y de derechos. El mundo del trabajo se encuentra en el pico más alto de precarización y vulnerabilidad en todos los aspectos de la vida social.


La crisis mundial


La crisis de régimen se enlaza con una transición de alcance histórico. Es, además, la refracción particular de una crisis de conjunto del capitalismo mundial, que ha entrado en su octavo año sin horizonte de salida; por el contrario, potenciando tendencias aún más destructivas. En este marco se desarrolla el crecimiento del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y los Trabajadores, tanto en el plano electoral como en el del protagonismo social; o sea, en el movimiento obrero, el estudiantil, la juventud y el cultural. El PO y el Frente de Izquierda son las expresiones más conscientes de la rebelión social cotidiana contra una decadencia enorme. Son un factor de organización popular y un planteo de salida.


El casi 1,5 millón de votos obtenidos en las elecciones pasadas muestra la vigencia de una salida política antagónica a la de las fuerzas tradicionales. Es el resultado de una lucha de principios enorme a lo largo de más cuatro décadas y, en especial, en la última fase, contra la tentativa del kirchnerismo de erguirse en una expresión antiimperialista y de izquierda, cuando su slogan fundacional había sido “la reconstrucción de la burguesía nacional”.


La izquierda ha dado un salto significativo como consecuencia de una confrontación política concreta con los partidos y gobiernos responsables del estado actual del país. El ascenso de la izquierda es, seguramente, la manifestación más destacada de la transición histórica que atraviesa Argentina.


El Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantean un programa de transición frente a la transición histórica que vive Argentina. El punto de partida de este programa es la defensa intransigente de los derechos de los trabajadores que son atacados en forma brutal en esta crisis capitalista. En primer lugar, el derecho al trabajo. Hemos presentado en el Congreso de la Nación y en todas las legislaturas un proyecto de prohibición de suspensiones y despidos, que establece el reparto de las horas de trabajo sin reducción del salario.

A la crisis capitalista la deben pagar los capitalistas, sus responsables; no los trabajadores. Esta es la orientación que preside nuestro apoyo a las luchas fabriles que se desarrollan en la actualidad; o sea que no tiene un carácter oportunista, como alegan los represores de estas luchas, sino un carácter de principio. Del mismo modo planteamos el ajuste mensual por inflación, la cual no es responsabilidad de los trabajadores.


En el marco del reclamo del 82 por ciento móvil para los jubilados, reivindicamos un aumento inmediato de 3.600 pesos para sacar al trabajador pasivo de la miseria absoluta. Abogamos por el repudio a una deuda usuraria, varias veces pagada, y por el llamado a un plebiscito sobre ella, cuando una camarilla oficial -incluso sin intervención del Congreso- se apresta a suscribir nuevos acuerdos ruinosos con los fondos buitre.


Confiscación del ahorro


La deuda externa, aun más que una hipoteca insoportable, es un sistema económico de confiscación del ahorro nacional, a través de giros de utilidades, intereses, servicios y fuga de capitales. La pagan los trabajadores por medio de impuestos al consumo y carestía; la burguesía nacional, por el contrario, lucra con ella, pues tiene en su cartera la mitad de los títulos públicos. En definitiva, debemos recuperar el ahorro nacional y asignarlo a las prioridades que fijen democráticamente los productores reales de la riqueza de nuestro país.


Cuestionamos al conjunto del régimen político: su sistema electoral, la Justicia, el aparato de represión, la concentración de poder político y económico. A través de una experiencia común buscamos conquistar una mayoría obrera y popular para un gobierno de trabajadores y el socialismo.

Jorge Altamira

(La Gaceta, 13/7)


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