TIERRA DEL FUEGO
"Claro que estamos preocupados, es mucha gente a la que se le termina
su contrato de trabajo". El jefe de la CGT-Balcarce y secretario general
de la UOM, Antonio Caló, se refirió así a la posibilidad inminente de
que 3 mil metalúrgicos de Tierra del Fuego, cuyos contratos vencen el 31
de este mes, se queden sin trabajo a partir de noviembre, debido a la
caída de la actividad.
Se trata de operarios que trabajan en las grandes plantas de BGH, New
San, Carrier y Radio Victoria, instaladas en Río Grande y en Ushuaia.
Esas fábricas, productoras de equipos de aire acondicionado, trabajan
estacionalmente entre febrero y octubre. Sus obreros, carentes de
estabilidad, son contratados todos los años para trabajar durante ese
período, pero ahora las empresas anuncian que no los contratarán para la
próxima temporada o lo harán en una escala mucho menor.
El desastre que se anuncia no termina ahí. Las fábricas de productos de
línea blanca, que ya redujeron sus planteles de 15 mil empleados en
2013 a sólo 12 mil en 2014, prevén reducir aún más el número de sus
operarios para el año que viene. Además de la recesión interna, esas
empresas tienen problemas para proveerse de insumos debido a las
conocidas restricciones cambiarias dispuestas por el gobierno.
Entretanto, en el Gran Buenos Aires, PSA Peugeot-Citroën, en Villa
Bosch, anunció que sus 1.200 trabajadores del turno tarde, también
afiliados a la UOM, seguirán suspendidos por lo que resta de octubre y
que posiblemente esa medida se extienda hasta fin de año.
Como se ve, la situación provocada por despidos y suspensiones -con
epicentro en la industria automotriz y en la metalúrgica- se ha vuelto
dramática. Con la "preocupación" del burócrata oficialista no hacemos
nada.
Durante todos estos años, las patronales de esas industrias, como
admitió la Presidenta, la juntaron en pala. Los beneficios
extraordinarios que acumularon no fueron de ninguna manera compartidos
con sus empleados. Sin embargo, ante el primer parate en las ventas
suspenden y despiden para que los trabajadores paguen la crisis. Además,
el gobierno y la burocracia defienden a las patronales, incluso con
patotas y con represión policial.
Resulta indispensable promover una profunda movilización para que se
convierta en ley el proyecto del Frente de Izquierda que prohíbe
despidos y suspensiones. Que se repartan las horas de trabajo entre todo
el personal sin afectar el salario. Que se abran los libros de las
empresas, para conocer sus costos y las ganancias que acumularon. Que se
convoque a un paro activo de 36 horas, como primer paso de un plan de
lucha para detener los despidos y suspensiones, y para defender el
salario de la inflación galopante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario