El gobierno cambia de `epopeya`, pero marcha al mismo desenlace.
El anuncio de Sabbatella de que procederá a la adecuación “de oficio”
al Grupo Clarín, forzándolo a la venta de ciertos medios estratégicos
(Canal 13, Radio Mitre, TN y Cablevisión) ha devuelto a la primera
planta el choque entre el gobierno y la “corpo”. Todo indica que, como
en otras oportunidades, el choque terminará en una nueva impasse,
judicial y política.
El gobierno ha presentado evidencias de vinculaciones societarias
–accionistas y directores “cruzados”- entre diferentes empresas del
grupo. Por supuesto, las vinculaciones existen. Pero la Ley de Medios no
las prohíbe, y fueron incluso avaladas por el fallo de la Corte que le
diera constitucionalidad a la Ley. Vuelve a quedar de manifiesto que no
fue concebida para la “democratización de las voces” sino, en el mejor
de los casos, para establecer un nuevo reparto de poder entre diferentes
monopolios capitalistas de los medios.
Sabbatella conocía las “anomalías” desde enero de este año, cuando
recibió el plan de adecuación voluntario de Clarín y afirmó que éste se
encontraba “dentro de la ley” (Perfil, 20/01/14). En su momento subrayó
que aquella era una impresión personal y que debía esperar la opinión
del Directorio de AFSCA. El `cambio de opinión` ha sido empujado,
probablemente, por razones políticas ajenas a la 'democratización de la
palabra'. El gobierno ha recreado la gastada 'guerra con Clarín' en la
misma semana en que Vanoli y Kicillof trajinaron las oficinas de
banqueros y empresarios, para asegurarles que la cruzada “antibuitre” se
termina en enero.
Pari Passu
El choque con Clarín, de todos modos, marcha por el mismo camino que el
de los `buitres`. La “corpo” ya anunció que retomará el camino de los
amparos judiciales. El propio Sabbatella ha anunciado que cualquier
adecuación de oficio llevarían entre seis meses y un año. Contienda
judicial mediante, la “guerra con Clarín” durará lo que el mandato de
CFK.
Clarín reclamará –como los buitres- igual tratamiento ante la Ley que
el recibido por los otros pulpos mediáticos, cuyas posiciones se
encuentran en completa violación de la norma como Telefónica-Telefé,
Telecentro, Prisa, o Moneta. Si sus “adecuaciones” se encuentran
estancadas, es porque la aplicación de la Ley de Medios choca con otro
afán del gobierno –el meganegocio de la fusión de las telecomunicaciones
y los medios audiovisuales. En él, depositan su interés fondos como
Fintech, que a su vez son parte de los acreedores que alientan una
“salida” (reestructuración general, arreglo con los buitres) a la crisis
de deuda.
Papel pintado
A cinco años de la sanción de la Ley de Medios, la impasse no puede ser
mayor. Las licitaciones de señales de TV abierta a organizaciones sin
fines de lucro han quedado en la nada. Las denuncias de las comunidades
de los pueblos originarios sobre el copamiento k de las señales
otorgadas en su nombre son ninguneadas. El anuncio de la condonación de
deuda impositiva a cambio de pauta oficial pinta de cuerpo entero la
política de medios del gobierno: rescate al capital a cambio de
propaganda para su camarilla en retirada. Mientras tanto, los
trabajadores de todos los medios enfrentan persecuciones gremiales,
intentos de flexibilización laboral y perspectivas de despidos producto
de las reestructuraciones de las empresas. A la cortina de humo de “la
guerra con Clarín” le oponemos la lucha por la libertad de expresión,
que exige la superación del monopolio capitalista de los medios, y el
reparto de sus recursos entre el conjunto de las expresiones políticas,
culturales, sociales y artísticas, para que se expresen las luchas
populares y las genuinas expresiones independientes del arte y la
cultura.
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