Por: Alejandro Horowicz
Tres acontecimientos, aparentemente inconexos, iluminan el conflicto político que recorre esta sociedad: la destitución del tribunal tucumano vinculado al caso Verón, los dichos de Alfredo Astiz ante el tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad y los insultos a un funcionario del gabinete económico. La decisión de la legislatura tucumana, a través de la Comisión de Juicio Político, de aceptar por unanimidad el pedido de destitución presentado por Susana Trimarco, es el primero. Conviene recordarlo, se trata de los tres jueces que absolvieron a los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Mientras las respuestas del "capitán" Astiz al juez Leopoldo Bruglia, respuestas con que el ex marino intentó fundar la "ilegitimidad" del tribunal, constituye el segundo. Y el acto de matonaje contra Axel Kicillof (junto a los integrantes de su grupo familiar, su mujer y dos niños pequeños), a su regreso de Uruguay en la clase turística de Buquebus, organiza el tercero.
¿Existe un hilo conductor?
Arranquemos al revés; el "sentido común" de los medios justifica el
matonaje contra un funcionario, por la rispidez que el gobierno
nacional impone a la sociedad en su conjunto, y acepta por esa vía con
reticencia la existencia de un conflicto. Pero de ningún modo se
trataría para ellos de un conflicto legítimo, un conflicto político,
sino de su desnaturalización. Los medios comerciales concentrados
parecen creer que el problema es simple, el poder fáctico, sus demandas y
necesidades, no pueden no ser atendidas incondicionalmente; y si el
gobierno no lo hace adecuadamente, semejante comportamiento insensato, y
a la postre "demagógico", tiene como único objetivo obtener los votos
que permiten ejercer esta "tiranía".
Las necesidades populares no existen, las garantías del welfare
state caducaron. Tan es así, que la Europa keynesiana, que las adoptó
durante la guerra fría, las dejó ¿definitivamente? atrás. Y en la última
cumbre los líderes de la Unión Europea aceptaron otro recorte brutal al
gasto público, otro ajuste tradicional, para lograr el ansiado
equilibrio fiscal.
¿Si la rica Europa se aviene, la patética Argentina se siente con derecho a disentir?
Cada uno debe garantizarse para sí y por sí la sobrevivencia, los
que no lo hacen no son suficientemente previsores y nadie debe
–recordemos la vieja fábula de la cigarra y la hormiga– asegurarle a
otro lo que este no se asegura a sí mismo. Sólo la "demagogia
populista", el peronismo en suma, puede intentar –sin lograr, por
cierto– que recursos privados se transformen en públicos para modificar
–aunque sea muy levemente– la distribución del ingreso nacional.
Como la Constitución Nacional impone la división de poderes, aunque
más no sea formales, y los "votos" no lo permiten todo, avasallar "la
justicia" (se refieren al Poder Judicial) está en la naturaleza de las
cosas. El gobierno K sumó cuatro de los siete integrantes de la Corte
Suprema actual, jueces que vienen durando lo que nunca duraron, de modo
que "fabricó" una mayoría inexistente con el evidente propósito de
someterla a su férula política. Y es precisamente esa Corte, la que
procedió a la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
leyes que pusieron fin a la ausencia de punición por los crímenes
aberrantes, la que hizo posible el "terrorismo judicial", para
transformar la derrota de la "subversión" en victoria K.
Pues bien, esos son los "argumentos" –implícitos y explícitos– que
Astiz enarboló ante el tribunal. Vale una precisión: no lo hizo de
cualquier modo. Dijo: "Soy el capitán de Fragata de la Armada Argentina,
Alfredo Astiz. No voy a responder ninguna otra pregunta." Según los
acuerdos de Ginebra un combatiente está obligado a suministrar, cuando
es tomado prisionero, su nombre, el arma a la que pertenece y el grado
que detenta: nada más resulta exigible. De lo contrario, de exigir otra
cosa, se viola el derecho internacional público que regla la guerra
moderna. Astiz actúa como si fuera un "prisionero de guerra" capturado
por el "enemigo".
Recordemos la defensa de los integrantes de las tres juntas
militares en 1985. Trataron de explicar que ellos no habían cometido
ningún delito. Sostenían que las pruebas aportadas eran inconsistentes,
que se trataba de "subversivos" que mentían por venganza, que cumplieron
órdenes legales impartidas por un gobierno legal. Astiz dice otra cosa.
Sostiene que hizo lo que dicen que hizo pero como cumplió órdenes
legales no es delito; que el delito lo cometen sus acusadores. Es
decir, ataca el fundamento mismo del orden político existente, sostiene
implícitamente que existe porque ellos vencieron, y que en lugar del
debido respeto y el merecido agradecimiento recibe un escarnio
"ilegítimo".
EL CASO MARITA VERÓN.
El juez penal tucumano Emilio Andrés Herrera
Molina no sólo rechazó la decisión del gobierno provincial –desconocer
su renuncia al cargo–, calificó el pedido de juicio político como
"linchamiento público", e insistió en acusar al gobernador José
Alperovich de ser "la única persona que tuvo en sus manos los medios
institucionales, políticos, materiales y efectivos para dilucidar la
triste desaparición de Marita Verón, y que contó con el poder absoluto
del Estado durante todos los años en que se podía mover cielo y tierra
para esclarecer los hechos, recolectar pruebas e individualizar a los
culpables".
Curioso comportamiento. Si Herrera Molina hubiera acusado al
gobernador Alperovich previamente a dar sentencia, estaríamos ante un
conflicto inusual de poderes. El argumento sería este: la justicia sin
pruebas no es justicia, y en este caso, las pruebas no sólo no fueron
aportadas sino que fueron sistemáticamente impedidas o al menos
dificultadas por el gobierno provincial que ejerce el poder de policía.
Si la investigación se hubiera realizado correctamente, los poderes
fácticos (la mafia de tratantes de personas), amparados por una vasta
trama de complicidades sociales y políticas, hubieran quedado al
descubierto. Y el conflicto no sería entre una madre que solicita y no
obtiene justicia, sino entre esa poderosa mafia frente al Estado
provincial.
Un poder que debe ser destruido, la trata de personas, frente a un
poder que debe ser reforzado legítima y legalmente. Con la complicidad
manifiesta de Herrera Molina, esto todavía no se ha hecho. Algo queda
claro: no es cierto que la responsabilidad culmine en los tres jueces y,
si así terminara siendo, Herrera Molina tendría una horrible razón, ya
que efectivamente estaríamos ante un "linchamiento público".
Ahora sí vale la pena repensar los conflictos políticos. Mientras
el problema permanece en el terreno del debate, la lucha por ganar la
hegemonía discursiva, mientras se trata de saber si fue de un modo o si
fue del otro, los argumentos son decisivos. Pero una vez que los
argumentos son fuertes y no pueden ser respondidos salvo con insultos y
agresión física (como los que recibió Kicillof), los argumentos no
bastan. En ese momento es preciso modificar el poder real contra el que
se está debatiendo. Y si ese poder no se modifica, quienes se enfrenten a
él descubrirán algo terrible: los argumentos comienzan a temblar, lo
que hasta ayer era claro, hoy deja de serlo. Así Astiz nos hace saber
que sus "argumentos" miserables serán los que terminen por pesar, si el
poder real no se modifica. Ese es el punto.
No se trata de probar, por ejemplo, que la trata de personas es
injusta. Nadie lo ignora. Se trata de que las redes, protegidas por la
policía, sean desbaratadas. Los nervios del poder real anterior a 2001
siguen intactos. Su modo de obtener beneficios no ha sido modificado, y
la idea de que es posible avanzar en la ejecución de un programa
democratizador de la sociedad argentina en términos básicamente
discursivos no sólo es ingenua, además es peligrosa.
Fuente : Tiempo Argentino
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