A casi 6 años de la intervención en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el programa Con el pie izquierdo de Radio Sur FM 88.3,
entrevistó a Carolina Ocar, delegada de la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) en el organismo. En esta primera parte, un repaso
histórico de los sucedido durante los últimos años.
-El INDEC hace 6 años que está intervenido. ¿Qué pasaba antes del 2007?
-El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es el
organismo rector del sistema estadístico nacional. No solamente hace
relevamientos propios, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el
Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Censo Nacional de Población,
el Censo Agropecuario, etcétera, sino que también recolecta información,
registros u otras estadísticas que le sirven para elaborar y producir
información y para sistematizarla, por ejemplo registros hospitalarios o
de frontera. El INDEC es como una gran base de datos con la que cuenta
nuestro país.
¿Para qué? La función principal y fundamental es tener información
confiable y de calidad para poder elaborar políticas públicas y
sociales. Decimos que el INDEC es como el termómetro de la sociedad,
como el radar para un avión. Los datos del INDEC también nos sirven como
herramienta a los trabajadores para ir a pelear nuestro salario en las
paritarias o a los jubilados para saber cuanto necesitan cobrar para
poder vivir bien. Y por otro lado, también se usan con fines de
investigación, social, económica, etc.
El INDEC durante muchos gobiernos ha sufrido presiones, esto no lo
podemos negar. Y en esos momentos también hemos sido los trabajadores
los garantes de que esas presiones no se filtren, no entren, no sucedan.
Yo entré en el INDEC en el año 2000 pero mis compañeros siempre
cuentan que durante el gobierno de Menem se sufrieron muchas presiones
para que se retoquen los números de desocupación que en ese momento eran
un punto fundamental. Ahí han sido los trabajadores que han salido a
manifestarse y que han preservado la información estadística. Luego,
durante el gobierno de De la Rua, hubo presiones para cambiar la forma
de medición de la pobreza y ahí también fueron los trabajadores los que
resistieron.
Hay un informe que fue una denuncia a políticas corruptas que hubo
dentro del INDEC y fueron los trabajadores los que lo elaboraron. Y eso
fue antes de este gobierno. Ese trabajo se llamó “Cuidemos al INDEC” y
en su momento tuvo gran difusión. Una de las denunciadas era a la actual
interventora Ana María Edwin que, vale la pena aclarar, fue la
Directora de Recursos Humanos durante el menemismo, durante todos los
noventa. Fue quien llevó adelante los principales convenios con las
universidades y la que metió la flexibilización laboral dentro del
Instituto, que no es poca cosa. Esas condiciones de precariedad laboral
fueron el caldo de cultivo perfecto para que se meta la intervención
como se metió, porque muchos trabajadores que se hubieran manifestado,
muchas veces no pudieron hacerlo bajo la amenaza de que se les terminaba
el contrato. La flexibilización laboral no tiene que ver simplemente
con las condiciones de trabajo o con facturar a fin de mes, sino que es
una herramienta que utiliza el Estado para disciplinar a los
trabajadores.
-¿Qué objetivo político concreto tiene la intervención?
-El primer objetivo fue ocultar el comienzo de un proceso
inflacionario. Personalmente, creo que se les fue de las manos. No creo
que haya sido un objetivo desmantelar el organismo rector del sistema
estadístico nacional. Creo que se hizo con mucha ignorancia. Lo primero
que sucede, en 2007, es que Guillermo Moreno, como Secretario de
Comercio Interior, al empezar a fallar la política de control de
precios, tiene que dar respuesta a eso. Lo que empieza a hacer es
enviarle memos a la entonces directora del IPC, Graciela Bevaqua,
intimándola a que le entregue el listado de comercios donde se hacía el
relevamiento del IPC. La directora, amparándose en la Ley de Secreto
Estadístico, se niega a entregar la información. Esto tiene unas idas y
vueltas, hasta que irrumpe Beatriz Paglieri, que ahora es secretaria de
Comercio Exterior, en la oficina de Bevaqua y le dice: ‘Hola, yo soy
delegada de la Ministra (en ese momento estaba Felisa Miceli) y a partir
de este momento me voy a hacer cargo de esta oficina’. Llegó con
guardaespaldas. A partir de ahí, empezaron a cambiar las condiciones de
producción.
Fue bastante desorganizado y desordenado después, no había una sola
forma de manipulación. Lo que nosotros empezamos a hacer era registrar
lo que los trabajadores nos iban diciendo.
-¿Cómo justificaron desde el Gobierno la intervención?
-Primero, ellos no admiten que haya intervención. Dicen que el
Gobierno tiene la potestad de cambiar los funcionarios. Los trabajadores
sabemos que con los cambios de gestión algunos puestos cambian de manos
pero nunca habíamos vivido una situación tan violenta como esta, porque
fue una irrupción muy fuerte. Lo que se da a continuación de la llegada
de Beatriz Paglieri es el desplazamiento, la quita de tareas, de
escritorios, de oficinas, se dan toda una serie de cambios
estructurales, de la metodología de trabajo, etcétera, y se mete un
montón de gente. En estos 6 años entraron alrededor de 700 personas al
INDEC, en diferentes etapas. De esas 700, unas 70 son barrabravas. Esto
está denunciado, porque hubo amenazas, aprietes, golpes, violencia
física. Todo ese cambio de condiciones laborales, de disciplinamiento,
ha ocasionado que en estos seis años, muchos compañeros nuestros se
hayan ido del INDEC. A los largo de estos años han renunciados unos 180
trabajadores, la mayoría muy críticos de la intervención.
La política de castigos implicó muchas dimensiones: la quita de
tareas, la rebaja salarial, la quita de horas extras, la quita de horas
censales y obviamente despidos también. Esa es una situación muy
violenta y disciplinadora. Y también estar seis años en el marco de un
conflicto es muy desgastante.
Fuente : Marcha
martes, 12 de febrero de 2013
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