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martes, 26 de abril de 2016

La ley de Medios K y los DNU del gobierno

21 de abril de 2016 | #Prensa Obrera 1407 | Por Pablo López - Julián Morcillo

Un debate esclarecedor en el Congreso 
 
La Cámara de Diputados aprobó el DNU del gobierno que modificó la ley de Medios y la ley Argentina Digital y creó, además, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en reemplazo de organismos existentes -AFSCA y AFTIC-, que fueron disueltos. 
 
El gobierno contó con el apoyo del Frente Renovador de Massa, que además de votar el DNU, propuso un proyecto que plantea unificar la ley de Medios con la de Argentina Digital con la mención directa de que ingresen las telefónicas al negocio de medios. 
 
Por su parte el bloque del PJ, formado por los diputados que vienen de garantizar la aprobación del pacto buitre, se abstuvo en la votación. La abstención es un acuerdo con el objetivo pero marcando diferencia en el método, el DNU, una posición idéntica a la enarbolada por el “progresismo” (Stolbizer). 
 
Para el bloque del PO en el Frente de Izquierda -el único que votó en contra del contenido y el método del DNU -fue la oportunidad de denunciar lo que se estaba votando por acción u omisión y plantear un programa. 
 
Finalmente, la votación que ratificó el DNU consagró el rumbo que iniciara la ley Argentina Digital en materia de concentración monopólica de los medios de comunicación. Aquella ley que enviara CFK en el ocaso de su mandato, ya habilitaba a las telefónicas a brindar servicios de comunicación audiovisual y, por lo tanto, por la dimensión desproporcionada entre telefónicas y empresas de medios audiovisuales, permitía desarrollar una concentración del mercado a favor de las primeras. 
 
En su momento y ahora el PO denunció la intención original favorable a las telefónicas del gobierno “nacional y popular”, además de la total ausencia de protección de los derechos de los trabajadores de los medios y el completo desinterés sobre la participación de éstos en la democratización de la palabra. 
 
El derrumbe del gobierno CFK trajo aparejado el de su estructura mediática que hoy se traduce en vaciamientos, despidos y penuria para los trabajadores de los medios. Es lo que ocurre con el Grupo 23, con Indalo Media, con 360Tv, etc.
 
La “liberación” que promueve el gobierno PRO/Cambiemos profundiza la encarada por los K con la ley Argentina Digital y favorecerá el ingreso de nuevos monopolios concentrados e incluso una mayor extranjerización de la producción informativa, artística y cultural como lo demuestra el inminente ingreso de Turner al control de Telefé y del fútbol tras la visita de Obama. 
 
Vaciadores 
 
Al vaciamiento de los medios kirchneristas se ha sumado ahora el de Nextel por Clarín, con ciento cincuenta despidos tras la ratificación de la compra de Telecom por parte de su socio accionista en Cablevisión, el fondo buitre Fintech. 
 
Las medidas que el gobierno estableció para favorecer a la fusión Clarín-Telecom, los dos años de gracia para que las empresas telefónicas puedan comenzar a brindar servicios de comunicación audiovisual estarían forzando a Telefónica a abandonar su posición sobre Telefé, que pasaría a manos del pulpo yanqui Turner-Time Warner. No se debe descartar en ese proceso más vaciamientos y despidos si se tiene en cuenta que Turner posee en el país el control de varios canales de cable con los que programa para toda América Latina y es la práctica habitual de las empresas mediáticas, que al fusionar nuevas “relocalizan” personal y despiden. 
 
Qué hacer 
 
Mientras el kirchnerismo patalea por retener el control de los organismos estatales creados por su Ley de Medios, sólo nuestra intervención en Diputados expuso un programa para los trabajadores: rechazo de los despidos, la exigencia de estabilidad para los trabajadores temporarios y precarizados, un control obrero que garantice la independencia ideológica en el trabajo de comunicar y abra las cuentas de los conglomerados mediáticos para exponer sus beneficios.  
 
La verdadera lucha por la “pluralidad de voces”, planteamos, requiere una movilización independiente, que plantee la elección popular de los directorios de los organismos de control, de la TV y radios públicas, el control democrático de la distribución de la pauta oficial y el reparto de los espacios y recursos técnicos de comunicación entre organizaciones políticas, sociales y culturales, con arreglo a su respectiva representación.

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