El debate en
Diputados sobre una ley de prohibición de despidos ha tomado un impulso
inusitado. En estas páginas reflejamos que en la reunión de las cinco
centrales con Diputados se colocó como prioridad, por delante de
ganancias. La Comisión de Trabajo apura un proyecto de consenso. Las CGT
y CTA discutieron si movilizar al Congreso por un pliego encabezado por
este tema, algo luego deshechado ante el anuncio de una nueva reunión
con Macri. La burocracia ha recurrido al parlamento como coartada para
no ir a una lucha contra los despidos. Pero ese desvío está incubando
una crisis política, como resultado de la crisis social que dispara el
ajuste.
En marzo se han registrado oficialmente 19424 despidos y en el primer
trimestre del año, 127144. Un debate en la Comisión de Trabajo
estableció que en diciembre se produjeron miles y miles más, todo esto
sin contar a aquellos que ocurren en la Argentina “en negro”, un tercio
de la masa laboral, el sector más vulnerable al despido. De manera que
los despidos superan los 150 mil en este primer tramo del ajuste de
Macri y los gobernadores, de los cuales dos tercios son en el sector
privado, lo que indica una recesión económica de fondo en el debut del
ajuste.
Como en marzo las suspensiones crecieron 16 veces respecto del año
anterior, escalando a 8083, la perspectiva es de un agravamiento de la
tendencia al despido. Si se espera un descenso de la inflación en el
segundo semestre, es en función de una mayor recesión.
Limitaciones 0
El “proyecto de consenso” se discute a partir de los diputados
sindicales del peronismo que presentaron, en general, incrementos
indemnizatorios, o eran ambiguos en este punto como el de Facundo
Moyano. Hasta aquí, el texto ha tomado varios temas planteados por el
proyecto del PO, como comprender a precarios y contratados, renovando
automáticamente contratos hasta el fin de la protección de la ley, o
establecer la reinstalación en caso de violación patronal. En todos los
casos, también la extensión por un año y medio. Se trata de puntos
fundamentales.
Pero sus falencias son enormes. La vigencia de la ley en discusión
arrancaría el 1˚ de marzo, cuando los despidos empezaron en diciembre.
No comprende suspensiones, donde nosotros planteamos el reparto de horas
sin afectar salarios, punto esencial porque las patronales pueden
cambiar despidos por suspensiones masivas a la espera del fin de la
vigencia de la ley. No ataca el recurso de crisis, una vía patronal para
eludir la ley y despedir con indemnizaciones reducidas, mientras
nuestro proyecto plantea apertura de libros y comisión obrera de control
de cuentas. Tampoco comprende a los compañeros en negro, a diferencia
del nuestro que establece un mecanismo de blanqueo con estabilidad
laboral. También ofrece la opción de doble indemnización, que sirve a la
extorsión patronal de los falsos retiros voluntarios.
Por otro lado, hubo cerrada oposición a un punto crucial: la
expropiación y puesta a andar bajo gestión de los trabajadores de toda
empresa que cierre. Por otro lado, las patronales pueden cerrar empresas
para abrir otras con menos trabajadores y condiciones laborales a la
baja.
Con todo, el debate entraña una crisis política. ¿Aprobarán una ley de
este tipo sectores patronales de los bloques opositores, como el FR, el
bloque justicialista o el FpV? ¿Se va a hacer cargo un parlamento
patronal de viabilizar un reclamo por el que se evita desde los
sindicatos un paro nacional?
Por lo pronto, el senador Pichetto, cabeza del kirchnerismo que dio la
votación masiva en la Cámara alta al pacto buitre, habló de doble
indemnización, no de prohibición de despidos. Una enmienda así voltea la
ley.
Y aunque saliera del parlamento, la ley atravesaría luego todos los
resortes del Ejecutivo para liquidarla, como la falta de reglamentación y
a su turno el veto presidencial. El macrismo pretende ofrecer al
capital internacional una reforma económica y laboral contra conquistas
históricas de los trabajadores.
El peregrinaje de la burocracia por el parlamento, en sustitución de un plan de lucha, nos conduce a un callejón sin salida.
Los diputados del Partido Obrero en el FIT abordamos este debate
parlamentario desde una perspectiva antagónica. Lo concebimos como un
punto de apoyo para una lucha de conjunto de la clase obrera contra los
despidos. Nos apoyamos para ello en expresiones como el paro nacional
estatal del 19 de abril, la huelga de Tierra del Fuego y tantas luchas
parciales que se están librando. La agitación parlamentaria debe
reforzar las tendencias huelguísticas y de ocupación de fábricas que
cierren.
Y es, por supuesto, un aspecto de la salida de conjunto de la izquierda
revolucionaria y el clasismo para que la crisis la paguen los
capitalistas.
El tema será parte del programa por el que planteamos paro nacional,
tanto en la eventual movilización del 29, mediante una columna
independiente de la burocracia sindical, como para el 1˚ de Mayo que
convoca el Frente de Izquierda en la Plaza de Mayo.
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