El proceso
brasileño pone de manifiesto que el aspecto central de la etapa política
actual es una crisis vertical de poder – antes que “un cambio de
ciclo”. El capital procura instalar “gobiernos de ajuste”, pero no ha
reunido aún ni los medios económicos ni los políticos de su proyecto.
Brasil ilustra el carácter de toda la crisis que se ha apoderado de
América Latina
Nota publicada en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/544618909052308:0
La crisis brasileña tiene en vilo a toda América Latina, y más allá. The Wall Street Journal
la describe, en su edición de hoy, moderadamente, como “un precipicio
económico, en medio de un caos político”. Fue el tema principal en las
reuniones entre Obama y Macri –al menos según lo cuenta Clarín. Un colapso de Brasil forzaría al macrismo a sacar de la gaveta el Plan B, que no tiene.
Bancarrota
El diario de las finanzas norteamericanas advierte de un deuda pública
de u$s 1 billón, que el año que viene alcanzaría el 80% del PBI. Se
alarma por una deuda privada de cerca de u$s300 mil millones, cuyo
servicio está creciendo a razón de un 14% cada año. Petrobras, sin
embargo, tiene, ella sola, una deuda (paraestatal) de u$s150 mil
millones, a septiembre pasado, “una de las mayores deudas corporativas
del mundo” (Valor, 23/3). Pero no es todo: tiene deudas
fiscales por R$160 mil millones y otras laborales por R$20 mil millones
–o sea unos u$s 60 mil millones adicionales. La cotización del capital
accionario de la empresa ha retrocedido un 85%, a poco más de u$s20 mil
millones. “A final de 2015, informa WSJ, 54.1 millones de
brasileños se habían atrasado en los pagos de cerca de u$s60 mil
millones en préstamos”. Con este endeudamiento se fogoneó el consumo
‘nacional y popular’ también entre nuestros vecinos. Al derrumbe de la
inversión se asocia un retroceso espectacular del consumo personal y la
posibilidad de quiebras bancarias. La calificadora S&P ha rebajado a
la categoría de ‘defol’ a Usiminas –una alianza entre Nippon Steel y
Tenaris, nada menos. Los despidos recientes alcanzan a un millón de
trabajadores y la desocupación ha superado el 10% de la población
activa.
De acuerdo a un estudio (Valor, 23/3), Petrobras no tiene
forma de pagar su deuda: “ha sido salvada por el gong, o mejor, por los
aportes del Banco de Desarrollo de China, a cambio de la entrega de
petróleo a precios preferenciales. Lo que significa que si el precio del
petróleo no se recupera rápidamente, serán necesarios más aportes de
China”. Esta conclusión suena optimista, primero porque, con este
acuerdo, Petrobras hipoteca una gran parte de sus ingresos futuros y,
segundo, porque el rescate chino significa que Brasil seguirá importando
acero de China y dictando la sentencia final para la defolteada
siderurgia que opera en Brasil. Petrobras no podría siquiera refinanciar
una salida a la deuda impagable, debido a que no le está permitido
acogerse a la ley de quiebras por su condición de empresa con mayoría
estatal, o sea que no puede ofrecer como garantía un eventual remate
judicial de sus activos. Petrobras ha perdido u$s10 mil millones de
dólares en el último trimestre del año pasado – “sin que se vea la luz
al final del túnel” (ídem). En esta situación, debería ser capitalizada
con recursos fiscales, de parte de un Estado que se encuentra él mismo
quebrado. El Club de Ingeniería de Brasil advierte acerca de “una
destrucción de empresas nacionales”.
De acuerdo a Valor, “desde el cambio de comando de la estatal,
a inicios de 2015, fueron hechas diversas gestiones en el mercado sobre
un modelo de asociación con el sector privado para BR Distribuidora” –
la subsidiaria principal de Petrobras. El ‘modelo’ es curioso: se
vendería una parte minoritaria del capital de la empresa, pero con un
descuento del 40 por ciento y un sistema que otorgaría el voto
mayoritario al sector privado, que pasa así a dirigir la compañía. Es el
gobierno actual el que ha tomado la iniciativa del remate del
patrimonio nacional, que reclama la oposición y el capital financiero.
En el Senado, mientras tanto, los oficialistas mudados en opositores y
la oposición tradicional van más lejos: quieren sustituir el régimen de
participación de beneficios en explotaciones petroleras con mayoría de
Petrobras por el un sistema de concesiones a los monopolio privados. El
golpismo (parlamentario, judicial, mediático, financiero) es el
resultante de la crisis política, no su causa. Las denuncias de
corrupción y los arrestos y condenas de los implicados no son más que
una manifestación de la disputa por los despojos de la bancarrota de la
economía. Hay una contradicción insoluble entre la necesidad de una
salida a la quiebra capitalista, de un lado, y el gobierno y el régimen
político vigente, por el otro.
El piloto y los pasajeros
Que la crisis abarca al conjunto del régimen político queda de
manifiesto en las encuestas, que muestran un repudio a oficialistas y
opositores. La ciudadanía, incluida una parte importante de los
trabajadores, no advierte, sin embargo, que el comando de la salida
política se encuentra en manos de la fracción que aboga por el
derrocamiento del gobierno, o sea por los golpistas. La decisión de
apurar el juicio político a la Presidenta obedece a la necesidad de
producir un recambio de gobierno antes que lleguen las citaciones
judiciales a los líderes del golpe – el vicepresidente o el presidente
de la Cámara de Diputados.
También impulsa la urgencia el desenvolvimiento del proceso judicial.
De una parte, porque el presidente e incluso el directorio de Odebrecht
han decidido sumarse a la llamada “delación premiada”, con la finalidad
de obtener una reducción de penas para el dueño de la constructora y
para blindar a la compañía de los prejuicios patrimoniales que le
provocará su responsabilidad en el sistema de coimas, incluido el
descubrimiento de una contabilidad paralela. Odebrecht reclama una ley
de indulgencia que la zafe de la responsabilidad patrimonial. Las
informaciones que aporte Odebrecht serían letales para el oficialismo y
para Dilma y Lula – sus socios más estrechos. De otro lado, la acción
judicial se ha descarrilado con la filtración de escuchas telefónicas de
la Presidenta del país, por parte del juez de la causa y del propio
Ministerio Público. La Corte Suprema tiene ahora un pretexto excelente
para anular las actuaciones judiciales y poner el encausamiento bajo su
control. Un editorial del diario financiero Valor concluye que
con un gobierno de Temer “prosegurían las tentativas de frenar las
investigaciones y de las penas, porque amenazan a decenas de políticos.
Cuando el Legislativo reanude su actividad un frente suprapartidario
podrá votar leyes que encuadren el Lava Jato y anulen parte de sus
efectos. Fue una conjunción de este tipo que impidió el desenvolvimiento
de la operación Manos Limpias (en Italia)”. En Italia, los jueces de
las causas anti-corrupción acabaron incriminados en centenares de
procesos judiciales. Cambio de gobierno, ley de indulgencia para las
empresas capitalistas, limitación de los procesos judiciales –el sistema
político patronal tiene trazada su hoja de ruta. El golpe es presentado
como la única vía para salvar a los corruptos. Toda una paradoja, ¿no?
Es el régimen político
Lo más importante de ese GPS es el remate del patrimonio en bancarrota y
el ajuste. Delfim Neto, ex zar económico de la dictadura, y Arminio
Fraga, ex presidente del Banco Central, ya tienen elaborado un plan bajo
la presidencia de Michel Temer – el vice en funciones. Descartan que la
Corte Suprema le tire un salvavidas a Dilma y autorice la designación
de Lula como jefe de gabinete. Si esto ocurriera, Brasil podría asistir a
un derrumbe bursátil fenomenal y al hundimiento de su moneda; un golpe
de mercado. La supremacía que ha alcanzado la Corte con relación a los
otros poderes del Estado, pone en evidencia la disolución avanzada del
régimen político. Una fracción de la burguesía, Aécio Neves y Marina
Silva, reclaman elecciones generales, como una suerte de salida indolora
a la debacle del gobierno como del Congreso. Pero incluso esto necesita
de un gobierno de transición con un plan elemental de gobierno.
El proceso brasileño pone de manifiesto que el aspecto central de la
etapa política actual es una crisis vertical de poder – antes que “un
cambio de ciclo”. El capital procura instalar “gobiernos de ajuste”,
pero no ha reunido aún ni los medios económicos ni los políticos de su
proyecto. Brasil ilustra el carácter de toda la crisis que se ha
apoderado de América Latina y la operación de socorro emprendida por
Obama –que naturalmente debe empezar por Cuba. En Brasil se desarrolla
un enfrentamiento brutal entre fracciones capitalistas, con un trámite
necesariamente golpista. En la agenda del capital figura un ajuste
extraordinario contra las masas. El eje de ese ajuste, estimado en la
parte fiscal en R$145 mil millones (u$s40 mil millones), es el golpe
contra las jubilaciones, esto para rescatar a la Previsión Social como
fuente de financiamiento del capital. Ningún trabajador puede alinearse
con el golpe, alegando la corrupción existente, ni siquiera la
neutralidad; tampoco puede apoyar al gobierno de turno, que transa todos
los días con el golpismo para demorar su caída o para conseguir un
espacio en el proceso ulterior.
Por eso es necesario un Congreso de Trabajadores que habilite un planteo independiente de la clase obrera y un plan de lucha.
No hay comentarios:
Publicar un comentario