El alcaide mayor Ricardo Casal y la dialéctica de la tolerancia cero

Por Ricardo Ragendorfer

El proyecto de Casal está basado en dos pilares: la demagogia punitiva y el autogobierno policial. Él está seguro de que sobrevivirá en el segundo mandato de Scioli. Entonces deberá convivir con la política de seguridad de la ministra Nilda Garré.

Mientras el Poder Ejecutivo Nacional profundiza su política de seguridad democrática, el ministro preferido de Daniel Scioli continúa con su cruzada criminalizadora. La historia del guardiacárcel más exitoso del país.

Al caer la noche del domingo, la enorme carpa levantada a metros de la Gobernación platense estaba colmada de funcionarios, dirigentes, periodistas, invitados especiales y militantes rasos. En la tarima, con una euforia contenida, Daniel Scioli agradecía a las casi cuatro millones de personas que lo habían votado. Tras la ovación, un allegado suyo deslizó a Miradas al Sur: “Sólo resta conformar el nuevo gabinete”. Y agregó: “Los nombres se sabrán llegando la fecha de reasunción”. A pocos metros, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, lucía exultante. Pese a los rumores, aquel hombre de peinado laborioso y mirada fría no parecía tener dudas sobre su continuidad.

Hay un episodio que pinta al personaje por entero. Dicen que durante la tarde del 31 de agosto, cuando el cuerpo de Candela Sol Rodríguez aún yacía en un descampado aledaño a la colectora del Acceso Oeste, Scioli apenas reparó en ese camarógrafo que se movía en la escena del crimen como un pez en el agua. También dicen que había sido traído por cuenta del Ministerio de Justicia y Seguridad. De ser así, se ignora por qué Casal decidió registrar –y luego difundir en todas las señales televisivas de noticias– una escena tan infausta. Al fin y al cabo, la niña que por diez días había sido afanosamente buscada por 1.600 policías, 143 patrulleros, dos helicópteros y 16 perros fue finalmente hallada por una cartonera, y sin vida. Un epílogo que el ministro no había calculado. Ahora, rodeada por un cordón de uniformados, la madre de la víctima gritaba: “¡Por Dios, me mataron a mi hija!”. Y Casal, con un rictus incómodo, la observaba de soslayo. No era un secreto su enorme expectativa por el caso. Hasta ese momento había soñado con la foto del gobernador y él con Candela sana y salva. No pudo ser.
Lo cierto es que la lucha contra el delito siempre fue para Scioli una razón de Estado. Su primer ministro del área, el fiscal Carlos Stornelli, intentó cumplir su trabajo con creces. De hecho, para optimizar el vidrioso vínculo de la corporación policial y el poder político, no vaciló en desarticular todos los cambios efectuados hasta el 10 de diciembre de 2007 por su antecesor, León Arslanián, mediante una contrarreforma basada en la restitución de los atributos que la Bonaerense había tenido en sus peores épocas. Se trataba de una estrategía que él mismo bautizó como “política de confianza hacia la policía”. Sin embargo, sólo le bastó ordenar un relevo en la jefatura de Dirección del Delito Automotor –una de las cajas más apetecibles para el comisariato– para malograr su romance con esa fuerza. Entonces denunciaría un complot policial contra su gestión. Y poco después, daría un paso al costado. Ello propició la fusión entre Justicia y Seguridad, además de acelerar la terrible ascención de Casal, quien fue puesto al frente de semejante superestructura ministerial. Ya se sabe que su estilo de trabajo, que oscila entre la demagogia punitiva y el autogobierno policial, está en las antípodas de la política de seguridad democrática aplicada por el Gobierno Nacional. Por esa razón, muchos lo situaban en la lista de funcionarios bonaerenses a punto de ser removidos. Sin embargo, tanto algunos guiños del gobernador como su propia actitud de suficiencia durante la noche del 23 de octubre en el bunker sciolista terminaron por enfriar tal posibilidad. Un verdadero milagro para esta rara avis del gabinete bonaerense que, por otro lado, ostenta un récord digno de mencionar: ser oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Historia de un candado.

No hay dudas de que Casal es alguien que empezó de abajo, desde el llano mismo. En plena dictadura militar sintió el llamado de las armas; tanto es así que, durante el otoño de 1976 se alistó como guardia en el SPB. Su carrera de carcelero sería meteórica; un año después fue ascendido a cabo y desde 1980 sería adjuntor. En 1981, la resolución III Nº 787/81 lo convirtió en subalcaide del escalafón técnico y profesional, es decir, personal superior con rango de oficial. Recién pidió su baja como penitenciario en 1992, con el grado del alcaide mayor, con el propósito de ejercer su otra profesión, la abogacía. Hay quienes sostienen que Casal ofició, primero, como simple candado –tal como en la jerga tumbera se les llama a los guardias de pabellón– y, luego, como personal de Inteligencia del SPB, con funciones en la Unidad 9 de La Plata durante la dictadura, cuando dicho penal era un ominoso depósito de presos políticos. Sin embargo, no hay denuncias, testimonios o pruebas documentales que lo vinculen con el ejercicio del terrorismo de Estado. Casal, por su parte, sostiene que nunca cumplió tareas de guardiacárcel y que pasó aquellos años en dependencias administrativas, a cargo de la liquidación de sueldos, mientras realizaba sus estudios de abogacía. Ya en los años ’90, debidamente reinsertado en la vida civil, cumpliría tareas como funcionario de segunda línea en varios ministerios de la provincia, bajo los gobiernos de Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf y Felipe Solá. Tal vez su formación y capacidad para disciplinar grupos humanos díscolos haya hecho que los ojos de Scioli se fijaran en él. Los comisarios de la Bonaerense, a su vez, lo consideran un par.
En términos numéricos, los resultados de la eficacia de Casal como funcionario están a la vista. En el transcurso de su paso por el Ministerio de Justicia y Seguridad, la provincia de Buenos Aires ha vuelto a tener más de 30.000 personas privadas de su libertad, lo cual constituye la tasa de prisionización más alta del país y sólo es superada en Sudamérica por Chile, sin que por ello se aprecie un incremento de la seguridad, salvo una leve merma de los hurtos menores. En cambio, crecen los actos de brutalidad cometidos por la policía provincial y por su servicio penitenciario. En resumidas cuentas, el descontrol policial, la satanización de los menores y el lazo de los uniformados con casi todas las actividades del crimen organizado son los pilares de su gestión.
Un caso testigo de ello fue el episodio ocurrido el 3 de febrero de este año en José León Suárez, partido de San Martín, cuando dos adolescentes fueron asesinados por efectivos de la Bonaerense, cuando éstos –según la versión oficial– acudieron alertados por una denuncia sobre un “grupo de delincuentes que había descarrilado con fines de robo una formación del Ferrocarril Mitre”. Ambas muertes aún permanecen impunes.
En el aspecto legal, no fue menor la contribución del alcaide en su cruzada por endurecer los efectos del Código Penal. Al respecto, cabe destacar la aprobación de una ley diseñada justamente por él para restringir el régimen de excarcelaciones sólo a presos mayores de 70 años, mujeres embarazadas y enfermos terminales. Aquellas medidas, junto a la intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores y la cruzada para instalar el Código Contravencional, que afina el poder punitivo de la Bonaerense, fueron sus emprendimientos más preciados.
En paralelo a esta cruzada criminalizadora, durante la era Casal se registraría una tendencia aterradora: el reclutamiento policial de menores como mano esclava con fines delictivos. La desaparición de Luciano Arruga, ocurrida en enero de 2009 –aún bajo la gestión de Stornelli–, puso este asunto al descubierto, ya que la víctima, de apenas 16 años, se había negado a trabajar para los policías de la subseccional de Lomas del Mirador. El hecho es que, estando el área de Seguridad ya a cargo de Casal, el uso de pibes chorros por parte de los uniformados tomaría visos cada vez más orgánicos y extendidos.
Cabe destacar también la buena predisposición del Casal al diálogo y al disenso, tal como lo demostraría en junio del año pasado al ser entrevistado, justamente sobre el caso de Arruga, en el programa La página del medio, de Radio Provincia. Ese diálogo con las periodistas Margarita Torres y Silvina Garrido fue ríspido y Casal levantó la voz para negar que su política fuera de mano dura y que hubiera crecido la tasa de prisionización. Y también negó la participación de la Bonaerense en la desaparición del pibe. Al terminar emisión, las autoridades de la radio consideraron que interrogar al ministro sobre estos temas constituía una falta de respeto. “Es el patrón de ustedes”, les gritó a las periodistas el director de programación, Oscar Castañeda Alippi. Torres y Garrido fueron finalmente despedidas.
El 26 de abril de este año, mediante la Resolución 1.543, que lleva su firma, Casal dispuso que la vieja Escuela de Investigaciones de la Policía bonaerense –situada sobre el camino Centenario, en Berazategui– pasara a llamarse “Escuela de Policía Juan Vucetich, sede Comisario General Jorge Vicente Schoo”. El problema es que el tal Schoo –tal como informó Miradas al Sur en su edición del 18 de septiembre de 2011– supo estar ligado a la Concentración Nacional Universitaria (CNU), un grupo de ultraderecha ligado a la aplicación del terrorismo de Estado durante la dictadura.
A fines de marzo, al llegar al cuarto piso del Hotel NH City, en uno de cuyos salones estaba por comenzar la reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI) presidida por la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, su par bonaerense se fundió en un caluroso abrazo con el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco. Éste había acudido en representación del ministro porteño, Guillermo Montenegro. Ambos funcionarios luego prestarían una fría atención a la ponencia de la ministra Garré.
Lo cierto es que la convivencia entre ella y el responsable de la seguridad en el vasto territorio provincial es, más que nada, protocolar. No es un secreto el profundo abismo que los separa a ambos. Ni que, en el plano nacional, la aplicación de una nueva política al respecto no sólo consistirá en imprimir profundas transformaciones en las fuerzas federales de seguridad –como Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y la Federal–, sino que también deberá lidiar contra los vicios y degeneraciones endémicas que desde la noche de los tiempos sacuden a otras agencias policiales.
Casal eso bien lo sabe.

Fuente :Miradas al Sur