Por Luciana Sol González*.
La sucesión de acciones represivas llevadas a cabo por la Policía Metropolitana nos obliga a reflexionar sobre un cuerpo policial que nunca reflejó en su accionar, hasta ahora, los supuestos comunitarios utilizados en su rimbombante campaña de lanzamiento.
La creación de la Policía Metropolitana fue una de las grandes apuestas del PRO en la ciudad. Es por ello que Macri apuntó desde sus comienzos como Jefe de Gobierno a reformar la Ley 24.588 (más conocida como “Ley Cafiero”) que impedía a los Jefes de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el manejo de las fuerzas policiales, haciendo imposible la creación de una fuerza propia para la ciudad sin autorización del Congreso de la Nación.
Superado este escollo, comenzó un intenso debate en la legislatura porteña acerca de los alcances, las funciones y el presupuesto de la Policía Metropolitana. La Ley 2.894 que creó la fuerza fue aprobada el 28 de octubre de 2008 con 42 votos a favor y 13 votos en contra, contando también con el apoyo de legisladores pertenecientes al bloque kirchnerista y al Socialismo.
El Macrismo se presentó entonces públicamente como haciéndose cargo de un problema concreto en un momento histórico en el cual la “inseguridad” es uno de los temas favoritos en las agendas mediáticas. Frente a una crisis del modelo policial tradicional, con fuertes críticas a la Policía Federal y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por las recurrentes denuncias de violación a los Derechos Humanos en democracia, los gurúes del Marketing PRO intentaron crear a nivel discursivo y comunicacional un nuevo cuerpo policial basado en el paradigma comunitario reforzando los conceptos de cercanía, modernidad, innovación tecnológica y novedad, y utilizando los modelos policiales de Gran Bretaña y Nueva York como fuentes de inspiración y ejemplos a seguir.
Teóricamente el nuevo cuerpo policial está basado en la prevención situacional del delito. La clave de este tipo de prevención tiene que ver con que los aspectos situacionales serían más susceptibles de ser modificados que cualquier otro que pueda influir sobre la transgresión del orden. Se cree, además, que el cometer un delito es una conducta humana relacionada con una elección racional. Esta perspectiva prioriza únicamente ciertos delitos contra la propiedad en el espacio público, apoyándose en una confianza plena en el empleo de la tecnología que resulta un factor clave frente a la necesidad de recabar, transferir y compartir datos sobre personas, vehículos, situaciones en la vía pública que luego permitan cuantificar resultados en tasas delictivas.
La Policía Metropolitana se presentó en su campaña de lanzamiento como promotora de una novedosa asociación entre la comunidad y su policía, actuando frente a los delitos de menor importancia (ruidos molestos, mendicidad, suciedad, desorden, entre otros). Inspirada en un modelo de tipo empresarial, el ciudadano se presenta aquí como consumidor de un servicio de seguridad, en donde cobra fuerza el desarrollo de nuevas tecnologías y la eficacia medida sobre objetivos estipulados, como los mapas del delito, los registros de denuncias y las encuestas.
Frente a la acumulación de conductas represivas en el prontuario de la Policía Metropolitana (la lamentable designación inicial de Jorge “Fino” Palacios al frente de la fuerza, el debut represivo en el Indoamericano, los excesos cometidos en el desalojo de la Sala Alberdi y en el Hospital Borda, entre tantas otras), cabe preguntarnos seriamente si esta fuerza puede pensarse como solución al “problema de la inseguridad” en la ciudad.
En principio podemos pensar que la búsqueda de orden público sin el acompañamiento de una transformación social profunda, que garantice la igualdad social, presenta una dificultad importante. Cualquier modelo que mantenga su centralidad en la agencia policial se aleja sin dudas de una salida democrática y pacífica de los problemas sociales. Sumado a ello, en el paradigma policial, la seguridad no se piensa desde la positividad preguntándose cómo alcanzar su plenitud, sino que se plantea desde la negación intentando neutralizar las inseguridades.
El supuesto proyecto comunitario comenzó a desdibujarse desde sus inicios. A la falta de definiciones claras en la Ley, se deben sumar las falencias en la formación de los agentes con respecto a disciplinas sociales y que, a su vez, la mayoría de los mismos provienen de otras fuerzas de seguridad con una “cultura específica” arraigada tendiente al corporativismo, el aislamiento, la desconfianza frente al ciudadano y una visión reactiva y no preventiva frente al delito.
Por otro lado, tal como sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe de 2011, resulta difícil de comprender el interés por una formación en inteligencia y contraterrorismo para una fuerza que ha sido supuestamente pensada como comunitaria y de proximidad. Esta tendencia lleva a suponer la existencia de una posible agenda oculta, antagónica a la Ley de creación de la institución.
Si a ello le sumamos que el 83% de los cargos jerárquicos (superintendentes, comisionados generales, mayores y simples) están ocupados por ex policías federales y que de ese grupo alrededor del 80% comenzó sus tareas en dicha fuerza en la década de 1970, el discurso acerca de la construcción de una “fuerza nueva” y “distinta a la Policía Federal” comienza a mostrar sus fisuras.
A su vez la falta de funcionamiento de los Foros de Seguridad Ciudadana, Foros de Seguridad Pública y del Programa de Participación Ciudadana para el seguimiento del accionar de la Policía Metropolitana deja trunco uno de los pocos elementos comunitarios que se presentan en la letra de la Ley.
En el paradigma policial y preventivo en el que se insertan las medidas adoptadas por el PRO, la inseguridad se presenta en una relación directa al delito, quedando excluidas otras acepciones de la seguridad, asociadas al acceso al empleo, a la salud y a la educación. Las políticas securitarias se reducen a una política criminal, dentro de la cual se presta principal atención a los conflictos contra la propiedad y los disturbios callejeros. Los discursos en torno al manteniendo del orden público, delimitan una ciudad en donde las “desviaciones” quedan excluidas y la geografía urbana es demarcada a partir de un termómetro social del miedo.
* Miembro del UBACYT “Riesgos, violencias y orden. De la exhortación a la ciudadanía a la interpelación de las victimas en la comunicación política argentina contemporánea” dirigido por Mercedes Calzado.
La creación de la Policía Metropolitana fue una de las grandes apuestas del PRO en la ciudad. Es por ello que Macri apuntó desde sus comienzos como Jefe de Gobierno a reformar la Ley 24.588 (más conocida como “Ley Cafiero”) que impedía a los Jefes de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el manejo de las fuerzas policiales, haciendo imposible la creación de una fuerza propia para la ciudad sin autorización del Congreso de la Nación.
Superado este escollo, comenzó un intenso debate en la legislatura porteña acerca de los alcances, las funciones y el presupuesto de la Policía Metropolitana. La Ley 2.894 que creó la fuerza fue aprobada el 28 de octubre de 2008 con 42 votos a favor y 13 votos en contra, contando también con el apoyo de legisladores pertenecientes al bloque kirchnerista y al Socialismo.
El Macrismo se presentó entonces públicamente como haciéndose cargo de un problema concreto en un momento histórico en el cual la “inseguridad” es uno de los temas favoritos en las agendas mediáticas. Frente a una crisis del modelo policial tradicional, con fuertes críticas a la Policía Federal y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por las recurrentes denuncias de violación a los Derechos Humanos en democracia, los gurúes del Marketing PRO intentaron crear a nivel discursivo y comunicacional un nuevo cuerpo policial basado en el paradigma comunitario reforzando los conceptos de cercanía, modernidad, innovación tecnológica y novedad, y utilizando los modelos policiales de Gran Bretaña y Nueva York como fuentes de inspiración y ejemplos a seguir.
Teóricamente el nuevo cuerpo policial está basado en la prevención situacional del delito. La clave de este tipo de prevención tiene que ver con que los aspectos situacionales serían más susceptibles de ser modificados que cualquier otro que pueda influir sobre la transgresión del orden. Se cree, además, que el cometer un delito es una conducta humana relacionada con una elección racional. Esta perspectiva prioriza únicamente ciertos delitos contra la propiedad en el espacio público, apoyándose en una confianza plena en el empleo de la tecnología que resulta un factor clave frente a la necesidad de recabar, transferir y compartir datos sobre personas, vehículos, situaciones en la vía pública que luego permitan cuantificar resultados en tasas delictivas.
La Policía Metropolitana se presentó en su campaña de lanzamiento como promotora de una novedosa asociación entre la comunidad y su policía, actuando frente a los delitos de menor importancia (ruidos molestos, mendicidad, suciedad, desorden, entre otros). Inspirada en un modelo de tipo empresarial, el ciudadano se presenta aquí como consumidor de un servicio de seguridad, en donde cobra fuerza el desarrollo de nuevas tecnologías y la eficacia medida sobre objetivos estipulados, como los mapas del delito, los registros de denuncias y las encuestas.
Frente a la acumulación de conductas represivas en el prontuario de la Policía Metropolitana (la lamentable designación inicial de Jorge “Fino” Palacios al frente de la fuerza, el debut represivo en el Indoamericano, los excesos cometidos en el desalojo de la Sala Alberdi y en el Hospital Borda, entre tantas otras), cabe preguntarnos seriamente si esta fuerza puede pensarse como solución al “problema de la inseguridad” en la ciudad.
En principio podemos pensar que la búsqueda de orden público sin el acompañamiento de una transformación social profunda, que garantice la igualdad social, presenta una dificultad importante. Cualquier modelo que mantenga su centralidad en la agencia policial se aleja sin dudas de una salida democrática y pacífica de los problemas sociales. Sumado a ello, en el paradigma policial, la seguridad no se piensa desde la positividad preguntándose cómo alcanzar su plenitud, sino que se plantea desde la negación intentando neutralizar las inseguridades.
El supuesto proyecto comunitario comenzó a desdibujarse desde sus inicios. A la falta de definiciones claras en la Ley, se deben sumar las falencias en la formación de los agentes con respecto a disciplinas sociales y que, a su vez, la mayoría de los mismos provienen de otras fuerzas de seguridad con una “cultura específica” arraigada tendiente al corporativismo, el aislamiento, la desconfianza frente al ciudadano y una visión reactiva y no preventiva frente al delito.
Por otro lado, tal como sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe de 2011, resulta difícil de comprender el interés por una formación en inteligencia y contraterrorismo para una fuerza que ha sido supuestamente pensada como comunitaria y de proximidad. Esta tendencia lleva a suponer la existencia de una posible agenda oculta, antagónica a la Ley de creación de la institución.
Si a ello le sumamos que el 83% de los cargos jerárquicos (superintendentes, comisionados generales, mayores y simples) están ocupados por ex policías federales y que de ese grupo alrededor del 80% comenzó sus tareas en dicha fuerza en la década de 1970, el discurso acerca de la construcción de una “fuerza nueva” y “distinta a la Policía Federal” comienza a mostrar sus fisuras.
A su vez la falta de funcionamiento de los Foros de Seguridad Ciudadana, Foros de Seguridad Pública y del Programa de Participación Ciudadana para el seguimiento del accionar de la Policía Metropolitana deja trunco uno de los pocos elementos comunitarios que se presentan en la letra de la Ley.
En el paradigma policial y preventivo en el que se insertan las medidas adoptadas por el PRO, la inseguridad se presenta en una relación directa al delito, quedando excluidas otras acepciones de la seguridad, asociadas al acceso al empleo, a la salud y a la educación. Las políticas securitarias se reducen a una política criminal, dentro de la cual se presta principal atención a los conflictos contra la propiedad y los disturbios callejeros. Los discursos en torno al manteniendo del orden público, delimitan una ciudad en donde las “desviaciones” quedan excluidas y la geografía urbana es demarcada a partir de un termómetro social del miedo.
* Miembro del UBACYT “Riesgos, violencias y orden. De la exhortación a la ciudadanía a la interpelación de las victimas en la comunicación política argentina contemporánea” dirigido por Mercedes Calzado.
Fuente : Marcha
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