La movilización convocada por los fiscales representa una dura derrota
política del gobierno nacional. Quienes se jactaron de una construcción
de poder basada en la movilización y el “control” de la calle, vuelven a
ser superados en ese propósito, como ya ocurre todos los 24 de Marzo,
pero ahora a manos de una camarilla de fiscales y jueces designados a
dedo por una camarilla política. La situación es un “replay”, aunque
agravado, de 2008. La ironía es que el gobierno acaba de imponer una ley
que le otorga a esta camarilla la iniciativa en los procesos
judiciales. El primer fiscal que utilizó esa prerrogativa, incluso antes
de que entrara en vigencia la reforma del Código Procesal Penal, es el
propio Nisman, con el final conocido por todos.
La oposición patronal se infiltró en los pliegues de una movilización
convocada por otros, sin mosquearse por el hecho de que Massa fue jefe
de Gabinete del gobierno de Stiusso, y que Macri nombró en la jefatura
de la Policía Metropolitana a "Fino" Palacios, quien en junio será
juzgado por encubrir el atentado a la Amia.
¿Golpe blando?
El oficialismo denuncia el #18F como parte de un "golpe blando" -en el
cual incluye la imputación de Nisman contra CFK, que ahora recoge el
fiscal Pollicita, aunque excluye el llamado a indagatoria a la
Presidenta. Incluso Aníbal Fernández ha admitido, sin embargo, que
Pollicita no tenía otra opción, luego de la muerte de Nisman, sin
provocar una crisis política aún mayor a la que se asiste. Es decir que
le ha hecho una “gauchada” al oficialismo, como ocurrió cuando Cobos
emitió su "voto no positivo", que evitó un agravamiento de la crisis con
los pulpos sojeros. También Verbitsky, en la edición dominical de
Página/12, respaldó a Pollicita, con el argumento de que la causa
abierta demostrará que no hay pruebas que afecten a Cristina Kirchner.
El papel de “chivos emisarios” lo interpetrarán D'Elía y Esteche
(difícilmente el “Cuervo” Larroque).
La posibilidad de un golpe está bloqueada por dos específicas
circunstancias y otras varias: los K tienen una mayoría blindada en el
Congreso y, por otro lado, la cabeza del Ejército y de la inteligencia
es César Milani. Incluso la Corte Suprema revista en este bloque, desde
que dio el visto bueno a la ley de medios. Al mismo tiempo, los
“círculos rojos” de las finanzas internacionales siguen comprando deuda
pública, como lo prueba la suba de su cotización; la Justicia británica
acaba de rechazar el “pari passu” de Griesa, que condiciona el pago de
la deuda externa a un arreglo con los fondos buitre. Por último, la
banca local compra con entusiasmo los Lebac del Banco Central, que le
reportan tasas de interés superiores al 25%, con un dólar que se mueve
por debajo de la inflación de precios.
Para que el golpe ingrese en la agenda debería producirse una quiebra
interna del oficialismo, que le sacara la mayoría parlamentaria. Esto
podría ocurrir si los K embisten contra Scioli y pierden el afecto de
los “barones del conurbano”. Otro elemento sería un fallo condenatorio
contra Milani. En esta hipótesis, la situación financiera, ya precaria,
se desmadraría. En estas condiciones límite, la burguesía opositora
acabaría formando un “frente de unidad nacional”, como herramienta de
recambio.
Vereda de enfrente
La masividad del #18F interviene, en este escenario, como un factor de
presión por ese frente potencial, que por el momento está bloqueado por
los intereses contradictorios del massismo, por un lado, y el macrismo,
por el otro. Roberto Navarro, en C5N, sostiene que este frente
equivaldría ya a una tentativa golpista, pero se trata de una
caracterización abusiva, porque ignora el conjunto de factores
disgregantes que requiere un golpe de Estado. Planteos como el de
Navarro responden a la necesidad de ignorar la descomposición del Estado
que ha producido la gestión kirchnerista, no por aplicar la asignación
por hijo, sino por prohijar servicios de espionaje colonizados por los
yanquis y proyectos de infiltración contra el movimiento obrero y la
juventud. La asignación por hijo no afecta a ningún interés capitalista,
porque la financian la Anses -o sea los trabajadores y los
contribuyentes- y el Banco Mundial, que le ha asignado 400 millones de
dólares, lo que aumenta la deuda externa.
Los convocantes del #18F no han logrado sumar al aparato de
gobernadores e intendentes del Partido Justicialista. Verbitsky, “Chino”
Navarro y Brienza admitieron la posibilidad de ese apoyo -o sea que
estuvieron negociando una participación oficial. El fracaso de estas
tratativas ha acentuado el enfrentamiento. Si se llegaran a reunir los
extremos para un gobierno de “unidad nacional”, el PJ y la mayor parte
del FpV serán parte del emprendimiento. Incluso la griega Syriza acaba
de designar presidente de la Nación a un miembro del partido conservador
que acaba de ser derrotado electoralmente, esto en el marco de la
formación, precisamente, de un gobierno de "unidad nacional" con una
fracción de la derecha clerical.
El #18F deja la pelota picando del lado de las camarillas enfrentadas
de la “opo”. La “mediación” de la UCR entre Macri y Massa, con la
participación de Cobos, convertido en ex Unen, está al borde de
dividirse ella misma. La mitad del GEN de Margarita Stolbizer ya se fue
con Macri, y ella misma no descarta seguir ese camino si el país
"derrapa" -digamos que ya camina por la banquina. Binner está a un tris
de perder Santa Fe. La crisis política en curso es una expresión del
derrumbe del régimen político en su conjunto -con “opositores”, jueces,
fiscales y servicios incluidos.
Iniciativa
Los manifestantes del #18F no constituyen "una masa reaccionaria
única", como le conviene presentar a los K, que para eso ignoran sus
atropellos de todo orden contra los trabajadores. Las posibilidades de
los Macri, Massa y Carrió de canalizar ese movimiento deberán pasar la
prueba de una lucha política de fondo. El atentado a la Amia, así como
las corruptelas y otros crímenes, alcanzan a las cabezas de los
opositores patronales, sea los que fueron parte del gobierno o los
macristas. La muerte de Nisman es un crimen de Estado que alcanza a todo
el régimen político.
Está planteada una campaña general para que se abran todos los archivos
(de la Side, del resto de los servicios y de la Cancillería), para que
se vaya Milani y para que el gobierno comparezca a una interpelación
pública en el Congreso, de forma tal que se ventilen sus
responsabilidades políticas y también las de la oposición. Con estos
planteos nos movilizaremos el 8 de marzo, día internacional de la Mujer
trabajadora, y prepararemos desde ahora una gigantesca demostración el
próximo 24 de Marzo, fecha a la que no podrán asistir los responsables
del indulto, la obediencia debida y el punto final.Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1351/politicas/despues-del-18f
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