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miércoles, 11 de marzo de 2015

Julio César Strassera (1933-2015): ¿Nunca más?

Edición Impresa #1353 | Por Jacyn

El pasado viernes 27 falleció a los 81 años Julio César Strassera, el fiscal del "Juicio a las Juntas". Fue despedido como un prócer. Su alegato en el juicio a las Juntas se cerró con la frase "Nunca más".
 
Trayectoria
 
Strassera llegó a secretario de juzgado en los primeros meses de 1976. Ya instalada la dictadura, denegó decenas de pedidos de habeas corpus. Entre otros, el del ex gobernador de Santa Cruz, Jorge Cepernic, cercano a Montoneros, detenido a disposición de la Junta Militar. En la investigación por la Masacre de San Patricio, pidió el sobreseimiento de los responsables. Tomó declaración a Lidia Papaleo, viuda del banquero David Graiver, mientras permanecía cautiva de los genocidas. Según Papaleo, el fiscal se negó a incluir en la declaración las denuncias de las torturas y vejámenes a los cuales estaba siendo sometida.
 
Su última actuación destacada fue como defensor de Aníbal Ibarra en el juicio por la masacre de Cromañón. En sus últimos días, manifestó su intención de acompañar la manifestación del #18F.
 
El juicio a las Juntas
 
Strassera fue el vehículo de la operación política del alfonsinismo, dirigida a circunscribir el juicio y castigo a los genocidas a un puñado de jerarcas.
 
El gobierno radical pretendía que los militares se "autojuzgaran", pero el Consejo Supremo de las tres fuerzas se negó a hacerlo. Arrinconado, Alfonsín ordenó el juicio a las Juntas, limitado a los cabecillas de las tres primeras.
 
Finalmente, sólo Videla y Massera resultaron condenados a prisión perpetua. Fueron las únicas condenas entre los 1.700 represores denunciados por sobrevivientes y familiares. Los integrantes de la tercera Junta -entre ellos, Galtieri y Anaya- fueron absueltos. La cuarta ni siquiera fue procesada. "Absolvieron al aparato represivo", resumió las conclusiones del juicio (Prensa Obrera, en 1985).
 
El curso que Strassera dio a las miles de denuncias contra militares y policías fue remitirlas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El fiscal fue un precursor de la doctrina de la obediencia debida.
 
El sustrato de su actuación fue el informe de la Conadep y su "teoría de los dos demonios". Las órdenes de "aniquilamiento de la subversión" del tercer gobierno peronista y los crímenes de la Triple A nunca fueron juzgados. Menos, el papel de los partidos políticos que reclamaron el golpe a los militares para acabar con la "guerrilla fabril".
 
Tampoco la clase capitalista. En agosto de 1975, los grandes grupos capitalistas fundaron la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), cuya función política fue promover el golpe de Estado. La Apege estaba integrada por la Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural, Carbap, la Cámara de la Construcción, la de Comercio, la de Grandes Tiendas, las cámaras de importadores y exportadores, la de supermercados y las cámaras de bancos. Es decir, el 99,9% de la burguesía nacional y del imperialismo. La misma clase social que bancó a los milicos fue la que luego se colocó la camiseta democrática.
 
El genocidio fue "la explotación del hombre por el hombre llevada al extremo del asesinato" (PO, 1985).
 
El juicio a las Juntas fue la antesala de las leyes de impunidad de Alfonsín y de los indultos de Menem. Los juicios que se desarrollan ahora, casi 40 años después del golpe, como resultado de tres décadas de lucha, son completamente mezquinos. Según CFK, en su discurso del 1° de marzo, "hay 900 condenados por delitos de lesa humanidad". Falso. A la fecha, hubo 550 condenas, apenas más de una por cada uno de los campos de concentración que funcionaron bajo la dictadura. El aparato represivo de la dictadura sigue vigente. Allí están los Milani y los Stiusso.
 
Strassera fue el primer eslabón en esta larga historia de impunidad.

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Politica Obrera

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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