A propósito de las acciones en "poder de la Anses"
El proyecto que el gobierno envió al Congreso para que una venta
parcial o total de las acciones de empresas que se encuentran en poder
del Fondo de Garantía de la Anses sea establecida por una ley aprobada
por las dos terceras partes de los votos de Diputados y Senadores es,
como mínimo, inocuo. Por empezar, esta propia ley podrá ser derogada por
mayoría simple -lo que convierte en inútil el requisito de los “dos
tercios”. Hasta ahora la posibilidad de la venta de estas acciones es
una facultad del órgano encargado del manejo de ese Fondo. Para el
ministro de Economía, Kicillof, la intención es dificultar "una
privatización" de esas tenencias y conservar la influencia del Estado en
la política de esas compañías. La Anses heredó esa participación
accionaria de las AFJP. En realidad, se trata de una cortina de humo en
momentos en que el Fondo de la Anses está malvendiendo los títulos
públicos en su poder, con el pretexto de que busca bajar la cotización
del dólar en los mercados de valores. Esos títulos representan un 66% de
las tenencias de la Anses; las acciones, el 11% -el resto son depósitos
de distinto carácter. El gobierno se proclama defensor de la presencia
del Estado en la economía en el mismo momento en que procede a una
privatización enorme de la deuda pública. La baja de la cotización del
dólar mediante la venta de bonos por parte del Estado, abarata el costo
de las importaciones que las empresas pagan con títulos ante la escasez
de dólares en efectivo. La malversación de títulos de la deuda del
Estado es defendida como un modo de atenuar la suba de precios de
productos con componente importado.
El proyecto en cuestión no ha suscitado ninguna reacción negativa en
las compañías involucradas. ¿Por qué habría de provocarla cuando se
trata de una inyección de fondos semi-públicos en sus cofres? Fue con
esa finalidad, precisamente, que se formaron las AFJP -canalizar los
aportes de los trabajadores hacia las cajas empresarias bajo la forma de
acciones o títulos de deuda de esas compañías. La estatización provocó,
en su momento, un roce de alguna importancia, debido a que el Estado
manifestó la intención de nombrar directores allí donde el monto de la
participación lo permitía (algo que no hacían las AFJP). Ese roce fue
superado enseguida -en especial en Techint; el Estado nunca objetó los
balances de ninguna empresa. No solamente esto: la presencia del Estado
sirvió de argumento para habilitar distintos subsidios a las empresas,
incluido el pago de los salarios (Repro).
Los K defienden la retención de las acciones por parte de la Anses,
pero sin aclarar que los dividendos de ellas (o los intereses de los
bonos) no van al Fondo de Garantía sino al Tesoro. Esto implica que el
Fondo se reduce inevitablemente en relación con el crecimiento del
padrón de aportistas y de jubilados. El Fondo de Garantía no garantiza
nada. La Anses no escapa del derrumbe financiero e industrial en curso
-incluso ocupa su centro.
Es probable que el proyecto en cuestión haya sido aguijoneado por el
planteo de Massa-Lavagna de vender las tenencias de la Anses para
cancelar la totalidad de los juicios por jubilaciones mal ajustadas, que
se cuentan por centenares de miles. Este planteo, sin embargo,
enterraría para siempre el propósito de convertir a la Anses en una
suerte de Banco de Desarrollo parecido al modelo de Brasil. Dados los
vasos comunicantes entre la base capitalista de Massa con la de Scioli,
es probable que el gobierno atribuya a éste la misma intención. Los K,
sin embargo, ya han enterrado esa finalidad con la venta de títulos
públicos para bajar la cotización del dólar -no para pagar juicios. Los
voceros de los tres jinetes del ajuste coinciden en plantear la salida
de reabrir el financiamiento internacional -no la salida desarrollista
de un banco de fomento.
Es interesante consignar que el gobierno busca dificultar la venta de
acciones en su poder en el mismo momento en que facilita la venta de
títulos públicos, cuando la crisis industrial hace prever la caída de
las ganancias de las empresas, mientras las altísimas tasas de interés
que registran los bonos asegura, a corto plazo, un ascenso muy fuerte de
su cotización. El gobierno vende lo que se valoriza y conserva lo que
se devalúa: ¿no es esto un subsidio gigantesco al capital?
El proyecto en cuestión tiene como positivo transferir al parlamento
decisiones que son atributos de la camarilla del Ejecutivo. Se trata,
sin embargo, de otra forma de trabar que la Anses sea dirigida por
representantes de aportantes activos y jubilados. La parlamentarización
del Fondo de Garantía debería ser, sin embargo, completa: que se
necesiten los dos tercios para vender tanto acciones como bonos. En
estos momentos, el Tesoro se está endeudando con títulos en dólares o
que se ajustan a la cotización del dólar, sin establecer la asignación
específica de gastos para esos fondos -que no son otros que pagar deuda
vencida. El proyecto debería incluir la aprobación parlamentaria para la
emisión de deuda, como lo exige por otra parte la Constitución
nacional. La ausencia de estas disposiciones demuestra claramente que el
proyecto es una cortina de humo para la gigantesca estafa que se está
procesando con la compra, venta y emisión de la deuda pública.
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