Temas pendientes en la agenda política

Democratización de la sociedad

Por Alejandro Horowicz
Periodista, escritor y docente universitario.

La calidad de la política, en última instancia, depende de la calidad de su agenda. La enorme dificultad para introducir temas no considerados, nos obliga a mirar la luz roja encendida en el tablero de comando.

Un especialista en Derecho de Propiedad Intelectual contó, en rueda de amigos, la siguiente historia hilarante. Un dramaturgo había escrito una obra de teatro donde cuatro mujeres se enfrentaban en un espacio cerrado. El autor de una novela, publicada con razonable anterioridad, consideró que lo estaban plagiando. ¿La razón? En su texto cuatro mujeres desarrollan la trama en un espacio cerrado. Bastó que una estructura (espacio cerrado) y cuatro protagonistas, en ese caso mujeres, se repitiera para que el irascible autor considerara conveniente iniciar un juicio por plagio, sin atender las evidentes diferencias específicas.

El trabajo hubiera podido ser puesto en serie, por cualquier conocedor elemental del teatro contemporáneo con una célebre obra de Jean Paul Sartre, A puertas cerradas, donde tres personajes (un hombre y dos mujeres) interactúan en un espacio cerrado. Es cierto que los tres no son mujeres, pero en este caso el sexo de los participantes no pareciera un dato relevante, ya que se trata del infierno de los demás. Esto es, la infernal relación con los otros.

A puertas cerradas es anterior a las otras dos obras. Aun así, Sartre no demandó, en su tiempo, al novelista de marras por “plagio de estructura”. Sin embargo, Su Señoría no sólo admitió la razonabilidad de la demanda, sino que falló a favor del demandante. Para hacerlo se basó en el siguiente peritaje: solicitó a la Gendarmería Nacional (organismo que al parecer dispone de una división especial para determinar la autenticidad de los objetos), que determinara la veracidad de la acusación. Según el relato del especialista, mientras las risotadas incrédulas de sus comensales festejaban los dichos, el texto del dictamen resultó tan breve como contundente: positivo, cuatro femeninos.

La idea de que un juez puede hacer lugar a una demanda de estas características, y solicitar el peritaje de gendarmes para determinar si se violó o no la propiedad intelectual de una obra artística, sin que tal cosa afecte su “buen nombre y honor”, y lo que es muchísimo más grave, le permita seguir impartiendo justicia y ascender hacia los estratos superiores de la “familia judicial”, no se compadece con el piso de calidad institucional que la práctica jurídica supone.

Por cierto, en segunda instancia, la Cámara no aceptó el fallo de plagio y puso las cosas en su lugar. Esto no impidió que el acusado mascara vidrio durante años –tiempo que duró el introito judicial– y sobre todo que ese tiempo no fuera utilizado con mayor provecho por una sociedad abrumada por la lentitud de la justicia.

OTRO CASO, OTRO DOLOR.

Hace muy pocas semanas, en un pueblito próximo a Paraná, una cadena de complicidades sistémicas impidió que una niña de once años, violada, pudiera hacerse un aborto no punible, transformándola en incubadora humana. No es la primera vez que se impide un aborto legal en Entre Ríos. En 2011 hubo otro caso: el de una mujer con una patología cardíaca muy grave, a la que le obstaculizaron un aborto terapéutico en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, a pesar de que un comité de bioética había indicado la interrupción del embarazo. ¿La razón? Corría peligro su vida, y ella había dado el consentimiento para interrumpir ese embarazo.

Ni así; tuvo que ser derivada al Hospital Posadas de la localidad bonaerense de Haedo, donde permaneció en reposo, internada, hasta que le hicieron una cesárea. Y otro tanto ocurrió en 2007; una adolescente con discapacidad mental que había sido violada, también de condición humilde, tuvo que llegar hasta el Superior Tribunal de Entre Ríos para conseguir un aval judicial para acceder a un aborto no punible. Pero aun con esa autorización, ningún hospital en Entre Ríos quiso realizar la práctica y la joven tuvo que ser trasladada a otra provincia por orden del entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Ahora queda sumamente claro. Si la niña no fuera muy humilde no acudiría al hospital público, y por tanto el aborto terapéutico se hubiera practicado sin mayores problemas. Al serlo no importa lo que diga la ley, lo que sostengan los profesionales responsables, lo que invoque abstractamente la justicia, el aborto no se realizará. No en Entre Ríos.

A media voz se informa que se trata de tutelar un bien superior (“la vida”), y ese bien superior, si se es pobre e indefenso, no pasa por la niña, remite a las telarañas teológicas de la Iglesia Católica. Nadie debe llamarse a engaño, la Iglesia dispone de ese poder y lo ejerce.

Un sistema republicano, reglado por la Constitución de 1853, y sus sucesivas reformas, no puede permitir que ninguna institución – en este caso la Iglesia Católica – confisque el poder popular y lo transforme en letra muerta. La sociedad argentina no es el Irán del ayatollá Khomeini. Es decir, no se trata de una teocracia regida por la “verdad divina”, sino de una democracia gobernada por la voluntad mayoritaria. Y esto también debiera valer para los muy humildes, ya que el derecho que no es universal no está garantizado para nadie.

EL AFFAIRE FAMATINA.

El pueblo de Famatina cree que el proyecto minero que impulsa el gobernador Luis Beder Herrera es una catástrofe. A su juicio, el problema del agua –de su contaminación– es el peligro mayor. En La Rioja se trata de un bien escaso. La marcha de los 10 mil demostró que todo lo que se mueve piensa del mismo modo.

Beder no es un hombre de ideas particularmente firmes. En todo caso, no en materia minera. Quien quiera puede ver en Youtube los videos donde rechazaba ese tipo de proyectos, los mismos que hoy defiende en compañía de 15 de los 18 intendentes. Por cierto, la empresa canadiense entendió que sin “licencia social” su negocio resulta inviable. Por tanto, suspendió la prospección. El Código de Minería, redactado en la década de 1990, sólo considera las necesidades empresarias; es tiempo de restituir los derechos conculcados, y de preguntarse si cada provincia puede determinar per se una política minera.

Ese conflicto no se cruza, al menos por ahora, con el sistema de partidos. La denominada “oposición” se mantiene en cauto segundo plano. La lógica del movimiento de resistencia de Famatina no se toca con la dinámica oficialismo-oposición. Famatina es la expresión de una movilización que va más allá de la minería a cielo abierto. Cuando los funcionarios provinciales explican que esa forma de explotación es menos contaminante que “la agricultura”, callan datos. ¿La agricultura, contaminante? La producción de soja está estrechamente vinculada al uso de un herbicida de amplio espectro: glifosato. Y el peligro que su uso conlleva para la salud humana es un lugar común del ambientalismo.

En las terribles condiciones de 2003, muchos debates estaban clausurados. Pero las condiciones cambiaron y la sociedad argentina desarrolló capacidad crítica. Dar soluciones puntuales, sin poner esas soluciones en serie con un proyecto sudamericano, en los hechos destruye más que lo que aporta. Y por cierto no resuelve el problema de fondo: generar empleo de razonable calidad en provincias donde la actividad productiva no goza de cierta lozanía.

Retomemos el hilo. Los tres ejemplos (la discusión legal sobre un plagio, el derecho de una niña violada a abortar y las condiciones en que se desarrolla la minería a cielo abierto) sirven para medir cuánto atrasa la agenda pública nacional. La calidad de la política, en última instancia, depende de la calidad de su agenda. La enorme dificultad para introducir temas no considerados nos obliga a mirar la luz roja encendida en el tablero de comando. Una sociedad que no registra adecuadamente estas señales, termina por violentar el principio de realidad.

Fuente :Tiempo Argentino