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miércoles, 17 de julio de 2013

El acuerdo con Chevron: una Argentina menos soberana


El 15 de julio se conoció, mediante su publicación en el Boletín Oficial, la creación por decreto de un nuevo Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales.

Sus principales disposiciones son regresivas, no sólo con respecto a la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de 2012 y su reglamentación, sino también en relación a principios elementales de regulación estatal que el propio kirchnerismo había adoptado con anterioridad, como el pago de derechos de exportación. Sucintamente, podrán solicitar su inclusión en dicho régimen titulares de permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, que presenten un proyecto de inversión para la extracción de hidrocarburos con un desembolso mínimo de 1.000 millones de dólares, durante los primeros cinco años. Cumplido este último plazo, podrán exportar el 20 por ciento de lo extraído sin pagar retenciones, y tendrán la libre disponibilidad del 100 por ciento de las divisas que obtengan. En caso de que estos volúmenes debieran destinarse al mercado interno para satisfacer las necesidades de autoabastecimiento, igualmente gozarán de un precio no inferior al de exportación, que si bien se pagará en pesos, también podrá convertirse a divisas de libre disponibilidad.

Asimismo, quienes ya sean titulares de áreas para la exploración o explotación, tendrán el derecho de solicitar la recategorización de dichos bloques (o de fracciones de los mismos) como “concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos”, con una extensión mínima de 25 años, prorrogables a 10 más de forma anticipada. De esta manera, se acelera el loteo gratuito del subsuelo nacional en pos de una modalidad de explotación que ha dado sobradas muestras, a nivel mundial, de ser extremadamente contaminante, pobre en relación a sus retornos energéticos, y un fabuloso negocio para corporaciones transnacionales.

No caben dudas de que este nuevo régimen de promoción ha sido elaborado para satisfacer las exigencias de la estadounidense Chevron –y otras operadoras privadas-, con la que YPF suscribió hoy un acuerdo de inversión para la extracción de petróleo y gas en la formación Vaca Muerta (Neuquén). No es la primera vez que el Gobierno Nacional intercede en favor de sus intereses. Este año, los activos de Chevron en Argentina fueron embargados por la deuda de 19.000 millones de dólares que se niega abonar al pueblo ecuatoriano, en concepto de indemnización por sus actividades contaminantes en la Amazonía de aquel país. El Gobierno Nacional, no obstante, solicitó el levantamiento del embargo y la Corte Suprema de Justicia falló en favor de la petrolera.

Chevron es heredera de la mítica Standard Oil, y porta en su ADN los más despiadados métodos de competencia y explotación de la naturaleza. En las décadas de 1920 y 1930, YPF fue un freno al avance imperialista de la vieja Standard Oil. Hoy en día, lamentablemente, se ha convertido en un socio subordinado de un gran negocio internacional.

Cuando se anunció el proyecto de expropiación de YPF el año pasado, quienes hoy conformamos Marea Popular nos encontrábamos impulsando junto con otras organizaciones sociales y políticas, una campaña por la nacionalización del petróleo y el gas, y la recuperación de la empresa estatal, cuya consigna era “ni privada, ni extranjera: 100 por ciento pública”. En aquel momento, a la par que valorábamos como un paso adelante la medida tomada por el Gobierno Nacional, ya que comenzaba a poner fin al régimen neoliberal de gestión y explotación de hidrocarburos y generaba una correlación de fuerzas más favorable para los sectores populares, también advertíamos que “la única vía sustentable en el tiempo es la recuperación de la soberanía sobre todos los recursos del suelo y el subsuelo y la formulación de un plan energético nacional que ponga las necesidades populares por encima del lucro y los negociados”. En esta misma línea, cuando se conoció el articulado de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, advertimos que sus aspectos más progresivos iban a tener que convivir “forzosa y contradictoriamente con un redivivo sentido común mercantil”, que encontraba expresión en otros elementos del proyecto que remitían al “modelo Repsol” que se pretendía superar. Tarde o temprano, un paradigma iba a terminar imponiéndose sobre el otro. 

Los acontecimientos de esta semana son claros respecto de cuál es la resolución que el gobierno, encerrado en su propio laberinto, ha decidido dar a este dilema. En primer lugar, ha optado por perpetuar una matriz energética dependiente e insustentable desde todo punto de vista –social, ambiental, estratégico-, en lugar de diseñar e implementar políticas que propicien una transición hacia un modelo diversificado y soberano. Luego, ha priorizado la asociación con una trasnacional estadounidense, en lugar de una profundización de la integración regional y la generación de vínculos cooperativos con Bolivia, Ecuador y Venezuela, tres países exportadores de energía, y con economías complementarias a la nuestra. Por lo tanto, ha decidido que los hidrocarburos son un negocio, que se encuentra por encima de la satisfacción de las necesidades básicas de la población.

Desde Marea Popular concebimos al acceso a la energía como un derecho básico en una sociedad democrática.Debemos elaborar políticas que, por medio de la generación descentralizada y el aprovechamiento de fuentes alternativas, promuevan su desmercantilización, vuelvan equitativo su disfrute, y nos brinden autonomía para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. En esta transición, la política hidrocarburífera e YPF como su máxima herramienta de ejecución, deben cumplir un rol fundamental. Hasta ahora, el problema no ha sido, como sostiene a coro la derecha, la intervención del Estado en el sector. El problema son las limitaciones estructurales del gobierno para avanzar sobre las cuestiones de fondo.
 
¡Vamos por la recuperación de los recursos del subsuelo!
¡Por una YPF 100 por ciento estatal y pública!
¡Vamos por la soberanía energética!

Fuente : Marea Popular 

2 comentarios:

Maloperobueno dijo...

Pero si Marea apoyaba la "re estatizacion" de YPF, por más que de re estatizacion nunca tuvo nada.
No dicen una palabra de la re privatizacion.

Fallan en las caracterizaciones o simples oportunistas?

Javier dijo...

Claro porque para vos y los troskos era lo mismo que el estado tuviera la mayoria accionaria a que la tuviera Repsol , como uds ven la realidad solo blanco y negro no pueden ver avance alguno por mas que sea incipiente o parcial

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Politica Obrera

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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