La justicia Clarinista - Poder conservador al servicio del establishment

Adolfo Harisgarat, conjuez federal de Dolores acogió, con tanto beneplácito como ligereza, un amparo promovido por un empresario local, dueño de una señal de cable.

El demandante alegó que la empresa Cablevisión le hizo saber que la señal de cable local El Garage, de su propiedad, sería retirada de la grilla del multimedios, por orden gubernamental. Esa directiva no existe pero desde el derecho romano rige un proverbio (en latín, como cuadra) de minimis non curat praetor. Esto es, el juzgador no repara en cuestiones mínimas, en detalles. En este caso, el “detalle” es que se litigó contra una norma virtual, apenas contra una amenaza de la empresa oligopólica. Pero la sentencia condena al Estado.

Su Señoría no es minimalista, para nada: ni para escudriñar los hechos ni para extender las consecuencias de su sentencia. Hizo lugar, como rayo, al reclamo sin “limitarse” al caso que le fue sometido. El empresario de Dolores, que instaba a los tribunales por un virtual conflicto con la grilla local, obtuvo como por arte de magia una sentencia de alcance nacional. El nuevo orden en la grilla de los canales quedó suspendido para todo el país que, aunque el conjuez Harisgarat lo soslaye, abarca muchas otras ciudades que Dolores, incluso 23 provincias amén de la de Buenos Aires.

El fallo, por decirlo en términos técnicos, oscila entre ser una vergüenza y una canallada.

El sentenciante exorbita a niveles absurdos su competencia. Sin que medie prueba del agravio, sin que haya acto jurídico estatal, sin que se explique por qué un litigante queda investido de legitimación para representar a todos los empresarios de su rubro.

La “sentencia fácil”, un vicio recurrente en la jurisprudencia actual, desafía a la Corte Suprema de Justicia que tiene pendiente la decisión sobre una medida cautelar referida a la ley de medios. Cunde la versión, fundada en filtraciones de la cumbre del alto tribunal: la Corte desestimará el recurso, alegando motivos procesales y desestimando la gravedad institucional en juego. Al hacerlo incentivará la irresponsabilidad de los tribunales inferiores como el que mencionamos, prestos a verticalizarse con cualquier reclamo corporativo e irresponsables al abusar de su jurisdicción. Ignorar la realidad subyacente sería una grave defección de la Corte, dicen que está en puerta.

Pasado mañana habrá una movilización oponiéndose a esa tropelía. Como es cotidiano, ciudadanos marcharán ante un poder del Estado para hacerle conocer sus derechos y, claro, darle noción del peso del número. Derecho de peticionar, se le llama. La narrativa dominante lo denomina “ataque”, salvo que se ejercite para cuestionar al oficialismo.

Mario Wainfield - Pagina 12 - El capital combatiendo

Caso Fibertel

Crítica presidencial a la cautelar: se "niega al Estado la responsabilidad de regular"

La presidenta Cristina Fernández de Kichner cuestionó la medida judicial sobre Fibertel y sostuvo que se trata de una sociedad comercial que no existe como empresa desde 2009. Aseguró que es una medida procesal express que impide la aplicación de leyes votadas por amplia mayoría en el Congreso.

A través de su cuenta en la red de microblogging Twitter, Cristina Fernández de Kichner cuestionó esta tarde la medida judicial sobre Fibertel y aseguró que se trata de “una sociedad comercial que no existe como empresa desde 2009”.

Aseguró: “Es una medida procesal express que impide la aplicación de leyes votadas por amplia mayoría en el Congreso”.

La Presidenta se refirió a la información publicada por el matutino Clarín sobre la medida cautelar que, según el diario, suspendería el cierre de la empresa proveedora de Internet.

“Otra vez… Otra medida cautelar ¿Adiviná a favor de quién? ¿San Martín, Rosas o Magnetto, CEO del monopolio Clarín? Acertaste es Magnetto!!”, ironizó la primera mandataria.

Y continuó: “El hombre que en Argentina maneja la sentencia fácil. A veces el humor es único antídoto contra la obscenidad judicial: la justicia cautelar”.

Sobre la decisión del magistrado de La Plata, Elvio Bautista Sagarra, que hizo lugar a una medida cautelar promovida por una usuaria de Fibertel, Cristina consideró que se trata “de una medida procesal express que impide la aplicación de leyes votadas por amplia mayoría en el Congreso, que niega al Estado la responsabilidad de regulación y control reconocida por la doctrina y Constitución Nacional, comodín del monopolio”.

“Ahora han ido un poco más allá. Consiguieron una cautelar a favor de Fibertel, una sociedad comercial que no existe como empresa desde 2009”, agregó la Presidenta.

Y sostuvo que “es como si tuviéramos una justicia para el monopolio y otra para el resto de la sociedad, sean empresas o ciudadanos. La igualdad ante la justicia, la seguridad jurídica y el rol del Estado…, bien gracias. Eso es solo para los otros.”

Concluyó la mandataria: “¿Habrá que recurrir a tribunales internacionales para que las cosas vuelvan a ser iguales para todos en la Argentina?”.

Por su parte, en un comunicado como respuesta al titular de Clarín sobre un freno judicial al cierre de la prestadora de servicios de internet, la cartera de Planificación señaló que "la realidad es que un juez de primera instancia de La Plata hizo lugar a una medida cautelar promovida por una usuaria, la Sra. María Eugenia Espósito, para que no se le afecte la prestación del servicio de Internet que brinda la empresa Cablevisión".

Añadió: "No se ha dictado ni puede dictarse ninguna decisión que frene el cierre de Fibertel ya que Fibertel no existe como empresa desde que se disolvió en 2009".

Asimismo, el Ministerio anticipó que el Estado "apelará esta medida, que aún no fue notificada, en particular hará saber al juez que la Resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) es la que especialmente protege y ampara los derechos de usuarios y consumidores, pues hay múltiples empresas legalmente habilitadas, tanto pequeñas, medianas e incluso cooperativas en condiciones de prestar un servicio de calidad igual o superior al que ofrecía Fibertel".

Expresó: "En un Estado de derecho, ninguna decisión judicial puede reconocer o amparar el ejercicio abusivo de un derecho ni reconocer derechos que no existen ni a favor de una persona, ni en favor de una empresa, aún cuando ésta pertenezca al Grupo Clarín".

El servicio de internet "es para el Estado Nacional un servicio esencial que debe ser prestado en condiciones de legalidad por empresas legalmente habilitadas para ello. Cablevisión presta un servicio irregular usando una licencia de Fibertel que ha caducado", precisó.

El Ministerio de Planificación afirmó que "existen instancias superiores en la justicia donde estas situaciones son contextualizadas en su análisis, más allá de las medidas de amparo que buscan soluciones efectistas, parciales y de efímero impacto mediático".

Ejemplificó con que "en el marco de la ley de medios de comunicación audiovisual ya hemos tenido fallos de primera instancia, de muy poca consistencia, recordemos los múltiples amparos dilatorios que luego no resistieron una segunda instancia de revisión judicial y fueron rechazados en Cámara".

Asimismo, el Ministerio de Planificación puso de relieve que "el Estado no resignará la aplicación de la ley ni la defensa de los intereses de los particulares y peticionará en cada instancia judicial para que no sólo se aplique la ley sino que se haga justicia, igual y con la misma vara para los particulares y para las empresas, pertenezcan o no al Grupo Clarín".

Yo si la Corte falla a favor de mantener la suspensión del artículo 161 de la ley de SCA 26522/09 , evaluaría como opcion la toma del edificio de tribunales por el pueblo argentino para poner orden y garantizar la igualdad de todos y todas .

Fuente : Prensa - Presidencia de la Nación