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lunes, 30 de mayo de 2016

UN BLANQUEO AL SERVICIO DE EVASORES OFICIALISTAS Y OPOSITORES



El pago a los fondos buitres colocó la piedra fundacional del gobierno macrista. Restableció el derecho irrestricto del capital internacional y de sus instrumentos estatales – la Justicia de Nueva York, sobre los activos nacionales. Ese pago no hubiera prosperado sin el apoyo del FpV, especialmente en el Senado. El arreglo con los buitres se complementa ahora con el proyecto de blanqueo de capitales – otra piedra basal del edificio del macrismo. Para imponer este objetivo, el gobierno ha diseñado un proyecto ómnibus, que dificulte al máximo su bloqueo en el Congreso. Es así que incorpora el pago de los fallos judiciales que benefician a los jubilados e incluso una mejora en el reparto de la torta fiscal para las provincias. Las modalidades de esos pagos a los jubilados son, de todos modos, confiscatorios, pues lejos de reconocer los intereses correspondientes por la demora del pago establece diversas quitas, no paga intereses por la parte que será pagada en cuotas y sujeta el dinero que se cobre a los impuestos de ganancias y de bienes personales.  

 Ganga 

El blanqueo apunta a ofrecer una salida al dinero evasor cuando va a entrar en vigencia, a finales del año, un acuerdo internacional de información impositiva que incluye a un número grandes de jurisdicciones importantes, aunque no será firmado por la principal plaza de refugio de evasores – Estados Unidos. En lugar de aprovechar esta circunstancia para forzar la admisión del dinero en cuestión, pagando las deudas incurridas por la evasión, con intereses y punitorios, el proyecto prevé un gravamen módico – que oscila entre el 6 y 10% del capital que se declare, lo cual constituye un premio a la evasión fiscal. Para compensar este regalo, el proyecto ofrece un crédito fiscal a los capitales que tengan sus cuentas regularizadas. El crédito fiscal permite compensar el pago impuestos en el futuro. Una verdadera piñata fiscal de parte de un Tesoro que registra un déficit anual de alrededor de $400 mil millones. 

El dinero de residentes argentinos que se encuentran no declarados en cuentas del exterior, ha sido calculado en alrededor de u$s300 mil millones. El gobierno no espera, sin embargo, un blanqueo mayor a u$s60 mil millones, a lo largo de casi tres años. Es claro que el importe final está condicionado a los negocios lucrativos que aparezcan en ese periodo de tiempo. De todos modos, el mismo gobierno estima que la mayor parte del dinero que se declare seguirá radicado en el exterior; a Argentina no retornarían más que u$s20 mil millones hasta finales de 2019. Con un gravamen promedio del 8%, el ingreso para el fisco sería de u$s1.6 mil millones monedas (en especial cuando tienen como contrapartida el crédito fiscal ya apuntado). Un proyecto de blanqueo que circula en Brasil, establece un impuesto del 30% sobre los capitales que se declaren. Varios especialistas impugnaron la expectativa de un retorno de capitales ante la falta de proyectos de inversión efectivos, un déficit fiscal abrumador y una deuda pública que supera los u$s300 mil millones holgadamente, una vez que incorpora la deuda del Banco Central, calificada ahora como deuda pública. A diferencia de lo que ocurre en numerosos países, las ganancias que rinden los títulos del Estado no pagan el impuesto respectivo ni tampoco bienes personales. 

Macri-kirchnerismo   

El blanqueo en cuestión viene a hacer frente a un problema mayúsculo de carácter político: las cuentas no declaradas durante largo tiempo de Macri y los funcionarios macristas, de un lado, y de los operadores K, del otro. Las revelaciones sobre los Panamá Papers de Macri agregan datos todos los días y comprometen su posición política, como ocurre Lo destaca Marcelo Bonelli en Clarín (27.5): “pequeños cambios en el texto, escribe, podrían beneficiar al zar del juego y a muchos otros que se beneficiaron con la corrupción kirchnerista”. Una mano lava a la otra; el macrismo busca los votos del kirchnerismo para ‘beneficiar’ a los ‘zares’ de la corrupción enorme del macrism – que data, al menos, de la última dictadura militar. Es obvio que ni Mauricio, Lázaro o Cristóbal podrán recurrir al blanqueo en nombre propio – lo harán a través de socios o testaferros. El blanqueo se convierte así en una operación, no ya económica sino esencialmente política. El proyecto suspende las acciones penales en curso e interrumpe el periodo de prescripción fiscal, lo cual sugiere que Cristóbal López, por ejemplo, podría acogerse a una ‘regularización’ de los $8 mil millones que le impuso como deuda forzosa a la Afip. 

Hasta ahora nadie ha advertido que el proyecto habilita la evasión fiscal y la fuga de capitales – de ningún modo le pone fin. Lo prueba la ausencia de una cláusula que establezca que un ulterior conocimiento de fondos negros en el exterior haría caer los beneficios que otorga el presente blanqueo. Lejos de ofrecer una perspectiva de transparencia y normalización fiscal, el proyecto acicatea la continuada evasión impositiva. La reciente aprobación de una ley de acceso a la información pública es funcional a este blanqueo, porque no permite inmiscuirse en las cuentas privadas de los funcionarios públicos. La ley excluyó del escrutinio a la burocracia sindical, justo cuando llega la información de los Panamá Papers relativa a las cuentas del fallecido Oscar Lezcano, de Luz y Fuerza, que ahora manejan sus socios.

Extorsiones y perjuicios

El proyecto ómnibus, o sea que habría que votarlo en bloque, incluiría la venta de las tenencias accionarias de la Anses en diversas empresas. La tenencia se valúa en $100 mil millones – o sea casi la mitad del dinero que se espera repatriar. Los evasores podrán recomprar las acciones de sus empresas con fondos de la evasión fiscal. La recaudación de la Anses se aplicaría al pago de las sentencias y reclamos de ajustes de parte de los jubilados. Esta operación añade otro gran incentivo para los evasores, que es la recuperación de las acciones a valores reducidos. Las cotizaciones de las empresas en la Bolsa, que se tomarán como criterio de valuación, tienen una marcada caída en términos reales. Prat Gay advirtió a “las empresas nacionales” a que se apresuren para intervenir en estos negocios, porque de lo contrario se beneficiarían “las multinacionales”. 

El blanqueo presenta un tema político gigantesco, que afecta intereses muy amplios y muy diversos – incluso los propios jubilados. Insinúa un acuerdo político estratégico entre el macrismo y el justicialismo, incluso el kirchnerismo. Plantea enormes subsidios fiscales, tanto para los que blanqueen como para los capitales declarados. Importa un vaciamiento de la Anses a través de la mal venta de sus tenencias accionarias. El proyecto ‘atrapa-todo’ es una extorsión a todos los bloques parlamentarios, para que la oposición a este negociado sea denunciada como un rechazo al pago de sentencias y reclamos de jubilados, los cuales sufren, en este proyecto, otra confiscación.

Crisis en puerta 

El gobierno, sin embargo, enfrenta con este proyecto una crisis política importante, en primer lugar porque servirá para poner al desnudo que oficialistas y opositores son conglomerados de evasores fiscales y, por lo tanto, conspiradores contra la economía y finanzas nacionales, y en segunda lugar por la disputa que generarán los intentos que aseguren la amnistía fiscal y política para sectores que está enfrentados. 

Jorge Altamira

Fuente:https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/568773619970170

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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