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miércoles, 17 de febrero de 2016

Quiebra del Pami: que la crisis la paguen los vaciadores

  | #Prensa Obrera 1398 | Por Luis Trombetta 
 
Las deudas del Pami con las farmacias tienen consecuencias sociales: el 30% de las farmacias de la Capital no vende hoy medicamentos a los jubilados. La respuesta frente a la situación de quiebra la dio el nuevo titular de la obra social nombrado por Mauricio Macri, Carlos Regazzoni. Para el funcionario: “se requiere un esfuerzo financiero y de regulación de los gastos”  
 
Frente a la enorme deuda que el Pami mantiene con las farmacias (en especial de la Capital Federal), se comenzó a restringir la venta de medicamentos clave para los 5,5 millones de afiliados. 
 
Durante el último período del gobierno de CFK, el Pami operó en los hechos como una caja, cuyos recursos fueron utilizados para financiar los déficits del Tesoro Nacional. Una confiscación brutal a los trabajadores, cuyos aportes lo sostienen. El ex titular del Pami Luciano Di Cesare ha sido procesado por una estafa millonaria, y en la ciudad de La Plata se denuncia la destrucción de documentación que compromete a los funcionarios. 
 
Mientras el Pami tiene una deuda de 5.000 millones de pesos (1.000 con los hospitales públicos, 2.000 con prestadores privados y 2.000 con las farmacias), los medicamentos han disparado sus precios -casi un 40% en 2015. 
 
¿Cambiemos? 
 
No, el propósito es que la crisis la sigan pagando los jubilados. 
 
El vaciamiento sistemático del Pami en función del negocio capitalista de la salud debería llevar a juicio político a todas las administraciones desde el retorno de la democracia. ¿Alguna excepción? En las filas de Cambiemos milita Graciela Ocaña, la promocionada “hormiguita” que habría sido, durante su gestión, la única que escapó a la norma. Sin embargo, la estafa en la compra de medicamentos, los negocios de empresarios con el Estado en la compra de medicamentos para programas especiales (APE), la trama de las operaciones entre droguerías y los empresarios asesinados vinculados con el narcotráfico y los aportes a la campaña política de CFK, pasaron delante de las narices del superintendente de los Servicios de Salud, Héctor Capaccioli y de la supuestamente impoluta ministra Ocaña. 
 
En noviembre de 2008, la ex ministra Ocaña fue denunciada penalmente por el pago de sobreprecios de medicamentos adquiridos sin licitación. La denuncia presentada ante el juez federal Sergio Torres en el juzgado nacional en lo criminal y correccional federal Nº 12 señala la compra de medicamentos en 2007 con 150% de sobreprecios, "sin una explicación clara y razonable, en perjuicio de la administración pública". 
 
La “hormiguita” y la administración CFK preservaron la herencia de Duhalde, la ley de Medicamentos Genéricos, que vino a rescatar la industria farmacéutica permitiendo a los laboratorios proveer al mercado con marcas de segunda línea, a un precio diferencial respecto a los originales, destinado a abastecer el segmento de menores recursos, sin afectar las patentes medicinales y la propiedad de los medicamentos. 
 
Un ajuste perverso 
 
Denuncias cruzadas, funcionarios procesados, ganancias infinitas para los laboratorios farmacéuticos, conducen al mismo diagnóstico: el vaciamiento del Pami y los favores al negocio de la salud sólo se pueden terminar si la mayor obra social del país es dirigida por sus afiliados y trabajadores, y esta dirección se hace cargo de sacar a luz los chanchullos de los últimos treinta y cinco años. 
 
Será un escalón en la profunda reorganización social, política y económica que debe terminar con el negocio capitalista de la salud.  

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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