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jueves, 24 de octubre de 2013

Cambiar para adelante es dejar atrás la legislación neoliberal

Por: Itai Hagman

A doce años del estallido social del 2001 que cuestionó le hegemonía de las ideas neoliberales, y a diez años de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, es necesario reconocer que más allá de ciertos avances importantes, aún rigen en nuestro país un conjunto de leyes y acuerdos internacionales creados al calor del Consenso de Washington que no fueron modificados. Se trata de una estructura jurídico-financiera que impuso el neoliberalismo para los países del tercer mundo y que la Argentina mantiene intacta.
No se trata de un tecnicismo ni de un problema ideológico, sino sumamente concreto, como demuestra la reciente decisión del gobierno argentino de llegar a un acuerdo con capitales norteamericanos para pagar sentencias judiciales originadas en los tribunales del CIADI. Esta sigla significa Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y es un tribunal creado por el Banco Mundial justamente para que grandes inversores puedan litigar contra los Estados nacionales en territorio ajeno a su soberanía nacional.

Este acuerdo era una condición imprescindible planteada por los Estados Unidos para destrabar créditos en el Banco Mundial, y así poder poner en marcha una estrategia de retorno al endeudamiento externo, que aparece como el camino elegido por el gobierno nacional para hacer frente a las dificultades económicas sin promover cambios estructurales que puedan afectar los intereses de los grandes capitales.
Decenas de tratados bilaterales de inversión, conocidos como TBI, fueron firmados en los años noventa con los más dispares países y aún hoy están vigentes. Esos tratados establecen que en caso de conflicto los capitales provenientes de esos países apelarán al tribunal del CIADI en lugar de a la justicia local.

La Argentina adhirió al CIADI en 1994 y tiene en curso alrededor de treinta demandas en su contra, varias de ellas con sentencia adversa firme. La anteúltima demanda recibida fue presentada por Repsol y refiere al caso YPF. Si el CIADI llegara a fallar en contra del país, se daría la paradoja de que una empresa que ganó 47 mil millones de USD de 2000 a 2010 podría recibir como “compensación” por la expropiación unos 10 mil millones de dólares. Lo que se dice un negocio redondo.

A diferencia nuestra, algunos países latinoamericanos como Brasil nunca adhirieron al CIADI, mientras que otros decidieron retirarse en los últimos años, como Venezuela y Bolivia. En todos ellos esa decisión no significó una ruptura con los mercados internacionales, que en cambio siguen financiando a cada uno de esos Estados nacionales, así como tampoco implicó una retirada masiva de las inversiones extranjeras.

Además, como consecuencia de la decisión del gobierno argentino de habilitar por tercera vez un canje para la deuda en default frente a las presiones y amenazas de los tribunales estadounidenses en donde están radicadas las demandas de los “fondos buitre”, la cuestión de la cesión de soberanía por parte de los Estados Nacionales en favor de organismos multinacionales, potencias extranjeras y empresas transnacionales ha vuelto a colocarse en el centro de la discusión.

El caso de los llamados fondos buitres, radicado en los Tribunales de Nueva York y en manos del juez Thomas Griesa, es paradigmático en ese sentido. Un juzgado de otro país obligará (o no) a pagar sumas ridículas a la Argentina, que tiene todos sus bonos de deuda colocados bajo legislación extranjera. Y hasta las reservas del Banco Central pueden ser objeto de embargo. Los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 presentan también esta cláusula, requerida por “la comunidad financiera internacional” como muestra fehaciente de que el país se atendrá a las reglas de juego y dará seguridad jurídica a los inversores.

Finalmente, la ley que regula las inversiones extranjeras (ley 21.382) fue sancionada el 19 de agosto de 1976 bajo la última dictadura cívico-militar y reformada por última vez en 1993 en pleno auge neoliberal. En su artículo 1º establece algo inédito a nivel mundial: “Los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales”. Como si esto fuera poco, la ley establece la libre disponibilidad para el giro de utilidades y la ausencia de requisitos de inversión.
Otras normativas, como por ejemplo la Ley de Entidades Financieras que permite las millonarias ganancias de los bancos estableciendo mínimas obligaciones, también forman parte de esta estructura que empezó a construirse durante la última dictadura militar y fue profundizada en los años noventa.

Camino Popular es una alternativa para avanzar y desarmar toda esta tela de araña neoliberal diseñada para mantenernos en la dependencia y el subdesarrollo. En estas elecciones por un lado están quienes se resignan con este presente e intentan convencernos de que no se puede cambiar nada de esto mientras vuelven al endeudamiento externo. Y por otro lado también están los que pretenden volver al pasado de las ideas neoliberales, quienes vuelven a hablar de “seguridad jurídica”, “confianza de los mercados” y otros eufemismos que recuerdan lo peor de nuestra historia. Frente a estas dos opciones Camino Popular es una alternativa para cambiar, pero para cambiar para adelante .

Fuiente: Infobae

1 comentario:

Maloperobueno dijo...

Que chanta este Hagman, apoyo toda la bazofia populista de este gobierno.
En la UBA entregaron la lucha en bandeja a las gestiones.
Un sorete y oportunista

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Politica Obrera

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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