Es así. Para algunos, la discusión es pura retórica. Para ellos, que
respiran el privilegio de mirar la realidad por televisión, que anhelan
un país que proteja sus posesiones, que exigen un Estado policial y
carnívoro que extermine a los excluidos porque resultan una amenaza.
Para ellos, el giro a la derecha es materia informativa. En la comodidad
de la redacción del lujo, en el despacho con calefacción y aire
acondicionado, pueden criticar ciertas medidas por demagogas, por
oportunistas, por tratarse de un típico volantazo en las puertas de un
nuevo desafío electoral. Pero en los barrios, las consecuencias son
otras.
¿Qué significa “girar a la derecha” y enviar a 4 mil
gendarmes al conurbano para custodiar la seguridad, hasta ahora en manos
del aparato mafioso y corruptor más poderoso del país: la policía
bonaerense? ¿Por qué el primer candidato del oficialismo mira a la
tribuna y exige la baja de la edad de imputabilidad para que los menores
sean juzgados por sus delitos? ¿Qué hay detrás de la designación del ex
menemista Alejandro Granados como titular del ministerio de Seguridad;
quien en su primera presentación pública anuncia: “Tenemos que ir a los
bifes lo más rápidamente posible”? ¿Cuáles son “los bifes” para el ex
intendente de Ezeiza, famoso por haber impulsado la formación de
escuadrones de la muerte en su distrito, integrados por policías y
financiados por comerciantes deseosos de librarse de la delincuencia?
La policía en la calle. Miedo para combatir el miedo.
Esa es la respuesta política de los funcionarios de turno para acallar
las voces de indignados que pagan sus impuestos, esos que sueñan con un
país partido en dos. Pero en los barrios, en el silencio de los pobres
que no son televisados, en la derrota de un sistema que no entra en el
relato progresista de quienes hoy apuestan a los uniformes, las
consecuencias de ese giro a la derecha son concretas, no retóricas:
Kevin, un pibe 9 años, fue asesinado el 7 de septiembre durante un
tiroteo entre bandas de narcos. La balacera en el barrio Zavaleta duró
tres horas. Ni un policía asomó la nariz. Ni un gendarme. Ni un
prefecto. Había que ajustar una cuenta pendiente, cerrar un negocio,
repartir la torta. Había que establecer una “zona liberada”. Los narcos
también van “a los bifes”.
¿Alguien tiene alguna mínima duda de qué institución
maneja el negocio de la merca en este país? ¿Alguien recuerda cuándo se
intentó por última vez atacar la raíz del problema del delito; es decir,
limitando la capacidad de la policía para manejar los hilos del negocio
más rentable de la patria? ¿Por qué ni siquiera se intenta ya una purga
simbólica en la fuerza, un mínimo recambio de ocasión, aunque más no
sea un gesto para mostrarle a la tribuna que algo se hace?
No hay mayor amenaza para la seguridad y la salud de los
argentinos que la policía. No hay otro aparato más aceitado para
manejar el delito, para controlar el tráfico de personas y de
sustancias, para transar en los despachos oficiales, que el policial. Lo
saben ellos, lo sabemos nosotros. Lo saben los privilegiados que
discuten y defienden los intereses de sus patrones. Lo saben los pibes
en las barriadas, que conocen el rostro de quienes trafican con la
muerte. Lo saben los ministros de la impunidad y la demagogia, que pujan
para no perder su porción en el reparto del negocio.
También lo saben ellos, los que van “a los bifes”.
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