Aunque Macri haya decidido viajar al foro de Davos en un avión de
línea, el costo para los trabajadores del país es altísimo. Los miles de
despidos, tanto en el Estado como en las empresas privadas, la
represión a las luchas populares, la devaluación monetaria del 40% que
produjo una inmensa transferencia de riqueza a favor de la clase
capitalista, y el plan de endeudamiento que ya se ha puesto en marcha (y
que incluye el arreglo con los fondos buitre), es la carta de
presentación con la que Macri se presentará ante los CEO de las
compañías internacionales y del capital financiero internacional.
Ofensiva antiobrera
Sólo en las últimas semanas se han consumado decenas de miles de
despidos. Cálculos elementales arrojan que en el Estado la cifra ronda
los 20.000 cesanteados; en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, hay
100 despidos. El hecho tiene mucho de simbólico, ya que vale como luz
verde para que la clase capitalista se lance ella misma a despedir en
sus empresas. Es lo que están haciendo incluso los empresarios más
ligados al kirchnerismo, como el Grupo 23 de Sergio Szpolski; la
constructora de Lázaro Báez, que despidió a 1.100 trabajadores; o el
cierre de línea aérea Sol, que despidió a la totalidad de su personal.
Se trata de un proceso que ya había comenzado bajo el gobierno anterior,
como lo prueba el vaciamiento de la avícola Cresta Roja o el cierre de
Paraná Metal, que se consumaron con la total complicidad de los
funcionarios kirchneristas.
La ola de despidos en el Estado, así como la desvalorización del gasto
social producido por la devaluación, desmiente la idea del ajuste fiscal
“gradual”. En realidad, bajo ese rótulo se esconde una diferenciación
social muy marcada: mientras a la clase capitalista se le mantienen sus
subsidios -como se verifica por ejemplo con los monopolios petroleros,
que seguirán recibiendo un precio interno muy superior al internacional-
para los trabajadores la situación es muy distinta. Ya se ha difundido
que el aumento que recibirán los jubilados en marzo será del 15%, un
porcentaje que apenas cubre los aumentos de precios del último
trimestre.
La ofensiva antiobrera está basada en una política recesiva. Por
primera vez empiezan aparecer estadísticas que arrojan una retracción
económica para este año. El gobierno juega en esa dirección al imponer
tasas de interés altas, que sirven para una bicicleta financiera pero
que hunden aún más la actividad económica. Sin embargo las
contradicciones de esta política son evidentes: con una inflación del
40% o más, el gobierno enfrenta el peligro de repetir la experiencia de
Kicillof en 2014, cuando rápidamente el efecto de la devaluación se
evaporó por el crecimiento de los precios. Para que eso no ocurra deberá
asegurar que la tasa de devaluación sea mayor a la tasa de inflación, y
por sobre todo que los salarios aumenten por debajo de la devaluación,
es decir que se reduzcan en dólares.
Endeudamiento
Para sostener el esquema de subsidios a la clase capitalista el
gobierno ha decidido recurrir a un mayor endeudamiento. Se basa para eso
en el relato kirchnerista, que machacó hasta el hartazgo que la
Argentina estaba desendeudada, cuando en realidad el país alcanzó la
deuda pública más alta de su historia nacional. Sin embargo este proceso
de endeudamiento requiere alcanzar un acuerdo con los fondos buitre,
que deberá realizarse en los términos fijados por el fallo de Griesa.
Aquí también el macrismo hace suya una orientación del conjunto de la
clase capitalista. Ya en la campaña electoral Urtubey fue en nombre de
Scioli a Estados Unidos, a prometer que su gobierno buscaría un arreglo
con los buitres. El “modelo” será el usado por Kicillof para indemnizar a
Repsol: se emitirán nuevos bonos, que llevarán la deuda pública total
del país por encima de los 300.000 millones de dólares. El Congreso
seguramente dará el okey a esta entrega manifiesta al capital financiero
internacional, ya que el macrismo no sólo contará con los votos de
Massa sino también de una parte importante del FpV.
Preparar las luchas
El gobierno tiene plena conciencia de que la envergadura del ajuste
producirá una respuesta de los trabajadores. Para contrarrestarla diseña
una política represiva en regla. El encarcelamiento de Milagro Sala por
organizar un acampe en Jujuy es el punto más alto de esa política, pero
tiene otras manifestaciones. La transferencia de la Policía Federal a
la Ciudad de Buenos Aires, con su Guardia de Infantería incluida,
persigue el objetivo que Scioli manifestó en la campaña: “tolerancia
cero a los piquetes”. Del lado del FpV, Alicia Kirchner le solicitó a
Macri que le mandara la Gendarmería, para reprimir a los obreros de la
construcción despedidos por Lázaro Báez.
La burocracia sindical está completamente borrada, para dejar pasar el
ajuste contra los trabajadores. Las declaraciones de Moyano, de que
pedirá el 30% en junio para la paritaria camionera, parecen un chiste
cuando se ejecutan miles de despidos y el salario sufre la fuerte
desvalorización producida por la devaluación. La burocracia sindical no
sólo ha buscado su acuerdo con el gobierno para manejar los fondos de
las obras sociales, sino que espera que las patronales golpeen al
activismo que le disputa en las fábricas y en los cuerpos de delegados
la dirección efectiva de la clase obrera.
Es necesario un programa para enfrentar la ofensiva antiobrera: no a
los despidos, reapertura de las paritarias, indexación mensual del
salario, anulación de todas las medidas represivas dispuestas por el
gobierno. Ante la complicidad de la burocracia sindical llamamos a
realizar asambleas en los lugares de trabajo por este programa, adoptar
medidas de lucha y preparar las ocupaciones de los lugares de trabajo
que despidan. Entre los estatales está planteada una campaña por la
huelga general, mediante paros en los lugares donde hubo despidos. El
activismo, que ha ganado posiciones en el último período, debe jugar un
papel en esas luchas y no limitarse a presentarle exigencias a la
burocracia sindical.
Para eso es necesario que la izquierda y el sector más activo de los
trabajadores defiendan su propia independencia política, y no que se
coloquen como furgón de cola de un kirchnerismo en alto estado de
descomposición.
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