16 de enero de 2016
Este sábado se produjo la detención de Milagro Sala, a causa del
acampe que mantienen las organizaciones sociales que le responden en la
Plaza Belgrano desde la primera semana de gobierno radical, en reclamo
de presupuesto para la Red de cooperativas. La detención se produjo bajo
la figura de “instigación al delito y tumulto”. Esta medida configura
un ataque y un precedente contra todo tipo de manifestación pública.
La organización de Milagro Sala se ha convertido en una suerte de
gerenciadora sobre la base de un manejo discrecional de millones y
millones de pesos sin control del presupuesto del estado, lo que la
convirtió en un “estado dentro de un estado”. Nunca antes una
organización social manejó tantos recursos por parte del estado como la
Red de Milagro Sala. A través de ella el Estado Nacional tercerizó la
obra pública y otras funciones del Estado.
El gobernador Gerardo Morales ha declarado repetidas veces que no va a
permitir “intermediarios” entre la gente y los recursos del Estado. De
todas las denuncias que tiene Sala, el gobierno ha elegido detenerla por
manifestarse.
Busca, a través de un personaje controvertido y con “mala prensa”,
castigar a todos los que quieran reclamar. Es de destacar también esta
nueva muestra clara del carácter absolutamente servil de la justicia con
el poder político. Hasta diciembre, Milagro venía siendo sobreseída,
las causas quedaban prescriptas o no se avanzaba en ninguna
investigación en las más de 60 causas que tiene en contra. Un cambio de
signo de gobierno hace que la justicia busque acomodarse con el poder de
turno y actúe con celeridad en una causa que busca de fondo la
regimentación de la protesta social.
Morales y la protesta social
Desde su asunción, Gerardo Morales ha planteado que en la provincia se
acaban los cortes y las protestas “desmedidas”. Al igual que Macri, ha
planteado un protocolo de protesta donde busca judicializar y regimentar
las mismas, inclusive multando individualmente a personas que realicen
alguna medida de lucha.
En el marco del acampe, el gobierno de Morales ha anunciado la
suspensión de las personerías jurídicas y la inhabilitación de las
cuentas bancarias de las organizaciones que permanezcan en la Plaza
después del 14 de enero.
Al suspenderles la Personería Jurídica, las mismas pierden la
posibilidad de inscribirse para la construcción de viviendas y otros
tipos de contratos de obras con el Estado, además de los bolsones
alimentarios, viviendas y entrar en el programa de reempadronamiento de
capacitadores, lanzado recientemente.
Esta política produjo una división al interior de la Red, que hasta hoy
recibía sus prebendas a través de Milagro sala y que con la pérdida de
su poder, busca reacomodarse junto a los “nuevos poderosos”.
El derrotero de Milagro
El gobierno aprovechó para la detención, una seguidilla de golpes
contra la Red de Organizaciones Sociales. El 14 de enero una conferencia
con unas 15 organizaciones sociales y cooperativas que se retiraban del
acampe y se ponían a disposición del gobierno para seguir trabajando en
las cooperativas bajo las nuevas disposiciones.
Pero el golpe más fuerte lo recibió el 29 de diciembre, cuando se
retiró del acampe la ODIJ, una de las organizaciones sociales más
grandes de la Red de Milagro Sala, que cuenta con el concejal por San
Salvador, Bejarano y un diputado provincial, Cayo. La ODIJ se retiró de
la Red de Organizaciones Sociales, Bejarano se retiró del bloque
parlamentario y armará un monobloque en el Concejo, y Emilio Cayo
renunció a la ODIJ para permanecer junto a Sala.
La Tupac Amaru enfrenta fuertes cruces al interior de su movimiento
sobre cómo seguir, y fuertes presiones hacia sus dirigentes que se han
movido con criterios clientelares en favor de sus propios beneficios,
reflejo de esto fueron estas rupturas desde “arriba”, con acuerdos de
sus dirigentes con el gobierno radical.
A la defensa de las conquistas de las organizaciones sociales frente al
ajuste del gobierno, se debe plantear un balance de lo actuado por
parte de estas organizaciones cooptadas por el gobierno de turno, por su
programa y sus métodos antidemocráticos, de presiones y de abuso y
explotación de las necesidades de los trabajadores.
Es necesario volver al control de los recursos por parte de las bases
de las organizaciones, la elección y revocabilidad de delegados, volver a
las asambleas y los debates democráticos entre los trabajadores. En
definitiva volver a las tradiciones del movimiento obrero combativo.
Desde el Partido Obrero denunciamos la detención de Milagro Sala como
un intento de regimentar la protesta de todos los trabajadores
pertenezcan o no a sus organizaciones. El ajuste está en marcha y los
recursos del gobierno y también de sus opositores, como ocurre en Santa
Cruz son los mismos, golpear al pueblo y regimentarlo para evitar su
reacción.
Iñaki desde Jujuy
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