Que se abran los archivos de la “seguridad” estatal, que Bullrich y Burzaco comparezcan al Congreso
La detención de los otros dos prófugos de General Alvear, en la mañana
de este lunes, no cierra la crisis de Estado que se puso de manifiesto
desde el mismo día de las fugas. Lo que tenía que ser una primera
victoria oficial, con la captura de Martín Lanatta este sábado, se
convirtió en un completo bochorno. La falsa información sobre la
detención de los otros dos fugados no ha sido explicada por sus
responsables. Por un lado, se afirma que provino de las propias fuerzas
de “seguridad”, probablemente de la policía santafecina o de la
gendarmería. Por el otro, se atribuye a fabulaciones de miembros del
gabinete, o sea, a una manipulación informativa contra la población. En
cualquier caso, su resultado objetivo fue otorgarle a los otros
prófugos varias horas decisivas. Esta sospecha confirma lo que ha estado
presente desde el primer momento de la fuga, a saber, que no estamos
ante una pelea entre prófugos y policías, sino ante un choque entre dos
fracciones del aparato del Estado, donde el entrelazamiento con el
delito está de los dos lados del mostrador. En estos trece días de fuga,
la información periodística da cuenta de enfrentamientos armados entre
la bonaerense y la gendarmería en la zona de La Plata; de esa misma
gendarmería y la policía de Santa Fe en esta última provincia, y de todo
tipo de choques y trapisondas entre las mismas fuerzas de `seguridad`
que fueron felicitadas en la tarde de este sábado por el presidente
Macri. El gobierno asumió confirmando la estructura de mandos de todas
estas fuerzas –ni qué decir de los “socialistas” de Santa Fe, que
conviven con su sospechada policía provincial desde hace una década.
Pero el principal aporte de este escándalo no es el carácter de los
aparatos de represión existentes en la Argentina, algo que ya ha sido
confirmado por los centenares de casos anuales de gatillo fácil, zonas
liberadas o redes de trata. No: el blooper del sábado pone de manifiesto
la completa incapacidad de los nuevos “republicanos” para salir de este
pantano, que es mucho más profundo que el de los pajonales de Santa Fe.
La razón de fondo es que el macrismo y “Cambiemos” forman parte de ese
Estado y ese régimen social en descomposición, donde el entrelazamiento
entre el crimen organizado y las `altas`finanzas tiene alcance
internacional, y enfrenta, al igual que en Argentina, a diferentes
camarillas del aparato estatal. Macri sospecha ahora del flamante jefe
de la Bonarense, el cual, según “Clarín”, habría sido recomendado ¡por
la DEA!. Es la misma “palanca” que tuvo Fino Palacios, el inspirador de
la policía Metropolitana de las escuchas telefónicas, la represión al
Borda y al Indoamericano. Si de vínculos con barras y clubes de fútbol
se trata, hay que tomar nota que Macri nombró al frente de la ex SIDE a
un representante de jugadores, cuyas transferencias internacionales
constituyen uno de los principales canales para el lavado de dinero.
Otra estrella de la nueva “seguridad” oficial, Cristian Ritondo, manejó
las barrabravas de Nueva Chicago. Si Macri quisiera avanzar en una
“nueva depuración” de la seguridad estatal, debería desatar una primera
crisis de gabinete.
¿Será? En medio del bochorno de las informaciones falsas, a Macri se le
escapó el reproche a un “sistema podrido”, en referencia a los aparatos
de `seguridad`. Pero podemos anticipar que Macri, por el contrario,
renovará los pactos con esos aparatos. Por lo pronto, se apresta a
transferirle a la Ciudad una policía Federal tan o más sospechada que
las otras fuerzas, y con sus mandos y estructuras intactas.
En los mismos días en que los prófugos transitaban por media Argentina,
las fuerzas represivas mostraban una celeridad inusitada para castigar
con palos y gases a trabajadores despedidos en La Plata. Es una parte de
las decenas de miles de precarizados que han sido cesanteados,
inaugurando el “ajuste” oficial. Macri necesita del “sistema podrido”
para encaminar ese ajuste, el primer trofeo que quiere llevarle a los
usureros internacionales.
En otro plano, el cerco procesal a Aníbal Fernández y la camarilla k
podría reforzarse con las declaraciones judiciales de los tres
condenados. Pero ese cerco, como ya viene ocurriendo, es parte de las
extorsiones que apuntan a un pacto político y parlamentario con el FPV.
Es lo que ya se está pergueñando en la legislatura bonaerense: en la
votación del presupuesto de ajuste de Vidal, la Cámpora miraría para
otro lado, en una abstención pactada con los intendentes. Más lejos de
allí, Alicia Kirchner espera el pulmotor del Tesoro macrista, mientras
pone en marcha su propio plan de ajuste. Para los “republicanos”, los
carpetazos contra la camarilla K y la burocracia sindical son sólo un
arma de extorsión en aras del ajuste. Del otro lado, los “nacionales y
populares” –al igual que los Caló o Moyano- muestran su disposición a
pactar.
Una vez más, el episodio de la triple fuga muestra hasta qué punto los
aparatos de represión y los partidos de Estado, comprometidos en
trasladarle a los trabajadores la factura de la crisis, son parte de un
orden conspirativo y corrupto. Reclamamos la apertura de todos los
archivos de la ex SIDE y de las fuerzas de `seguridad`, la interpelación
a Bullrich y Burzaco en el Congreso Nacional, y de Vidal y Ritondo en
la Legislatura, para que den cuentas de las falsas informaciones a la
población; redoblemos la movilización contra la represión y la
criminalización de la protesta social, y por el desmantelamiento de los
aparatos comprometidos con el delito organizado y la represión a los
trabajadores.
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