El “plan de labor parlamentaria” del Congreso fue redactado en Nueva
York, en las oficinas del juez Griesa. Hace dos semanas atrás, el juez
había permitido que Argentina volviera a cumplir con sus pagos de deuda
con quienes se acogieron a los canjes anteriores si el Congreso derogaba
las llamadas “leyes cerrojo”.
Para ser más claro, Griesa fijó como
cierre de negociaciones al 29 de febrero -o sea, un día antes de la
inauguración del año legislativo. Ahora, alcanzado el acuerdo con el
fondo de Paul Singer, se ha fijado la fecha límite del 14 de abril para
su pago -o sea, el plazo necesario para que Diputados y Senadores pongan
el gancho. Un comentarista político destacó que, para convencer a
Griesa a que destrabe el litigio, el negociador del macrismo le explicó
“la renta extraordinaria que obtendrían los holdouts”, o sea, que tuvo
el ‘mérito’ de detallarle la magnitud de la entrega nacional. En el
acuerdo cerrado el lunes 29, el Fondo de Paul Singer recibirá el
100% del capital de bonos defolteados que fueron comprados a una cifra
entre cinco y diez veces inferior a su valor de emisión. Por una deuda
de 5.900 millones a los buitres más duros, el gobierno le reconocerá
4.800 millones, o sea, casi el 80% de lo demandado.
Los litigantes
obtendrán en promedio quince veces más de lo que “invirtieron” por estos
bonos. En su conjunto, la cancelación de toda la deuda con los buitres
-incluyendo a acreedores italianos y otros bonos emitidos en euros-
demandará unos 8.000 millones de dólares. Pero para cancelar al contado
la hipoteca, Argentina emitirá bonos de deuda a una tasa estimada en el
7% anual. Teniendo en cuenta los intereses a pagar, y la necesidad de
emitir un valor nominal de títulos superior a la deuda a cancelar,
aquella factura podría elevarse a más del doble. El Congreso se apresta a
refrendar el acuerdo más leonino en la larga historia de la deuda
usuraria.
Primero, el ajuste
Alfonso Prat Gay, el ex empleado del banco que financiará esta
operación leonina, justificó el acuerdo sosteniendo que los préstamos
que aparecerían después de cerrar con los buitres evitarían un “ajuste
brutal”. Con ello, ha pretendido asociar el reendeudamiento a un
pretendido ‘gradualismo’. Sin embargo, los voceros financieros ya han
advertido que la nueva deuda está atada a la “cuestión fiscal”, o sea
que el ajuste debe preceder a los nuevos préstamos. Los ´gradualistas´
deberán exhibir, con miles de despidos y nuevos tarifazos, las garantías
que ofrece Argentina para volver a endeudarse.
En los mismos días en que se avanzaba con el pacto buitre, el FMI
volvió a incluir en sus informes los reportes sobre la economía
argentina. El paso siguiente será la adhesión del país al régimen de
“intercambio informativo” (artículo IV). Es el puntapié inicial para un
monitoreo del ajuste por parte del capital financiero. Al interior de
Argentina, el gobierno replicará esta vigilancia contra las provincias,
como condición para habilitar a su propio reendeudamiento. El futuro
régimen de coparticipación, por lo tanto, será otra criatura del acuerdo
con Griesa y el capital financiero. (El tema es que los K nunca se fueron del FMI y si sos miembro estas obligado a eso o sea el problema es pertencer lo de los K era una impostira al pedo mientras decian que habia que modificar el estatuto para hacer lo mismo )
El gobierno se lanza con desesperación a este acuerdo leonino -y al
socorro financiero que espera alcanzar con él- cuando la pretensión de
una salida ordenada o gradual del régimen económico anterior hace agua.
El dólar supera los dieciséis pesos y el gobierno acentúa la suba de
intereses -y la recesión- para contener la sangría de divisas. Pero la
tabla de salvación del capital financiero será todavía más pesada, y
acarreará mayores
desequilibrios económicos y crisis políticas.
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