Por medio de
una intensa agitación política y de un trabajo metódico de organización
de los activistas, es necesario hacer emerger la verdadera “grieta
nacional” -entre los partidos capitalistas y su Estado, de un lado, y la
izquierda y la clase obrera, del otro. El Congreso del Partido Obrero
debatirá los planteamientos, las consignas y los métodos de organización
para esa gran tarea
El XXIII Congreso del Partido Obrero, que tendrá lugar entre el 24 y 27
de marzo próximos, sesionará en medio de una transición política
apasionante. La votación del acuerdo con los fondos buitre en el
Congreso ha concentrado todas las cuestiones fundamentales de la etapa
que se viene. Por un lado, el voto favorable de los partidos del régimen
a la “ley Griesa” traduce el mandato de la burguesía al gobierno
Cambiemos: tramitar un rescate financiero a manos del capital
internacional, de cara a la bancarrota que deja el régimen anterior.
Dentro de este objetivo general, hay que precisar que el arreglo con
los buitres debió precipitarse, sin asegurar siquiera el fin de futuros
litigios en tribunales extranjeros. La razón de este apresuramiento es
la temprana crisis económica del gobierno macrista. La ilusión de que el
levantamiento del cepo y la devaluación posterior configuraran una
transición ordenada se derrumbó rápidamente. El tarifazo, que subió los
costos industriales, reforzó los reclamos capitalistas a favor de una
devaluación mayor. Mientras tanto, el capital sojero prolongaba la
retención de la cosecha, en el marco de una caída sostenida de los
precios internacionales. De ese modo, el gobierno evitó una nueva
corrida cambiaria a costa de elevar la tasa de interés a niveles
astronómicos, ahondando la recesión industrial y comercial.
Este cuadro general no sólo explica la desesperación con la cual el
gobierno salió a buscar el socorro del capital financiero. También
anticipa el impasse económico al que conducirá la tentativa de
reendeudamiento oficial. Por un lado, las nuevas operaciones de deuda
deberán reciclar las hipotecas anteriores, como ocurre con las deudas
del Tesoro con el Banco Central, las de las provincias y las del propio
Estado nacional, que saldrán a buscar deuda para financiar sus déficits
corrientes. Sólo para levantar estos muertos, la deuda pública argentina
trepará por encima de los 300.000 millones de dólares. El mito del
desendeudamiento -invocado por igual por oficialistas y opositores- ya
no puede sostenerse seriamente.
La otra contradicción del plan oficial es que convoca al capital
financiero internacional cuando éste refluye de los mercados
“emergentes”. Las garantías que estos ofrecían al endeudamiento -los
precios de sus materias primas agrícolas, mineras o petroleras- se han
derrumbado. Esto vale también para Argentina, y no sólo por la soja. La
meca de Vaca Muerta y el gas no convencional, que pivoteó la tentativa
kirchnerista de viraje a los “mercados”, ha quedado por ahora en las
carpetas. Lo mismo ocurre con los proyectos mineros. En estas
condiciones, Argentina sigue el derrotero brasileño: la devaluación no
ha frenado la sangría de divisas, y las nuevas emisiones de deuda
financian la fuga de capitales. Los economistas que presentan a la
situación argentina como una crisis de financiamiento del Estado omiten
que ésta es sólo la manifestación de una crisis de las relaciones
sociales capitalistas, en un plano mundial y continental. Como en otros
países, el Estado argentino ha quebrado para rescatar al capital, en
primer lugar, a los acreedores de la deuda “reestructurada”.
En esas condiciones, el reendeudamiento que planea el gobierno Macri
sólo podría tener lugar ofreciendo la garantía de inmensas
confiscaciones sociales y remates del patrimonio nacional. Hemos
señalado que buena parte de éstos ya han sido rematados bajo el
menemato, pero deben tomarse en cuenta las reestatizaciones transitorias
que rescataron a sus anteriores vaciadores privados, como Aerolíneas
(Marsans) o el 51% de YPF. En cualquier caso, la principal garantía del
reendeudamiento es el ajuste de los gastos sociales del Estado. El
acuerdo con las provincias, que ha servido de contrapartida o excusa
para el voto de los diputados del PJ a favor de la ley Griesa,
condiciona el futuro financiamiento de los distritos al “monitoreo” de
los ajustes. Es la réplica interior del otro monitoreo, el que vendrá de
la mano del FMI. Los rescatistas, por otra parte, van por una
recolonización económica de mayor alcance. La cancillería de Cambiemos
reanudó las tratativas por acuerdos de libre comercio con la Unión
Europea y Estados Unidos, todo lo cual deberá procesarse en medio de
choques agudos al interior de los propios explotadores.
Un régimen a la carta del capital financiero
La votación favorable en la Cámara de Diputados y la que se espera que
ocurra en la de Senadores, sirven como piedra basal para la
configuración del régimen político que le sigue al derrumbe del
kirchnerismo. El FpV se ha partido en la primera votación del año,
aunque todas las partes intentan disimular la crisis armando una lista
única en la interna del Partido Justicialista. El kirchnerismo ‘gurca’
duda en sacar los pies del plato, porque una ruptura lo dejaría reducido
a la mínima expresión. ( no creo que duden porque son el PJ y porque Nestor K o Cristina K jamas dejaron el menemismo y luego pactaron con Duhalde o sea considerar que los K son otra cosa es un poco iluso ) El objetivo de los gobernadores de aprovechar el
pacto con los buitres para endeudar a los estados provinciales alcanza
al gobierno de Santa Cruz, dirigido directamente por la camarilla K.
Pero incluso una competencia interna en el PJ no sería otra cosa que el
recurso último y de crisis para mantener la unidad del aparato
justicialista.
La carencia de mayoría parlamentaria por parte de Cambiemos ha dado
lugar a un régimen político inestable, en el cual cada pacto político
requiere un acuerdo específico. No sólo Massa se candidatea para votar
con el macrismo en el Congreso; lo mismo hace Stolbizer y el llamado
bloque Progresista, que acaba de votar favorablemente el pacto con los
buitres. Un régimen de acuerdos a la carta no es el apropiado para
enfrentar una bancarrota económica de dimensiones. Alcanzarán las
primeras crisis para que los aliados se transformen en opositores, aún
más cuando se acerquen las elecciones del 2017. Lejos de una perspectiva
de estabilidad económica y política, el Partido Obrero traza su plan de
acción sobre un pronóstico que tiene en cuenta la bancarrota económica y
la creciente desintegración de los partidos políticos patronales.
Los trabajadores
Las convulsiones que plantea esta transición política para los
trabajadores han tenido en estos meses algunos anticipos. Las luchas de
Cresta Roja y del Grupo 23 mostraron las enormes reservas de lucha de la
clase obrera. La burocracia sindical, en sus diferentes vertientes,
actúa a cuenta de la gran patronal y del relato oficial: pasar el mal
trago de un cuatrimestre “difícil”, a la espera de una reactivación
posterior. Con esa expectativa, han entregado a los precarizados o
contratados, o resignaron aumentos salariales y conquistas laborales a
cambio de promesas difusas de preservación de los puestos de trabajo.
Así ha ocurrido con los petroleros y el Smata, o entre las burocracias
kirchneristas de la docencia o el neumático. La prometida reducción del
impuesto al salario ha terminado en un fraude, bajo las exigencias del
arreglo colonial que votaron los mismos diputados de la burocracia.
Los despidos de los últimos meses, que rondan los 100.000, están lejos
de sentenciar el resultado de las luchas que se vendrán. Por debajo de
estos arreglos, han emergido enormes intervenciones obreras. Santiago
del Estero, Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego han sido el escenario de
movilizaciones multitudinarias de docentes y estatales. Pero la marcha
de la crisis y el ajuste oficial son incompatibles con la “paz” precaria
de la burocracia El colapso de Brasil ha agravado la competencia entre
los pulpos automotrices del Mercosur, y la industria de aquel país
reclama el fin del comercio “administrado”, o sea, del paraguas
protector sobre las terminales argentinas. Mientras tanto, los nuevos
administradores de YPF anticipan la intención de enjugar su crisis con
despidos masivos. En suma, las grandes organizaciones obreras van a ser
profundamente conmovidas. Vamos a un período intenso de luchas y
movilizaciones, El Congreso del PO debatirá una política para dirigirnos
a ellas, reforzando la agitación y el reagrupamiento por paritarias sin
techo, por un salario mínimo igual a la canasta familiar, la indexación
mensual del salario, la prohibición de despidos y la preparación de la
huelga general y la ocupación en cada fábrica o establecimiento que
despida. La función del activismo combativo y de la izquierda es
intervenir en este proceso de luchas que tendrá su centro en los
sindicatos, alejándose de las acciones de capilla, que inevitablemente
conducen al faccionalismo. En ese sentido deben plantearse la campaña
por congresos obreros, que en algunas provincias, dado el cuadro de
agitación creado por el ajuste, pueden tener una realización efectiva y
servir como experiencia piloto para el conjunto de la clase obrera.
El mismo cuadro de luchas y deliberación política tendrá que abrazar al
movimiento estudiantil, al de los desocupados, a la lucha de la mujer.
Estrategia política
La votación del pacto buitre ha dejado al descubierto la miseria
política del kirchnerismo, el cual, sin embargo, se autopostula para
liderar la oposición popular al gobierno. La intervención de Máximo
Kirchner en el Congreso, señalando que “no deben ponerse piedras en el
camino” de los ajustadores macristas, delata el carácter impostor de su
voto contra el pacto buitre. Sólo buscaron disimular el apoyo compacto
que, en pocos días, brindarán los senadores K en favor del acuerdo. La
Cámpora se ha subordinado a la normalización del Pejota, que tendrá como
eje a “Barrick” Gioja. El kirchnerismo es un partido del ajuste, como
lo demuestran los recortes brutales de Alicia Kirchner en Santa Cruz y
de Bertone en Tierra del Fuego. Todo lo anterior demuestra la enorme
ficción política de presentar a los choques sociales en curso como un
enfrentamiento entre macrismo y kirchnerismo. De este modo, asocian al
derrumbe del nacionalismo capitalista con el de las perspectivas
reivindicativas y políticas de los propios trabajadores. La izquierda
que se asocia a este fraude político no sólo está hipotecando la lucha
contra el macrismo, sino también las conquistas que en términos de
independencia política se jalonaron al cabo de una década de lucha
contra los “nacionales” de Chevron.
La estrategia que guía la acción del Partido Obrero es transformar a la
clase obrera y a la izquierda en la oposición política al macrismo.
Esto significa explotar las tendencias que anidan en las masas a la
lucha contra el ajuste, sobre la base de una política independiente. La
delimitación con el kirchnerismo como así también con el
centroizquierdismo debe hacerse sobre la base de una iniciativa política
creciente. El terreno conquistado por el Frente de Izquierda debe ser
desarrollado sistemáticamente por medio de la agitación, la propaganda y
la organización.
Por medio de una intensa agitación política y de un trabajo metódico de
organización de los activistas, es necesario hacer emerger la verdadera
“grieta nacional” -entre los partidos capitalistas y su Estado, de un
lado, y la izquierda y la clase obrera, del otro. El Congreso del
Partido Obrero debatirá los planteamientos, las consignas y los métodos
de organización para esa gran tarea.
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